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Por Salvador López Santiago

@sls1103

Para hablar sobre retos de la democracia en México es importante dejar claro que la construcción democrática de nuestro país es producto de un proceso gradual, complejo y todavía inacabado que ha caminado gracias al esfuerzo de diferentes actores. Sería mezquino y falso decir que es obra de un sólo partido, de una sola fuerza política o de una sola persona.

Aunque la construcción democrática en México emana de la lucha de generaciones, de las aportaciones de líderes políticos, sociales y académicos, que en distintos momentos han sido los protagonistas y constructores de esta historia, existe amplio consenso de que movilizaciones sociales surgidas en la década de los sesenta y los setenta, abrieron paso a un proceso reformador que paulatinamente ha permitido que en México la celebración periódica de elecciones libres, las transiciones y contar con autoridades electorales autónomas sean una realidad.

Ese proceso de liberalización ha dado resultados que no podemos desdeñar. Pero tampoco podemos negar que temas como el fortalecimiento de las autoridades electorales, el financiamiento de los partidos, la paridad, la propaganda electoral y otros planteados en las distintas reformas en la materia, cuya discusión se tiene prevista para el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, son perfectibles, después de todo ¿qué proceso humano no es susceptible de mejorar?

Además de ello, en mi opinión hay dos grandes retos que enfrenta la democracia en México que consciente o inconscientemente, no son abordados con la misma energía e insistencia que los antes mencionados: la desconfianza que existe hacia la política y los políticos; y el cambio de paradigma que impone la explosión del internet y las redes sociales.

Hay que decirlo con todas sus letras, a pesar de haber sido un factor determinante para el triunfo histórico del 1º de julio de 2018, la desconfianza hacia los partidos políticos sigue siendo una realidad. Así como pasaba con los gobiernos del pasado, en la actual administración hay una crisis en la democracia representativa. El peligro que enfrentamos ante ello es que el desprestigio de los partidos políticos y sus actores generan desconfianza a la ciudadanía que tiene expectativas y necesidades de ser representadas en los congresos y en los gobiernos de los tres niveles.

Según el último Ranking Confianza en Instituciones de México, realizado por Consulta MITOFSKY, de 19 dependencias evaluadas, en una escala de 0 a 10, los partidos políticos ocupan el último lugar con una calificación de 5.3; la Cámara de Diputados el penúltimo lugar con una calificación de 5.7 y la Cámara de Senadores está ubicada en el lugar 16 con 5.9.

Evidentemente, la ciudadanía tiene una confianza baja hacia los tres y ese rechazo no es casualidad, sino que más bien emana de una opinión negativa que impera respecto a los representantes populares, sobre la política y sobre la democracia, al ser asociados con fenómenos como la corrupción, la impunidad y la opacidad.

En esta tesitura, la democracia debe ser mucho más profunda, con la participación de la ciudadanía y con diversos compromisos en distintas áreas. Debe entenderse como un proceso permanente y dinámico que esté en armonía con la coyuntura social para dar respuesta a lo que plantea la población, pero sin caer en la falsa narrativa de que la democracia resolverá por sí misma las problemáticas sociales, en todo caso, es el vehículo legítimo y legitimado por el que se impulsan agendas que integran las aspiraciones y exigencias del pueblo.

La palabra clave es confianza y para tener confianza, es crucial que la participación ciudadana vaya más allá del momento en el que votamos y por eso es urgente robustecer los mecanismos de rendición de cuentas para que dejen de ser una aspiración y se conviertan en una práctica cotidiana, necesaria y fundamental a través de la cual los representantes populares provean información de calidad que le permita a la población conocer su desempeño en sus cargos. Lo anterior, requiere de un debate democrático, cuya esencia es la responsabilidad de lo que se dice y la inclusión para participar en la discusión de lo público.

Aquí entra otro reto, porque la explosión del internet y las redes sociales ha producido la falsa ilusión de que cada quién, desde su teléfono inteligente, en la comodidad de su casa, permanentemente participa en la toma de las decisiones colectivas, nada más impreciso y alejado de la realidad. Si tenemos en cuenta que 78.3 por ciento de la población nacional accede a las redes sociales, sería fantástico que el uso de estas plataformas cumpliera el objetivo de involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos, pero eso no es así.

La explosión de las redes digitales ha hecho creer a algunas personas que interactuar en Facebook, Instagram o Twitter equivale a involucrarse en los asuntos de interés público, lo cierto es que se trata de una percepción artificial porque no se habla a todo el mundo, ni siquiera a todas las personas de nuestra entidad, municipio, alcandía, colonia o distrito electoral, sino que únicamente nos dirigimos a una comunidad construida por voluntad propia o por algoritmos.

No digo que las redes sociales sean malas, al contrario, cuando son utilizadas con responsabilidad, considero que son extraordinarias herramientas para mantenerse informado. Sin embargo, es equivocado pretender que se conviertan en la arena del debate democrático, en especial cuando llegan a ser utilizadas perversamente para calumniar, injuriar y descalificar desde el anonimato.

Sus beneficios o consecuencias negativas están en función de cómo las ocupamos y para qué las ocupamos. Lo que sí pueden y deben hacer en favor de la democracia es constituirse en instrumentos para enfrentar la desinformación y las noticias falsas, toda vez que contar con un piso mínimo de información, comprensión y compromiso es crucial en la construcción de una ciudadanía empoderada que ponga en su justa dimensión al debate democrático al momento de elegir entre una alternativa política u otra.

Las redes sociales ya cumplen con uno de los elementos esenciales del debate democrático como es la inclusión, porque en efecto, desde cualquier parte podemos interactuar, lo que sigue es conducirnos con responsabilidad, no replicar por replicar la información; verificar la veracidad; y siempre, ser objetivos, aunque sea hacia nuestro interior.

Hay que precisarlo, las redes sociales nunca van a sustituir al territorio y en todo caso, son complementarias para poder comunicar lo que se hace en las calles, en la realidad tangible. Así lo debemos entender los ciudadanos y con mayor razón, los políticos, quienes se deben mantener cercanos a la población en todo momento y no sólo cuando salen a las calles a pedir el voto.

Superar estos dos retos debe tener como meta que el ciudadano realmente se sienta representado y ese reto no es nada sencillo, cuando ni siquiera confía en los políticos o peor, muchas veces ni siquiera sabe quiénes son sus representantes.

Salvador López Santiago

Es Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Ciencia Política por la UPAEP, Maestro en Derecho Electoral por la EJE del TEPJF y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Parlamentario en la UAEMéx. Fue Consejero Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral (IFE) y en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015, respectivamente. Asimismo, se ha desempeñado como asesor legislativo en el Senado de la República en la LXII, LXIII, la LXIV y la LXV Legislatura. Desde enero de 2020 es director editorial en Tempo, Política Constante.