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Por Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

El 21 de febrero de 2020, un mes antes de que la OMS declarara la pandemia del Covid-19, estalló la Huelga en Notimex (Agencia de Noticias del Estado Mexicano) por revisión salarial y del contrato colectivo de trabajo y violaciones al mismo. A Los trabajadores no les quedó otra salida, ante la cerrazón y ausencia de diálogo por parte de Sanjuana Martínez directora de la empresa,

El 80% de las personas en huelga son mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. La mayoría de las y los trabajadores son periodistas o profesionales de la comunicación, que están en huelga junto a los trabajadores administrativos.

A partir del estallamiento de la huelga la directora, en lugar de buscar establecer el diálogo con la dirigencia sindical inició una serie de acciones que recuerdan los tiempos más oscuros del régimen autoritario: ha insistido en que la huelga es ilegal, a pesar que la autoridad laboral la declaró legalmente existente; desconoció a la representación sindical, a pesar de que fue validada ante las autoridades; ha desacatado las resoluciones en materia laboral.

Aunado a lo anterior Notimex ha seguido operando de forma alterna, sin respetar la huelga ni los ordenamientos de las autoridades o del propio órgano superior de dirección de la empresa, que le mandató parar. El colmo ha sido la campaña de difamación, pero más grave la criminalización hacia las y los trabajadores en Huelga, acusándolos de secuestro, robo y corrupción.

Interpuso denuncias administrativas y penales contra la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea, por desvío de recursos, por uso ilegal del servicio público, para llevarla a la cárcel y detener el movimiento.

Por otra parte, ha hecho uso indebido de funciones y tráfico de influencias, porque pidió la intervención de diferentes instituciones para afectar la huelga y/o amedrentar a los huelguistas. Los oficios que demuestran esto fueron exhibido en medios de comunicación; entre ellos, los de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

En el extremo de la ilegalidad Notimex solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en diciembre de 2021, le recomendara a la autoridad laboral desconocer el proceso de elección sindical del SutNotimex (Sindicato Único de Trabajadores de Notimex) de octubre de 2019, para así, desechar la Huelga. En el colmo de la complicidad la CNDH atendió la solicitud de Notimex he hizo la recomendación (142/2021).

La respuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue contundente, porque la recomendación era “inatendible”, pues “…la CNDH carece de facultades para revocar la elección producto de la voluntad de los miembros que conforman un sindicato, y tampoco tiene facultades para modificar el estado de huelga…”

En julio de 2021, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, planteó lo siguiente: La Huelga se resuelve de forma inmediata y con todos los derechos de las y los trabajadores, a cambio de que la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea, sea liquidada y no continúe con su representación. Los huelguistas no aceptaron la propuesta de solución, pidieron respeto a su libertad sindical y de asociación, pues sólo a ellos le competía elegir a sus dirigentes sindicales.

Tras la respuesta, se cerró el diálogo y avanzó la persecución judicial contra la dirigente sindical. Hasta ahora de 3 procesos abiertos, se lograron desechar dos a favor de la dirigente sindical.

Hasta ahora, las y los trabajadores lograron detener y soportar todos los ataques e intentos de rompimiento del movimiento, así como de eliminar al sindicato titular. Hasta ahora, llevan más de 20 sentencias u ordenamientos de autoridades contra los dichos y acusaciones de la directora de Notimex, que dan la razón a los huelguistas.

Entre ellos destacan: se ganaron 42 demandas de despido injustificado, que forman parte de las demandas de la Huelga; la resolución de legalidad de la huelga, tras un recuento solicitado por Notimex; la FGR negó un secuestro de directivos como lo señaló la dirección; la Guardia Nacional corroboró que los huelguistas no cometieron delitos, sino que se trataba de un tema laboral; la Policía Cibernética negó que huelguistas hubieran hackeado la página de la Agencia; la JFCA (Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) determina la operación ilegal de Notimex en sede alterna y se cae la acusación de allanamiento de inmueble contra huelguistas; La JFCA apercibe a Notimex para que suspenda operaciones y pide la intervención de la Junta de Gobierno, órgano supremo de la Agencia; la Secretaría de la Función Pública rechaza una de dos acusaciones contra la dirigente del SutNotimex; la FGR desecha acusaciones penales contra la dirigente del SutNotimex.

La última gestión se realizó ante la Secretaría de Gobernación, el martes 21 de junio, ante “…los titulares de las Unidades de Gobierno y de Normatividad y Medios, William Castillo y Manuel Marroquín Pineda, respectivamente, quienes admitieron que el conflicto está empantanado por la negativa de la dirección.”

“Asimismo, reconocieron que los funcionarios de Notimex tampoco responden al llamado de la Secretaría de Gobernación para dar atención a la huelga, por lo que propusieron a las y los trabajadores que asuman el costo y presenten una propuesta de liquidación (que se presentaría al secretario de Gobernación, para su consideración), o de lo contrario, la huelga se extendería todo el sexenio.” La asamblea de los trabajadores rechazó unánimemente el planteamiento de Gobernación.

Dicho planteamiento va en sentido contrario al compromiso del gobierno federal de respetar los derechos laborales y de huelga, así como la libertad sindical y de asociación, y refleja un encubrimiento a las actuaciones ilegales que la Dirección de Notimex ha realizado en dos años y cuatro meses de huelga.

Además, en este conflicto no sólo se han violado las leyes mexicanas sino acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), así como acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en su capítulo laboral.

Después de esta narración de hechos es evidente la incapacidad de la directora de Notimex de negociar con la representación sindical, en cambio ha persistido las acciones para aplastar la huelga pasando sobre los derechos de los trabajadores, además al viejo estilo pretendiendo encarcelar a la secretaria general del Sindicato.

Lo sorprendente es que permanezca en el cargo, porque su conducta contradice la legalidad, pero lo más asombroso son los ofrecimientos gubernamentales que son planteamientos para doblegar a los trabajadores. Primero les proponen solucionar el conflicto si la secretaria general renuncia y el último que definan su liquidación laboral o la huelga durará todo el sexenio.

Notimex es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado. La directora de Notimex, Sanjuana Martínez, quien fue designada al cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dicho nombramiento no fue objetado por el Senado de la República.

Es evidente la violación de los derechos de los trabajadores y la incapacidad administrativa de la directora, ante esto la pregunta es ¿Acaso el presidente es cómplice de esas acciones arbitrarias contra los trabajadores?, resultaría paradójico, pues el propio López Obrador ha instruido en diferentes momentos que se resuelva el conflicto de forma inmediata. Entonces ¿Quién tiende un manto protector a la directora de Notimex?

De no solucionarse este conflicto laboral atendiendo a la legalidad y el respeto de los derechos de los trabajadores, corre el riesgo de convertirse en un problema político, la deslegitimación no caerá sobre la Directora General, sino sobre la presidencia de la República.

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.