Por Santiago López Acosta
@LpezSantiago
El pueblo chileno nos ha dado varias muestras ejemplares en la historia reciente de ese país, como la de haber votado el primer gobierno de izquierda en Latinoamérica en 1970 en la persona de Salvador Allende, pero sin mayoría en el Congreso y fuerte oposición, desafortunadamente fue derrocado por un golpe militar en 1973; resistió durante 15 años la férrea dictadura de Augusto Pinochet, con una Constitución vigente hasta ahora, emitida durante ese régimen en 1980; tuvo la capacidad de organizarse y decir no a la continuación de la dictadura en 1988 y restaurar la democracia, que con gobiernos de izquierda, derecha y centro se mantiene vigorosa, eligiendo recientemente al presidente más joven de su historia, Gabriel Boric, otrora dirigente estudiantil, el cual representa una izquierda moderna y democrática, que ha cuestionado regímenes populistas del continente, que han devenido en dictaduras, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, supuestamente también de izquierda.
Las movilizaciones y revueltas iniciadas el 18 de octubre de 2019 contra el alza de la tarifa del Metro de Santiago, la capital chilena, puede culminar en las próximas semanas, por increíble que parezca, en la aprobación de una nueva Constitución.
A la par de las manifestaciones se fueron incrementando las demandas de carácter social, económico y político, que fueron configurando la idea de una nueva Constitución. El plebiscito del 25 de octubre de 2020, con el apoyo del 78%, determino que se requiere una nueva Constitución, y que fuera a través de una Convención Constitucional electa exprofeso para su redacción, también con un apoyo similar.
La Convención Constitucional fue electa en mayo de 2021, integrada mayoritariamente por fuerzas de izquierda, pues la derecha solo obtuvo 37 escaños de un total de 155, circunstancia que ahora representa un problema, que comentaremos más adelante.
El lunes pasado, la Convención Constitucional entrego la propuesta de nueva Constitución al presidente Boric, la cual contiene una serie de cambios sustanciales al texto vigente, como las siguientes:
Se destaca el paso de una república democrática a una inclusiva y paritaria, donde las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y propone tomar medidas para alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad.
Define a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, lo que implica el reconocimiento de 11 pueblos y naciones, constituyendo Autonomías Regionales Indígenas con sus propios sistemas jurídicos.
Estatuye que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando diversos derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones, estableciendo que es un deber del Estado procurar soluciones a estas demandas.
Se propone la eliminación del Senado, que será reemplazado por una Cámara de las Regiones, cuyo poder estará acotado a formar leyes de acuerdos regionales, y otorga más poder al Congreso de Diputados y Diputadas, estableciendo un legislativo con poder asimétrico.
Se disminuye la edad para ser presidente, de 35 a 30 años, y la posibilidad de la reelección consecutiva por una vez, por 4 años, pero no aplicable a Boric, sino para el siguiente presidente.
La propuesta incluye un cambio importante respecto al aborto, donde el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo. Propuesta criticada por los sectores más conservadores, señalando que la interrupción podría ser en cualquier momento, pero se precisó que será reglamentado por el Poder Legislativo, el cual dirá cuáles serán los plazos y la forma de hacerlo.
Para combatir la crisis hídrica del país incluye que el agua quedará establecida como bien “inapropiable”, así como un derecho humano, priorizando su uso y creando una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible, adelantándose a lo que muy probablemente vendrá: la guerra por el agua.
Son las principales propuestas, algunas de avanzada y otras polémicas y controvertidas que generaran divisiones, de un amplio documento de 388 artículos. La nueva Constitución ya ha sido incluida en el Decreto firmado por el presidente Boric y sus ministros, para el plebiscito obligatorio del próximo 4 de septiembre.
El plebiscito tendrá solo las opciones, de aprobar o rechazar, y en los primeros sondeos que se han difundido, la segunda alternativa tiene amplia ventaja, como los realizadas por el Centro de Estudios Públicos y Pulso Ciudadano, donde el rechazo tiene un 44,4%, y a favor el 25%. La principal razón para el rechazo es “las características de los convencionistas y su trabajo”, pero no las propuestas sustantivas y de contenido que se están incluyendo en el nuevo texto constitucional.
Si esto es así, fallas en la elección y representatividad de la Convención Constitucional que se encargó de redactarla, puede ser el principal inconveniente para su eventual aprobación, y no sus contenidos medulares y lo que implica una nueva Constitución.
Durante las próximas semanas se dará la difusión masiva, mayores análisis, discusiones y debates sobre la propuesta de nueva Constitución y las predisposiciones iniciales pueden cambiar.
De las protestas contra el alza de la tarifa de un servicio público, en apenas 3 años los chilenos están en la disyuntiva de aprobar o no una nueva Constitución, nos muestra la capacidad que puede tener una sociedad organizada, decidida y fuerte para realizar y forzar cambios trascendentales, y los gobiernos y órganos representativos deben tener la actitud, la visión y habilidad para saberlos canalizar adecuadamente. Esperamos y deseamos que los chilenos culminen exitosamente este periplo fundamental.
