Por Santiago López Acosta
@LpezSantiago
Dentro de la ola de violencia que se ha recrudecido los últimos años en la mayor parte del territorio nacional que afecta a toda la población, se sigue manteniendo y hasta incrementando la violencia contra las mujeres. El aumento de los feminicidios se hace patente todos los días y se hace más visible cuando ocurren hechos difundidos mediáticamente, como el de una mujer quemada viva en Zapopan, Jalisco, aparentemente por su expareja. El caso es más patético cuando era la única persona que cuidaba a su hijo autista. Solo por mencionar uno de los últimos.
La violencia política en razón de género, a pesar de haber sido legislada desde hace ya varios años, no ha sido obstáculo para que se sigan presentando cada vez más casos, haciéndose más notorios por su publicitación en los medios de comunicación.
La violencia contra las mujeres en la mayor parte de los casos es perpetrada por hombres, generalmente exparejas o personas con alguna relación con las violentadas, pero ahora se presentan situaciones en que los sujetos activos son mujeres contra otras mujeres, como el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien dentro de la campaña denostativa contra el dirigente nacional del PRI y antecesor en el cargo que ostenta, Alejandro Moreno Cárdenas, difundió que cuenta con imágenes de contenido íntimo de diputadas federales del PRI, que supuestamente le habrían enviado a su compañero diputado y dirigente partidista.
Además de la comisión de diversos delitos con la difusión de audios ilegales donde aparentemente se escucha a Moreno Cárdenas diciendo cualquier cantidad de improperios y actos presuntamente ilícitos, haciendo caso omiso de resoluciones judiciales, se agrega la violencia ejercida contra otras mujeres, las diputadas priistas, que con la sola mención de que existen esas imágenes y que ella cuenta con ellas, ha desatado, a través de las redes sociales, todo tipo de mensajes denigrantes y hasta amenazantes en contra de las señaladas, afectando no solo su imagen pública, sino hasta su integridad física, además de cometer otros delitos contra esas mujeres
Surgieron de inmediato pronunciamientos de feministas y organizaciones de mujeres como, la Red de Mujeres en Plural respaldando a las denunciantes: “ Exhortamos a todas las mujeres a ser sororas y no utilizar como instrumento a otras mujeres”; el Colectivo 50 más 1 :“Rechazamos cualquier conducta que tenga la intención de normalizar la violencia contra las mujeres y más aun tratándose de mujer a mujer, porque esta ha sido nuestra lucha”.
Mujeres destacadas en su lucha por el reconocimiento y reivindicación de los derechos femeninos también hicieron lo propio, como la abogada Patricia Olamendi, la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, la exdiputada de Morena Lorena Villavicencio, entre otras.
Es común escuchar, no sé si con veracidad, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y que eso se da en todo tipo de relaciones humanas, y que es más viable que una mujer sienta más respeto, colaboración y solidaridad con los hombres que con otras mujeres. No conozco evidencia empírica que esto sea así, pero el caso que comentamos marca sin duda un punto de inflexión sobre el tema, por la relevancia pública de la violentadora y de las violentadas, la gobernadora y diputadas federales del PRI.
En estos tiempos de las redes sociales, donde se pueden subir a las mismas casi cualquier contenido sin tener la certeza de su veracidad, afectando incluso derechos personalísimos y a la intimidad, se pueden generar afectaciones para las personas. El señalamiento que se hizo es en sí mismo muy grave, y si se difunden esas supuestas imágenes, reales o creadas, puede tener consecuencias desastrosas, no solo para las ya de por si afectadas, sino de la utilización de esos medios de comunicación cuando se usan con tal impunidad e irresponsabilidad.
En su afán de ser el ariete material de la campaña mediática desatada contra el dirigente del PRI, con todo tipo de violaciones legales, pues no sabemos todavía que se esté instrumentando acciones conforme a derecho, que sería lo conducente, la gobernadora de Campeche está sentando un funesto precedente, no solo en el tema que nos ocupa, de la violencia de una mujer contra otras, sino que lo está haciendo desde su posición de poder, que no es menor, utilizando la estructura, el aparato gubernamental y los recursos públicos a su disposición, circunstancia que lo hace todavía más serio y en mi opinión debería ser considerado como agravante, una vez que se le sancione, suponiendo y deseando que así se debe hacer, en estos tiempos tan complicados para nuestro todavía tan frágil Estado de Derecho.
La filosofa feminista Marcela Lagarde nos dice: “La sororidad trata de acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres. Asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras”. Cada vez más mujeres encontrándose con más mujeres en una lucha común, y no al revés, generando desencuentros entre las mismas mujeres, como es el caso.
Las conquistas para lograr mayor igualdad y la paridad, en muchos ámbitos de la vida pública han sido considerables los últimos años, pero sigue faltando un largo techo por avanzar, en términos políticos, sociales, culturales, económicos y que estos principios y valores permeen en todos los ámbitos de la sociedad. Ojalá que este anti-ejemplo no cunda entre otras mujeres.
El respeto a la intimidad y a la privacidad, que es un derecho fundamental, solo por debajo del derecho a la vida, que también esta en juego, amerita una reflexión por separado.
