Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Después de la elección presidencial de 2000, las voces que planteaban la propuesta de disminuir el financiamiento público a los partidos políticos se multiplicaron e intensificaron. Una de las consecuencias políticas de la alternancia y la transformación del Sistema de Partidos fue el deterioro de la imagen de estas organizaciones. Nunca como en nuestros días sus niveles de aceptación habían sido tan bajos; recurrentemente, las encuestas los ubican entre las instituciones menos apreciadas por la población.
Es el desolador espectáculo de corrupción e indolencia arropada por la incompetencia ofrecido por muchos de nuestros representantes lo que ha llevado a denigrar a las instituciones de la República, incluyendo a los partidos políticos. La paradoja es que tampoco existen alternativas de organización política amplia, en una sociedad democrática, a través de las cuales la soberanía popular pueda expresarse ajena a los partidos. Por eso es relevante la regular su financiamiento.
Lo que es insoslayable es que la acción política encaminada al acceso y ejercicio del poder requiere de dinero. La clasificación de los modelos de financiamiento para los partidos en el mundo de manera genérica se puede definir en tres: privado, público y mixto. En el mundo no existen dos modelos iguales. Las variantes corresponden, prácticamente, al número de países existentes. Esto se explica porque la manera en que los partidos obtienes sus recursos económicos tiene que ver con tradiciones culturales y correlaciones de fuerzas políticas en coyunturas determinadas.
En el caso de México, para analizar la función sistémica del financiamiento y su evolución es necesario realizar un somero recorrido por su historia. Fue en el México posrevolucionario que se fueron constituyendo los partidos políticos y su financiamiento fue privado o provino del erario, la clase política lo consideraba su patrimonio. Cuando se fundó el Partido Nacional Revolucionario (1929) Emilio Portes Gil dictó un acuerdo para que la Secretaría de Hacienda descontara siete días de sueldo por año -correspondientes a los siete meses de 31 días- a todos los empleados públicos considerados como miembros activos del PNR. El General Lázaro Cárdenas derogó dicho decreto.
El cacique Gonzalo N. Santos relata en sus memorias como utilizaba los recursos de la Cámara de Diputados para actividades políticas y electorales. Esa fue la constante a lo largo del régimen autoritario con partido hegemónico. Fue hasta la reforma aprobada en 1963, que estableció los diputados de partidos y además, se aceptó la propuesta del PAN, para que los Partidos Políticos Nacionales legalmente registrados gozarán de la exención de los siguientes impuestos:
1) Del timbre, que se cause en los contratos de arrendamiento, compraventa y donación. 2) de rifas o sorteos y festivales que tengan por objeto allegarse recursos para los fines de su instituto. 3) Sobre la renta que se cause sobre utilidades gravables provenientes de la enajenación de los inmuebles adquiridos por compraventa o donación para el ejercicio de sus funciones específicas. 4) El que se cause por la venta de los ingresos que editen relacionados con la difusión de sus principios, programas, estatutos, propaganda y por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma.
La reforma electoral promovida por Echeverría, para fortalecer el discurso de la apertura democrática otorgó a los partidos tiempos de radio y televisión, aunque esos programas pasaban por rigurosa censura previa. Fue hasta la reforma electoral de 1977-1978, en que se otorgó financiamiento en especie (carteles y volantes) para las campañas electorales.
En lo referente al financiamiento en dinero la reforma electoral 1986-1987 fue un giro de 180 grados. Por primera vez los partidos opositores contaron con recursos financieros para las actividades ordinarias y de campaña. Si bien es cierto, el dinero no es todo en política, en esa ocasión si fue un factor que permitió a los partidos del Frente Democrático Nacional y al Partido Mexicano Socialista acciones que en otras condiciones no hubieran podido realizar.
La fórmula para calcular el financiamiento ordinario se sustentaba en calcular el costo mínimo de campaña de una elección de un diputado y se multiplicaba por el número de cargos a elegir; de igual forma se calculaba el costo mínimo de campaña de los senadores y el costo mínimo de una campaña presidencial. La suma de esas tres cantidades representaba el financiamiento ordinario, que se distribuía entre los partidos el 30 por ciento igualitariamente y el 70 por ciento se forma proporcional a la votación recibida en la elección anterior. Para gastos de campaña se les entregaba una cantidad igual a la que le correspondía como financiamiento ordinario.
El mayor beneficiario de esta fórmula de financiamiento era el partido mayoritario, el hegemónico, y estuvo en vigor alrededor de dos décadas. La reforma constitucional y legal de 2007-2008, prohibió la contratación de espacios en radio y televisión, eliminando el principal destino de gasto partidista en las campañas electorales; un tema que sigue generando airadas protestas de los medios. Sin gasto en spots, el financiamiento total se acrecentó, lejos de disminuir.
Con la reforma electoral de 2014 se pretendió aportar claridad al procedimiento de cálculo del financiamiento y, con ello, certeza. Sin embargo, la multiplicación del padrón electoral por el 0.65% la Unidad de Medida y Actualización (UMA) arrojó montos insostenibles, pues crecen cada año por los inevitables aumentos de cada factor. Este esquema se hizo obligatorio para todas las entidades federativas con la consiguiente carga creciente para el erario local, que en ese año fue de alrededor de 6 mil millones de pesos.
El modelo de financiamiento a los partidos es obsoleto, partió de dos premisas, una sana y otra perversa. La primera consistió en ser un mecanismo que contribuía a disminuir las enormes desigualdades en la actividad política electoral y; la segunda era la de ser un componente de cooptación o control por parte del Estado.
Hoy la realidad política y social es otra. Resulta indispensable una reforma del modelo de financiamiento político integral. Evitando soluciones intuitivas y facilonas de mover uno u otro factor de cálculo. El Sistema de Partido hegemónico y el tradicional, surgido de la alternancia, ya no existen. La sociedad es otra, más exigente con quienes gobiernan. El nuevo modelo debe de terminar con intenciones perversas o beneficios facciosos, pero debe de mantener dos principios esenciales: los partidos son entidades de interés público, lo cual obliga al Estado a velar por su existencia, y la preminencia del financiamiento público sobre el privado, que atempera la intervención de poderes fácticos, que sólo velan por sus intereses.
Siguiendo la lógica anterior planteo algunos puntos a considerar:
1. Modificar la base de cálculo del financiamiento para actividades ordinarias. Considerar la lista nominal y multiplicarla por el 40% del valor del UMA, en lugar del actual 65%.
2. Modificar la distribución del financiamiento ordinario, que actualmente es de 30% igualitario y 70% proporcional a la votación obtenida en la elección anterior, por 50% igualitario y 50% proporcional.
3. Suprimir las prerrogativas obsoletas, como las franquicias postales y telegráficas.
4. Revisar las obligaciones de los partidos que implican un gasto innecesario.
5. Incrementar el financiamiento privado, proveniente de sus militantes y simpatizantes. Para actividades ordinarias sea equivalente al 40% de esa prerrogativa. El de campaña, pase del actual 10% del equivalente del gasto de la campaña presidencial anterior para ser utilizada en todas sus campañas al, equivalente del 40% del financiamiento público total para gastos de campaña.
6. Se debe establecer que el 20% del financiamiento ordinario se utilice para capacitar a sus militantes.
7. El financiamiento para campañas será equivalente a la bolsa de actividades ordinarias, pero se distribuirá de forma igualitaria entre todos los partidos. Es una nueva competencia. No tiene nada que ver con la anterior.
Es necesario reformar las reglas de financiamiento a los partidos teniendo como objetivo hacerlas más equitativas, para fortalecer la competencia democrática.
