Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
A pesar del talante autoritario del régimen posrevolucionario, las reformas electorales promovidas a lo largo del siglo XX siempre tuvieron un eje central: legitimarlo. Cuando a fines de ese siglo las presiones sociales y política elevaron su impulso las reformas se dirigieron, sin dejar al margen la legitimidad, a ampliar dosificadamente la competencia electoral e ir cediendo pequeños trozos de poder de la forma más pausada posible. Y, llegado el momento a cederlo con el fin de evitar una confrontación violenta.
La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidencia de la República, tiene como primer objetivo la obtención de recursos financieros, para culminar las obras icónicas del sexenio. En segundo, independientemente del resultado de la reforma fortalecer su legitimidad. El tercer objetivo deseable sería obtener una mayor centralización del poder, si se aprobara una legislación electoral única, lo cual les quitaría la atribución a los estados de legislar en materia electoral. Ya las descalificaciones y acusaciones de corrupción y acciones fraudulentas en contra del INE son fuego graneado.
En la semana la evidencia mostrada sobre la opacidad en el gasto de los dirigentes de los partidos y el escopetazo en el pie que se dio el INE con la contratación de la encuesta en que la mayoría de los entrevistados comparte, en general, la propuesta de la iniciativa presidencial dejó en la lona la credibilidad de los partidos opositores y del propio INE.
En caso de no lograrse algún cambio en la legislación electoral se recrudecerán las acusaciones contra los partidos opositores y el INE de desear continuando con sus privilegios otorgados el “neoliberalismo”. Si se aprueba parcialmente se matizarán las acusaciones y se afirmará que se avanzó lo que se pudo. El discurso presidencial contra los privilegios cala profundo en las emociones de amplios sectores sociales. La batalla mediática por la legitimidad ya está ganada por la 4T.
El nivel de irritación social por el costo de la política no autoriza a los gobernantes a actuar irresponsable y caprichosamente y causar un daño irreversible a la estabilidad política del país. La iniciativa presidencial presenta riesgos. Para ver el nivel de desmesura es suficiente con echar un vistazo al artículo tercero transitorio de la iniciativa: “…todos los recursos humanos, bienes, derechos de los fondos y fideicomisos, pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en los términos que determinen las disposiciones legales y administrativas que correspondan. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinará las acciones de desincorporación y transferencia de activos”; el que una instancia del Poder Ejecutivo, como el Instituto, se haga cargo de instrumentar la creación administrativa de un organismo constitucionalmente autónomo. es una contradicción constitucional flagrante.
La posible la transformación del INE en INEC incrementa los peligros por la forma de elección de los consejeros, por voto popular, sin precisar ningún procedimiento, el desacuerdo aglutina a toda la oposición. Esperemos se mantenga.
Los puntos en que existe mayor acercamiento entre Morena y el PRI, de aprobarse son riesgosos en esta coyuntura por diversas razones técnicas y del tiempo necesario para su implementación. Uno de ellos es la disminución de la Cámara de Diputados a 300 legisladores, pero difieren de la forma de elección, pues Morena propone Representación Proporcional Pura con 32 listas de candidatos, una por estado y el PRI, opta por una elección directa de 150 y 150 de representación proporcional.
En caso de aprobarse la propuesta anterior enfrenta un problema técnico insalvable, por el tiempo para realizarla, pues se requeriría una nueva distritación y reseccionamiento parcial, que requeriría al menos dos años para su elaboración, porque es necesario cumplir con las consultas a los pueblos originarios y emitir un elevado número, seguramente millones, de nuevas credenciales para votar. Otro aspecto es el crecimiento de la extensión de los distritos y del número de electores a atender, que prácticamente se duplicaría a 700 mil. Lo anterior implica el rediseño de la logística de la organización de las elecciones. Además, no existe cálculo financiero alguno del costo de estos cambios.
Otro punto en que coinciden Morena y PRI y, es de elevado peligro para la estabilidad política y el desarrollo de la democratización del país es la desaparición de institutos y tribunales electorales de los estados. Estas instituciones juegan un papel importante en la organización de las elecciones y la administración del conflicto político local, que tienen una dinámica distinta a la federal, que aunado con a la legislación electoral única son los signos más evidentes del ánimo centralista de la clase política.
Un último aspecto en el que las posiciones de esos dos partidos se aproximan es el de la disminución del financiamiento a los partidos políticos. La propuesta presidencial busca matar a los partidos opositores en la cuna, o sea antes de las elecciones, al suprimir el financiamiento ordinario. El PRI intenta salvar la cabeza y sólo perder algún miembro, disminuyendo el financiamiento el 30%.
El modelo de financiamiento a los partidos es obsoleto, partió de dos premisas, una sana y otra perversa. La primera consistió en disminuir la enorme desigualdades en la competencia electoral y; la segunda era la de ser un componente de cooptación o control por parte del Estado.
Hoy la realidad política y social es otra. Resulta indispensable una reforma del modelo de financiamiento político integral. Evitando soluciones intuitivas y facilonas de mover uno u otro factor de cálculo. El Sistema de Partido hegemónico y el tradicional, surgido de la alternancia, ya no existen. El nuevo modelo debe de mantener dos principios esenciales: los partidos son entidades de interés público, lo cual obliga al Estado a velar por su existencia, y la preminencia del financiamiento público sobre el privado, que atempera la intervención de poderes fácticos, que sólo velan por sus intereses.
Algunos puntos a considerar son: 1. Modificar la base de cálculo del financiamiento para actividades ordinarias. Considerar la lista nominal y multiplicarla por el 40% del valor del UMA, en lugar del actual 65%. 2. Modificar la distribución del financiamiento ordinario, que actualmente es de 30% igualitario y 70% proporcional a la votación obtenida en la elección anterior, por 50% igualitario y 50% proporcional. 3. Incrementar el financiamiento privado, proveniente de sus militantes y simpatizantes, para actividades ordinarias y de campaña para que sea alrededor del 10% menos del financiamiento público. 4. Se debe establecer que el 20% del financiamiento ordinario se utilice para capacitar a sus militantes. 5. El financiamiento para campañas será equivalente a la bolsa de actividades ordinarias, distribuyéndose igualitariamente entre todos los partidos. Es una nueva competencia. No tiene nada que ver con la anterior.
Es necesario reformar las reglas de financiamiento a los partidos teniendo como objetivo hacerlas más equitativas, para fortalecer la competencia democrática.
Las posiciones políticas de los partidos han ido modificándose en el último mes, lo que augura que la reforma tal como está presentada no será aprobada. Proliferan las acusaciones entre los partidos opositores de “hacerle el caldo gordo a Morena” Pero existen un claro acercamiento en las posiciones del PRI y Morena, en diversos aspectos. Si logran aproximar sus posiciones se realizará una reforma parcial, que deje algo de dinero para los proyectos emblemáticos del sexenio.
El sistema político mexicano tiene una tensión desde el momento en que surgimos como nación independiente, no resuelto cabalmente: centralismo vs. Federalismo. La reforma electoral de 2014 cimentó la actual propuesta presidencial, que, si se aprobará en sus términos, profundizaría la concentración del poder.
Existen indicios para deducir posibles acuerdos en la reforma electoral parcial en la disminución del financiamiento a los partidos y en la disminución del número de integrantes de la Cámara de Diputados. Se ve más lejana la transformación del INE en INEC y la desaparición de los institutos y tribunales electorales de los estados por el grave riesgo de inestabilidad política que acarrearía. Aunque hoy, la única certeza es la incertidumbre.
