Por Adán de la Cruz Bravo
@DelacDe
El 1º de julio pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones unilaterales contra entidades políticas e institucionales de El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el llamado Triángulo del Norte, mismas que habían sido reveladas desde mayo pasado en Guatemala, por Ricardo Zúñiga, el hombre de Biden para el problema centroamericano.
EE.UU. justifica estas medidas bajo una modalidad selectiva y egoísta que pretende combatir la corrupción en Centroamérica. Las sanciones incluyen restricciones de entrada de visa de los Estados Unidos para aquellos considerados como individuos “sancionados”. Estas mismas se apoyan igualmente en la llamada Ley Global Magnitsky, impuesta por Estados Unidos durante años a los acusados de corrupción, abusos a los derechos humanos y acciones antidemocráticas en todo el mundo.
La ley permite sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala y permite al gobierno norteamericano aplicar sanciones económicas y migratorias por estos actos ilegales (una tendencia en auge). Fue aprobada por el Congreso en 2012 bajo el nombre oficial de Ley de Responsabilidad de Estado de Derecho Sergéi Magnitsky, para sancionar a los funcionarios rusos responsables de la muerte del abogado ruso de ese nombre en 2009. En 2016, el Congreso aprobó extender las sanciones a cualquier individuo al margen de su nacionalidad. Todo esto como una medida de Washington para reducir una causa raíz del aumento de la migración hacia la frontera norte entre México y Estados Unidos.
En la “Lista Engel” destacan el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, este último acusado de recibir sobornos del grupo narcotraficante Los Cachiros. En El Salvador, los sancionados se encuentran en el círculo cercano de tomadores de decisiones y confidentes del presidente Nayib Bukele, como su ministro de Trabajo, Óscar Castro, su jefa de gabinete, Martha Recinos, y su asesor legal, Conan Castro.
No obstante, las sanciones anunciadas por EU no han tenido el efecto deseado: que dichos países se alineen a los intereses económicos y estratégicos del gigante americano. Esto responde a causas más profundas que se remontan a la historia e ilustran los retos a los que se enfrenta la política regional hoy en día. El caso más reciente es Venezuela, quien desde 2014 ha sido víctima de bloqueos económicos mediante congelamiento de activos y prohibición de visados a funcionarios venezolanos a los que las autoridades estadounidenses señalan como presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos, acciones que no hacen otra cosa que mostrar la política hostil de EEUU contra este país.
Un elemento clave que habrá que tomar en cuenta para entender un poco la problemática es el Tratado de Río, cuyos cimientos se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas inmediatas. Sin embargo, es considerado como un instrumento torpe para promover la democracia. La razón: el texto final consignó la democracia en su preámbulo como no vinculante, aunque las primeras discusiones sobre el mismo consideraron la protección y promoción de la democracia de manera mucho más explícita. Hoy más que nunca debe abordarse la necesidad de un enfoque diferente en la región basado en la cooperación, el consenso regional, la consecución de compromisos claros y procedimientos multilaterales, por encima del uso de la fuerza y orientado hacia una moderación creíble de la restricción de poder.
Referencias Bibliográficas
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