Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
En el artículo anterior reflexionamos sobre los ciclos históricos del mundo y sólo tangencialmente hicimos una aproximación a los ciclos de la historia contemporánea de México. Para profundizar nuestro análisis es necesario considerar que los ciclos históricos desde la diversidad de la actividad humana no necesariamente son coincidentes, aunque estén íntimamente ligados.
Por ejemplo, es el caso de los ciclos económicos y políticos, que no siempre son sincrónicos. Aunque, un claro ejemplo de coincidencia es, el crack de 1929 y el surgimiento del nazismo. por otra parte, podemos afirmar que la intensificación del proceso globalizador a lo largo de los siglos XX y XXI es un fenómeno que ha propiciado la concurrencia. Además, incide en el espacio de los Estado nación de la mayor parte del mundo.
Desde la perspectiva global podemos afirmar que la pandemia marca el fin de un ciclo y el inicio de otro. Es el ciclo más corto de la historia moderna. Por su parte los ciclos históricos nacionales no necesariamente coinciden con los mundiales. En México el fin del siglo XVIII e inició del XIX se presentó con el surgimiento de la República federal en 1824. El fin del XIX e inicio del XX se hizo presente con la Revolución de 1910.
Podemos afirmar que el ciclo inicial en el siglo XX se inicia a partir de la expedición de la constitución de 1917, porque en ella se definen, por un lado, el régimen político y por otro el papel del Estado en la economía y en la estructuración institucional de la sociedad a través de los sindicatos (obreros y patronales) y de las organizaciones campesinas y de la clase media.
Este ciclo se caracteriza por la concatenación, a lo largo de varias décadas del siglo XX, de un régimen político autoritario que se legitimó con un andamiaje constitucional democrático y otro legal y fáctico autoritario y, por el esfuerzo y construir un modelo de desarrollo económico capitalista, calificado como economía mixta, donde el Estado jugaba una función relevante y la construcción de un Estado de Bienestar. Ambos procesos caminaron acompasadamente hasta 1982, cuando se inició la inserción subordinada de nuestro país al proceso globalizador.
El modelo de desarrollo o económico iniciado en 1982 fue consolidado durante los gobiernos panistas y el último priísta, con las reformas estructurales que conllevaron la modificación de la Constitución de la República durante la gestión gubernamental de Enrique Peña Nieto y continúa con el actual gobierno. Quien mantiene en lo esencial modelo de desarrollo económico globalizador. Los aspectos en los cuales ha buscado ejercer la soberanía es en la materia energética (petróleo y electricidad), el cual es de suma importancia para el desarrollo del país y el ámbito salarial, que se encuentra respaldada por lo acordado en el Tratado de Libre Comercio.
La actual administración gubernamental, pragmáticamente, ha estado buscando obtener ventajas dentro del proceso globalizador. Aprovechando las tensiones económicas entre Estados Unidos y China y los problemas logísticos en el comercio causados por la pandemia de Covid-19. Se está buscando formar parte de una nueva cadena productiva, con inversión estadounidense, que sustituya a los proveedores asiáticos de la industria electrónica, particularmente China.
Un nuevo modelo de desarrollo, necesariamente, debería plantearse un programa de desarrollo industrial que tuviera como objetivo central definir las ventanas de oportunidad por las cuales se pudiera transitar en la elaboración de productos finales hechos en México. El programa presentado el 10 de septiembre por la secretaria de economía es deficiente. No tiene objetivos claros, plazos, medidas de apoyo a las actividades industriales. Además, no incluye el apoyo y la promoción de la economía social. Las cooperativas son una alternativa para promover las pequeñas y medianas empresas, que son las que proporcionan el mayor número de empleos.
Asimismo, debe elaborarse programa desarrollo agrario y forestal que debe incluir créditos y asesoría técnica para impulsar la modernización de la producción en el campo. De otra manera no se alcanzará el objetivo de la autosuficiencia alimentaria de los productos básicos consumidos por los mexicanos.
Como hemos comentado al cambiar el paradigma económico no se cambió el régimen político autoritario, aunque presentaba fisuras, que silenciosamente fueron profundizándose hasta aflorar en las elecciones presidenciales de 1988 con la división en el PRI, propiciada por la aparición de la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
El momento de fin del ciclo autoritario no es una fecha determinada y precisa, si no es un lapso, iniciado con la reforma electoral 1977-78, que abarca prácticamente tres décadas. Hay quienes consideran que este ciclo concluye con la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000. Esa es una visión parcial, porque, no se puede negar, que la alternancia fue sin duda la culminación del largo proceso de búsqueda de la democracia electoral. Pero esta, sólo es parte del proceso de construcción democrática. No se dio, ni se ha dado un proceso de justicia transicional, ni, lo que es más relevante la transformación de las instituciones de procuración de justicia y de los sistemas judiciales federal y estatales.
Estas últimas, en buena medida, siguen actuando de la misma forma que bajo el régimen autoritario. Las complicidades, la corrupción y la impunidad continúan prevaleciendo. La reforma de la procuración de justicia se ha centrado en transformar las procuradurías, que dependían del poder ejecutivo Federal o estatal, en fiscalías autónomas. Dejando de lado, la profesionalización y mejoramiento de las condiciones laborales de los ministerios públicos, de los policías y el personal administrativo. Los poderes judiciales se mantienen intocados y continúan con añejas normatividades y prácticas. La transformación de estas instituciones no ha formado parte de la agenda gubernamental.
Miembros de la 4T asumen las deficiencias, pero asumen que lo que se ha cambiado, sobre todo en política social, es la base para una transformación profunda que realizará la nueva administración morenista a partir de 2024. Pero lo reseñado nos lleva a concluir que no existen elementos para considerar que el ciclo económico se haya transformado y que la construcción de la democracia deseada hubiera tomado impulso con un rumbo definido que dé inicio a una nueva etapa.
Pronto sabremos si realmente nos encontramos en el inicio de nuevos ciclos en economía y política, que le den un nuevo derrotero al país.
