Santiago López Acosta
@LpezSantiago
Después de más de un mes que se dio a conocer, sigue el escándalo del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, donde ninguna de las instituciones involucradas ha asumido la responsabilidad de tomar las determinaciones que corresponderían.
De que hubo plagio no hay duda, como lo ha señalado la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y otros órganos de la UNAM, además corroborado por el propio Rector Enrique Graue. Sin embargo, después de la primera respuesta de la Universidad de que no tiene atribuciones para quitarle el título, desato cualquier cantidad de críticas.
El viernes pasado el Rector Graue presento ante el Órgano de Gobierno de la Universidad, la comunidad universitaria y a la sociedad en general un comunicado donde reitera y condena enérgicamente el plagio ventilado y anuncia medidas legislativas, administrativas y académicas para evitarlo en el futuro, y la convocatoria a la Comisión de Ética del Consejo Universitario para revisar y analizar los dictámenes y los documentos del caso de la polémica.
No lo resolvió de manera fulminante como muchos esperaban, sino que dejo un compás de espera para desahogar correctamente el debido proceso y los procedimientos que la normativa universitaria establecen, dejando entrever que no se puede combatir una ilegalidad con otra, si se hace apresuradamente. La resolución final será del Consejo Universitario, órgano superior de la UNAM, que tiene las atribuciones para ello, más allá de las aplicaciones estrictas y barrocas del principio de reserva de ley, de no estar establecido expresamente, como lo hizo el Abogado General.
Lo más sensato, en la lógica elemental y política, hubiera sido que los poderes públicos involucrados en la designación de la ministra, el Ejecutivo que la propuso y el Senado que la aprobó, tendrían que haber tomada cartas en el asunto, pero no han mostrado interés para intervenir, por el momento. El presidente de la República que la defendió en un principio ha señalado reiteradamente que debe resolverlo la UNAM, y salvo el senador German Martínez que ya presento una solicitud de juicio político contra la ministra, el resto de los senadores no ha dicho nada.
La imputada se ha mantenido en la narrativa de que ella es la autora de la tesis y que se la plagio otro estudiante que se tituló mas de un año antes que ella, y solo respaldada, en esa versión, por su asesora, la Profesora Martha Rodríguez, quien ya fue despedida por la Universidad, por faltas de probidad y a la ética universitaria, al reconocer, entre otras cosas, que compartía los trabajos de investigación con otros estudiantes. Además de mencionar diferentes pruebas que no convencen a nadie, y que pueden ser constitutivas de faltas y hasta de delitos.
La ministra ha dicho que no le han notificado nada y que no se han valorado sus supuestas pruebas, supongo presentadas en la FES Aragón. Los órganos de la UNAM le tendrán que otorgar el derecho de audiencia, a presentar sus alegatos y elementos probatorios para su defensa, antes de resolver lo que proceda, y por lo que se ha ventilado no se ve como pueda ser absuelta.
La actitud de la ministra, de mantenerse en el cargo a toda costa, sin importarle los costos políticos e institucionales, sobre todo a la UNAM y a la propia Corte, vaticinan un litigio largo y tortuoso, con un desgaste sin precedentes para el poder judicial en su conjunto, pues se anuncian impugnaciones contra todo lo haga y/o participe en su carácter de ministra, no solo de lo posterior al escándalo, sino de todo lo actuado desde que fue nombrada.
Se ha cuestionado el silencio del resto de integrantes de la Corte, pero es importante mencionar que el Pleno no tiene atribuciones directas para intervenir, pero podría asumir competencia respecto de las quejas y denuncias que contra la ministra se han presentado en la propia Corte, y al tratarse de una integrante de la misma, el Consejo de la Judicatura no podría hacerlo, por tanto, no se deben pronunciar de un asunto que muy probablemente conocerán, a riesgo de auto descalificarse.
El hecho de aferrarse al cargo, además del descredito que acarrea, trae aparejadas lecturas políticas, y la mas evidente se dirige al voto que tendrá cuando se aborden las acciones y controversias constitucionales sobre el llamado Plan B de la reforma electoral, contra las leyes respectivas, dos aprobadas y publicadas en diciembre pasado, y las otras cuatro seguramente tendrán la misma suerte en el mes de febrero próximo. Como se ha dicho profusamente, las seis leyes contienen cualquier cantidad de violaciones a la Constitución y la Corte constituye el ultimo dique de resistencia para mantener la vigencia de nuestra Carta Magna. Para declarar la inconstitucionalidad de leyes se requiere mayoría calificada, de por lo menos 8 votos de los 11 posibles del Pleno de la Corte. Por el contrario, solo bastarían cuatro votos en contra para evitar que se expulsen del orden jurídico, como ya sucedió el año pasado con la reforma eléctrica.
Por tanto, el litigio que se avizora también estaría enmarcado en la estrategia de mantenerse en el cargo lo más posible, para votar esos casos que le interesan sobremanera al gobierno. Por casos como este se cuestiona los abigarrados, tortuosos y largos procedimientos litigiosos de nuestro sistema jurídico.
Se sigue fomentando la polémica con la iniciativa del diputado de Morena Alejandro Robles para reglamentar el plagio en la ley de profesiones proponiendo, entre otras cosas, que prescriba a los 5 años. O sea que, si no los descubren en ese periodo, se convalidaría esa deleznable práctica. En fin, el tema estará presente por mucho tiempo más.
