Por Salvador López Santiago
@sls1103
En cualquier contienda, seguramente una de las funciones más ingratas es la del árbitro, no importa quién o cómo gane, al final de cuentas por lo menos una de las partes —con razón o no— quedará inconforme con los resultados. En el ámbito de la justicia electoral no es distinto y lo podemos ver en cada elección, especialmente en aquellas donde la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar es mínima. La justicia electoral tiene enormes desafíos derivados de su objetivo de garantizar transparencia, legalidad y certeza en el acceso al poder público, así como en la resolución de las controversias que se presentan en el marco de los procesos electorales. Esta tarea es muy compleja pero también es una demanda colectiva que anhela y exige vivir en una normalidad democrática que se traduzca en la paz y tranquilidad que otorga la certeza en el desarrollo de los comicios en nuestro país.
La necesidad de robustecer la justicia electoral en México emana de la necesidad de materializar legítimas exigencias que fueron abanderadas desde la lucha de generaciones e impulsadas con el pensamiento y aportaciones de líderes políticos, sociales y académicos que en distintos momentos han sido los protagonistas y constructores de esta historia democrática de nuestro país. Sería mezquino y falso decir que la justicia electoral es obra de un solo partido, de una sola fuerza política o de una sola persona; pero sería todavía más mezquino y falso afirmar que en México no existe la justicia electoral o que ésta no es susceptible de cambios profundos motivados por el bien común.
La historia nacional registra antecedentes en materia de justicia electoral que datan de principios del Siglo XX en el contexto del México posrevolucionario, pero existe amplio consenso en que la reforma política de 1977 marcó un parteaguas que dio paso a otras reformas constitucionales de gran calado como son las de 1986, 1990, 1993, 1996, 2007 y 2014, todas cruciales para contar con autoridades electorales autónomas. Hoy la justicia electoral se refleja en la profesionalización de sus autoridades, la ciudadanización de las elecciones y un entramado jurídico e institucional que, si bien es perfectible, ha contribuido a que la transición del poder haya sido en las urnas y no mediante las armas. No obstante, sin desdeñar lo alcanzado hasta ahora, ¿en qué proceso humano no es deseable mejorar?, en ninguno. En consecuencia, en materia de justicia electoral existen retos que deben ser abordados con la seriedad debida y para ello, lo primero es que sean puestos en el tintero para su análisis.
De manera enunciativa y no limitativa, un primer reto por enfrentar es el fortalecimiento de las autoridades electorales. Hemos recorrido un trayecto notable con la reforma constitucional de 1990 que creó un Tribunal Electoral autónomo; con la reforma constitucional de 1993 donde se estableció que el Tribunal Federal Electoral era la de máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral; o con la reforma constitucional de 1996 que estableció las bases del actual sistema integral de medios de impugnación (terminando por completo con el sistema de auto calificación de las elecciones en México), por mencionar algunos. Pero con todo esto, la autoridad electoral sigue llegando tarde en no pocas ocasiones y quizá el ejemplo más tangible es el de la fiscalización, porque es más frecuente de lo que pudiéramos pensar que en una elección, cuando se concluye con dicho proceso el legislador ya ocupa su curul o escaño. Las autoridades electorales no siempre corren con la misma velocidad inherente al dinamismo electoral.
Un segundo reto tiene que ver con la presencia de las mujeres en espacios de toma de decisión. Después de la reforma constitucional de 2014, donde se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales, así como la reelección legislativa y para presidentes alcaldes, regidores y síndicos, a nivel federal la paridad es una realidad en el Congreso, pero un aspecto que advierte grandes áreas de oportunidad lo observamos en la integración de comisiones. Con todo y la paridad, comisiones como las de Hacienda en Diputados, donde se discute el presupuesto, es presidida por hombres o Relaciones Exteriores en el Senado de la República —que tiene como facultad exclusiva el análisis de la política exterior—, también está a cargo de hombres; o bien, en ambos casos, sus Juntas de Coordinación Política son presididas por hombres y lo mismo ocurre con la dirigencia nacional de los partidos políticos ya que actualmente no hay uno solo que tenga a una mujer como presidenta de partido.
Un tercer desafío es hacer más eficiente el gasto público. Sin caer en una austeridad mal entendida que arrase con todo bajo la premisa de que todo es malo, sí es claro que existen elementos para asegurar que la democracia en México sí puede ser menos costosa y un ejemplo claro lo vemos actualmente con la elección para renovar la gubernatura del Estado de México el próximo 4 de junio, donde el IEEM y el INE realizan las mismas funciones de organización de la elección, así por mencionar un par de casos: en los 41 distritos electorales federales de la entidad se elegirá a 492 consejeras y consejeros distritales (246 propietarios y 246 suplentes); y en los 45 distritos electorales locales habrá 540 consejerías distritales (270 propietarios y 270 suplentes); y el otro lo vemos todos los días en algo tan cotidiano como es la promoción que ambos institutos dan a las actividades relacionadas con la elección.
Un cuarto desafío involucra a los actores políticos. Como ciudadano e incluso, como simpatizante de algún candidato o candidata, entiendo que parte de la persuasión para motivar el voto consiste en evidenciar y denunciar las anomalías que puedan realizar los adversarios e incluso, las autoridades electorales, lo entiendo y me parece que no solo es normal, sino que es sano y necesario pero el objetivo se pervierte cuando el temperamento domina a la razón, a la objetividad y, peor aún, a la verdad. La descalificación, la desinformación y el discurso de odio nunca debe ser el camino. Como ciudadano e incluso, como simpatizante de algún candidato o candidata, estoy convencido de que es necesario que los partidos, sus dirigencias y militantes deben conducirse con altura de miras, con responsabilidad democrática y con honestidad, por ello es indispensable el análisis interno en los partidos y de verdad, en todo momento, poner al bien común por encima de cualquier interés: en la narrativa, pero también en los hechos.
Por supuesto que hay más desafíos y que cada uno de los expuestos da paso a debates amplios, pero en mi opinión estos son algunos de los más urgentes por atender. Insisto, no son todos, pero considero que son un buen punto de partida para fomentar una sana e informada discusión ciudadana sobre temas que deberían ser de interés general por su impacto en las sociedades.
