Por Santiago López Acosta
@LpezSantiago
Dentro de las veinte reformas que apresuradamente se aprobaron el 29 de abril, el ahora conocido “viernes negro” del Congreso mexicano que comentamos la semana pasada, se aprobó el dictamen de la 3 de 3 contra la violencia que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución para limitar el derecho a ser votado o a ser nombrado en puesto públicos a quienes tengan antecedentes de violencia de género o como deudor alimentario moroso. A diferencia de las otras reformas, esta sí cumplió cabalmente con el proceso legislativo, iniciado desde 2020, y cuenta con el apoyo de la mayoría de las y los senadores de todos los grupos parlamentarios.
Se le conoce como la 3 de 3 porque originalmente se planteó y logró que todos los aspirantes a cargos de elección popular, y luego para todos los servidores públicos de media y alta jerarquía, presenten tres declaraciones, la de situación patrimonial, la fiscal y la de posibles conflictos de interés.
En la sesión del Pleno del Senado, donde iba a ser aprobada, se encontraban presentes las dirigentes feministas que la han impulsado desde 2020, bajo la premisa “Ningún agresor al poder”, esperando ser testigos de calidad y poder celebrarlo como un triunfo más de su larga lucha por las legítimas causas de las mujeres. Esto no fue posible por los acontecimientos conocidos de la suspensión de la sesión, toma de la tribuna, y ante el rumor de que al día siguiente no las dejarían entrar, se quedaron a dormir en la galería, junto con los senadores y senadores de la oposición que esa noche pernoctaron en el salón de sesiones.
Es una pena que haya sido aprobada en una sede alterna solo por el oficialismo, sin la presencia y los votos de la oposición y sin los posicionamientos de todos los grupos legislativos, tan importantes y necesarios que la ocasión ameritaba, para destacar este gran logro de las luchas feministas.
Para que esta reforma sea aplicable en el proceso electoral federal y locales en todo el país de 2024, donde elegiremos miles de servidores públicos, desde la presidencia de la República, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales, síndicos, regidores y otros cargos locales, tiene que completarse y promulgarse en el presente mes de mayo, en virtud de lo establecido en el artículo 105 constitucional, el cual dispone que se pueden hacer reformas electorales, solo hasta noventa días previos al inicio del proceso electoral, el cual, si la Corte no nos da alguna sorpresa, será en la primera semana de septiembre próximo.
Los opositores integrados en el llamado bloque de contención, conformado por las bancadas del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, han manifestado que no impugnaran esta reforma, por lo que solo hace falta que el procedimiento de reforma constitucional se complete con la aprobación de por lo menos 17 Congresos de las Entidades Federativas, sea declarado así por la Comisión Permanente, en funciones durante el receso del Congreso de la Unión, promulgada y publicada por el Presidente de la República.
Es de reconocerse la insistencia y persistencia de muchas organizaciones y liderazgos feministas, como Las Constituyentes MX, Red de Mujeres en Plural, La Colectiva 50 más 1 y otras, la relevante participación de Yndira Sandoval y Patricia Olamendi, junto con un importante equipo de abogadas y otras profesionistas que acuerparon esta iniciativa.
En la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados fue destacado el respaldo a la misma de Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, Verónica Juárez del PRD, Lorena Villavicencio de Morena y de Laura Rojas del PAN.
En la actual Legislatura de la misma Cámara se puede decir lo mismo de Karla Almazán Burgos y Aleida Alavez de Morena, de Blanca Alcalá del PRI, de María Rosete Sánchez del PT, y de Joanna Felipe Torres del PAN. También de senadoras de todos los grupos parlamentarios, que ya no tuvimos oportunidad de escucharlas en la tribuna de la llamada Cámara Alta, por el patético cierre del periodo ordinario de sesiones de abril pasado.
El consenso es muy amplio, prácticamente generalizado, respaldando esta reforma, de todas las mujeres con presencia pública en el ámbito nacional, esperando que lo mismo se replique en los Congresos de los Estados los próximos días y semanas.
Suponemos que la reforma comentada también cuenta con el respaldo de la mayoría de los hombres, principalmente los políticos vigentes en la escena pública del país, pero en este, como en muchos otros casos, es necesario la manifestación expresa del apoyo a la reforma contra violentadores y deudores alimentarios.
No se visualiza que exista oposición o rechazo a la misma, sin embargo, mientras no se concrete completamente, no se puede descartar, como sucedió con la impugnación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Corte, para el caso de las leyes en la materia de los Estados de Yucatán e Hidalgo, argumentando que se violaban las garantías de los deudores de pensión alimenticia.
Son pocos los días que le quedan al mes de mayo, sin embargo, suficientes para que se complete esta reforma, y como para muchas cosas de la vida pública, bastaría el mínimo de voluntad política para que sea aplique en los procesos políticos y electorales de 2024. Su postergación seria muy grave y enviaría un mensaje ominoso, que esperamos no suceda.
