Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
La resolución de la Suprema Corte al resolver que las leyes de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas tenían vicios de procedimiento y en consecuencia eran inconstitucionales han desatado un conflicto político entre poderes. Por un lado, la Corte y en el otro bando se encuentran el Poder Ejecutivo, la mayoría del Poder Legislativo, Morena y sus aliados y, los poderes locales en donde detenta el poder la alianza gubernamental.
Es una ingenuidad considerar que la aplicación del derecho en asuntos en que los actores políticos tienen interés está disociada de los juegos del poder. Analizar la coyuntura política tiene que escudriñar entre las apariencias construida por la retórica, para encontrar los objetivos de la estrategia política desde el grupo gobernante y las paradojas que se presentan o se agudizan dentro del Sistema Político. Por eso la reflexión tiene encaminarse a desentrañar las contradicciones que se han presentado por el conflicto entre Derecho y Política.
El camino jurídico se inició con la impugnación, vía Acción de Inconstitucionalidad, de diversos actores políticos, señalando que las reformas favorecían el uso de recursos públicos por los funcionarios gubernamentales para promover su imagen, lo cual estaba (y está) prohibido en la Constitución y es sancionable. Lo cual desequilibraba la contienda electoral. Por su parte, el INE advirtió que la reforma disminuía su autonomía y capacidad para organizar, este año, las elecciones en Coahuila y el Estado de México y las de 2024.
El 24 de marzo, el ministro Alberto Laynez otorgó la suspensión provisional sobre sobre las reformas a las leyes del plan B. Con lo cual el INE pudo conservar sus funciones y estructura institucional por tiempo indefinido. El 2 de mayo se conoció públicamente el proyecto del ministro Laynez. La consejera jurídica de la presidencia acusó al ministro de haber filtrado el documento, lo cual era irresponsable, pero, como se acostumbra, la Corte publica en su página Web los proyectos que se van a discutir en el Pleno.
La Suprema Corte discutió el asunto el 8 de mayo y con una votación de nueve a dos aprobó el proyecto presentado. Lo primero que es necesario decir es que la discusión y resolución fue sobre el procedimiento legislativo, no se abordó el contenido de fondo de las reformas a las dos leyes mencionadas. Las violaciones al proceso legislativo señaladas por el ministro Pérez Dayán fueron:
1.La iniciativa del Ejecutivo que se había publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados no fue la misma que se presentó para su aprobación en la sesión del 6 de diciembre de 2022.
2. El Ejecutivo ya no estaba en posibilidad de enviar al Congreso iniciativas preferentes — las solicitudes se deben presentar el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones—, el grupo parlamentario de Morena realizó algunas ligeras modificaciones y la presento como propia, con la finalidad de poder introducir una “dispensa de trámites”, es decir, procesarlo de manera urgente, sin análisis de comisiones legislativas. Lo cual violentaba las reglas del proceso legislativo, sin justificación alguna.
3. En el Senado, que fungió como cámara revisora, la Comisión de Gobernación sesionó en solitario y aprobó un dictamen sin la presencia de la Comisión de Puntos Legislativos, lo que violó el reglamento interno del Congreso.
En lo esencial los argumentos de la resolución fueron que “El Decreto impugnado fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados, y las irregularidades cometidas en Comisiones de la Cámara de Senadores, impidió su conocimiento, la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo”.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal había exhortado en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”.
La resolución de la Suprema Corte de declarar incondicional el traslado de la Guardia Nacional al mando ejército fue un golpe absorbido, como buen fajador en el ring, por el presidente. Pero, en cuanto se conoció la resolución de la Suprema Corte el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó lapidariamente que el Poder Judicial “no tiene remedio y está podrido…Están actuando de manera facciosa, imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, al Legislativo lo mismo, estos poderes nombran a los ministros y estos señores que están dedicados a obstaculizar la transformación”.
Con toda intención política de acrecentar la legitimidad propia, en la conferencia mañanera del 11 de mayo el presidente exhibió las condiciones salariales y las prestaciones que reciben los ministros de la Suprema Corte y la corrupción que campea entre las huestes del poder judicial, con el fin de descalificar el sentido de su resolución. Esas condiciones laborales de los ministros guardan una gran distancia con el mundo del trabajo; sin duda son de privilegio y la corrupción en todo el sistema de impartición de justicia es una lamentable realidad que no se puede ocultar con un dedo. Pero, la denuncia presidencial no tiene ningún peso desde la perspectiva de la argumentación jurídica a favor del plan B, ni para desvirtuar el contenido de la resolución de la Suprema Corte.
El presidente y la 4T están llevando la confrontación al ámbito político, es el territorio en el que su mueven con soltura y dada la magnitud de la presencia mediática presidencial cualquier persona o institución señalada desde la palestra de la mañanera será lapidada discursivamente. Hay dos ideas que se esgrimen como espadas de Damocles: la comparecencia de los ministros ante el Senado para que rindan cuentas, con el posible juicio político y la elección de los integrantes de la Suprema Corte por voto universal, para que los elija el pueblo.
Vale la pena precisar que el Senado tiene la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte, pero si nos atenemos al principio de que toda autoridad se rige por atribuciones explicitas, la Constitución no otorga la facultad al Senado para hacer comparecer a los ministros para que den cuenta del sentido de sus decisiones. Es, a todas luces, una balandronada política. El juicio político es viable para cualquier servido público contemplado en el artículo 108 de la Constitución. Los ministros de la Corte están incluidos, pero, tendrían que haber cometido violaciones realmente graves al orden constitucional para ser acusados. Además, en este momento los equilibrios en el Congreso de la Unión no permiten el enjuiciamiento de los ministros.
La respuesta política real es la convocatoria para realizar el Pan C en las urnas. Para que, en las elecciones de 2024, no sólo ganar la presidencia de la República, sino también la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión y así poder modificar la Constitución.
La aspiración presidencial de que su partido y aliados tengan la mayoría calificada es legítima y, hace suponer que no se llegará al desacato de las resoluciones de la Suprema Corte. Lo delicado es que no se vislumbra en el firmamento político disposición gubernamental para cumplir con las reglas de equidad en la competencia. Lo cual podría ser el preámbulo de la nulidad de las elecciones lo cual sería grave para el país no sólo en el ámbito político, sino también las repercusiones económicas acarrearían una fuerte inestabilidad. Ojalá me equivoque.
El enfrentamiento con la Suprema Corte apenas inicia. En cuanto vayan resolviéndose las acciones de inconstitucionalidad contra la participación de las fuerzas armadas en la administración pública, en ámbitos reservados para civiles, el tono de la confrontación incrementará.
