Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
La violencia lacera el tejido social. A lo largo de casi dos décadas más de un millón de personas lloran a sus seres queridos. La incertidumbre agita la estabilidad emocional de la población del país. Nadie sabe cuando se va a presentar una acción violenta a la puerta de su vida.
La violencia no es un mero asunto estadístico de más o menos fallecidos. Es un complejo problema social, de seguridad, de salud, de justicia, económico, político y trasnacional. La violencia actual, dista mucho de la del México bronco posrevolucionario agrario, con un paulatino desarrollo industrial y urbano que se caracterizaba por el predominio de la cólera personalizada. La violencia de hoy es generalizada e indiscriminada y tiene claros el objetivo: el enriquecimiento ilícito.
Existe un añejo pasado con acciones gubernamentales tolerantes, promotoras, cómplices o de abierto contubernio con la delincuencia, que son fundamentales en la transformación de la, llamémosla, delincuencia en pequeña escala, prevaleciente en el país hasta la década de los años sesenta del siglo pasado, hasta la delincuencia organizada del presente.
Esa delincuencia se dedicaba al comercio de las drogas en pequeña escala. Algunos de sus líderes eran antiguos contrabandistas. Aunque existe otra vertiente que se desprende desde el poder, donde los militares han jugado un papel relevante. Como casos icónicos, por lo sólidamente documentados, están los de del coronel Esteban Cantú Jiménez (gobernador del distrito norte de Baja California 1915-1920), general y presidente Abelardo L. Rodríguez y del general y gobernador de Puebla (1937-1941) Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y el coronel Calos I. Serrano, líder del Senado, amigo y operador político de Miguel Alemán.
Los tres primeros contrabandearon alcohol durante los años de la prohibición en Estados Unidos y los dos primeros y el último agregaron a sus actividades el contrabando de opiáceos y el negocio de los casinos. También es pública la información de militares de alta graduación involucrados en la protección de narcotraficantes. El caso contemporáneo más relevante es el del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, director del Instituto Nacional Para el combate a las Drogas (1996-1997), quien fue sentenciado por proteger al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (el señor de los cielos).
De los funcionarios civiles destacan José Antonio Zorrilla Pérez titular de la Dirección Federal de Seguridad (1982-1985), quien fue condenado por el asesinato del periodista José Buendía (1984). El caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (2006-2012), es diferente a los anteriores, pues corresponde a una etapa caracterizada, no sólo en la protección de los narcotraficantes, sino en nítido contubernio, en cual ya no se puede distinguir quien lidereaba la organización delictiva.
En la primera etapa, miembros de las instituciones del Estado protegían y lucraban de los delincuentes, en ella la violencia era ejercida esencialmente por esas instituciones. En realidad, administraban el ejercicio de la violencia en la lógica de la protección del negocio, sin llegar a ser indiscriminada. Todavía bajo el antiguo régimen se da una etapa de transición en la naturaleza de la violencia.
A partir del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, la presión de los Estados Unidos fue un factor que contribuyó a la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, en el mismo año de 1985, e indujo a los narcotraficantes a armarse para enfrentar a los rivales y a las fuerzas de seguridad del Estado, hasta la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal que alteró los mecanismos de protección de que gozaban los narcotraficantes.
Con el juicio a García Luna queda claro que la institución civil de seguridad más relevante estuvo coludida con el Cartel de Sinaloa para que obtuviera el dominio del negocio del narcotráfico, para lograrlo era necesario eliminar violentamente a los adversarios. El incremento de la violencia a partir de 2006 se ha convertido en un fenómeno incontenible.
La alternancia en el poder en las entidades federativas contribuyó de forma relevante a impulsar la violencia, porque había que realizar nuevos pactos de protección y salvaguardarse de los adversarios. A grandes trazos esta es una historia de la naturaleza de la violencia.
Hasta aquí el relato del pasado. El presente mantiene continuidad con el pasado. Pero, dos son los rasgos novedosos: el incremento de la violencia y el dominio delincuencial sobre partes del territorio nacional. La mayoría de las entidades federativas enfrentan esta situación; es más grave en ciertas entidades: Guerrero, Michoacán, Colima, Guanajuato, Edomex y Tamaulipas.
La violencia del narcotráfico ha sido un factor que ha incidido en la ejercida contra las mujeres y lleva años de crecimiento sostenido. Entre 2006 y 2021 fueron asesinadas en México cerca de 43 mil mujeres (Sistema Nacional de Seguridad Pública). 2007, 2014 y 2015 tienen un ligero descenso, pero que no incidió en la tendencia al alza que llega hasta el presente.
El poder del narco se desprende de su enorme capacidad financiera, lo cual le permite corromper para penetrar a las instituciones del Estado y tener la capacidad de fuego equiparable a una fuerza beligerante. Según un informe presentado por Santiago Nieto, en ese momento titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (2020), los cárteles mexicanos generaron 1 billón de pesos, casi 40.000 millones de euros, en beneficios por operaciones delictivas entre 2016 y 2018.
Por otra parte, según un nuevo estudio, de la organización Global Financial Integrity (GFI), asegura que los flujos financieros ilícitos relacionados con las drogas que afectan a los Estados Unidos, México y Colombia, los principales actores, están entre 42.300 y los 121.600 millones de dólares anuales, pero que “la mejor estimación” estaría entre 80.000 y 90.000 millones. En ese mismo documento se sugiere el combate al blanqueo de capitales como mejor modo para combatirlo. Según la ONU los carteles de la droga, en México, lavaron 25 mil millones de dólares al año (2022).
Además, la organización Índice de Paz México informa que, tomando como punto de partida el año de 2015 el narco menudeo ha crecido alrededor del 160 por ciento y la extorsión cerca del 80 por ciento, para julio de 2022. México ha identificado a 19 organizaciones delictivas en todo el territorio, entre las que destacan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Pacífico, del Golfo, de Juárez y los Zetas.
Desde 2006 las actividades de la delincuencia organizada inciden negativamente en la gobernabilidad. El problema se ha acentuado y no se ven resultados positivos de las acciones gubernamentales. Prácticamente se da un crecimiento exponencial del poder financiero de la delincuencia organizada y en consecuencia para agredir a la sociedad y a las instituciones del Estado.
El poder de que disfruta el narco está transformando la naturaleza de la violencia. Los últimos incidentes con el uso de drones, explosivos y tácticas de la guerrilla como la emboscada en Jalisco contra miembros de la Guardia Nacional y la movilización masiva de su base social, lo está llevando a ampliar el control territorial.
Existen deficiencia y vacíos en la estrategia. Pronto la adicción a las drogas será un problema grave de salud pública, que puede llegar a ser prácticamente inmanejable. No existe una estrategia de prevención nacional enfocada a los niños y jóvenes, que son el objetivo central de la delincuencia para hacer crecer su mercado; también se careced de una que atienda la adicción. La educación cívica que inculque valores de respeto, solidaridad, tolerancia y legalidad es deficiente en los programas escolares.
Si existe, no se ven resultados del combate al lavado de dinero y de las redes de protección, políticas, empresariales y de las fuerzas de seguridad, de la delincuencia organizada. Si no se disminuye la capacidad financiera y se eliminan las redes de protección, la delincuencia organizada seguirá “caminando como Pedro por su casa”. No hacerlo hoy es responsabilidad plena de quienes gobiernan.
