Por René Cervera Galán
Ferdinand Lasalle, a quien los alemanes consideran el padre de la social democracia, afirmó que el sentido de la Constitución no es otorgar derechos sino empoderar al ciudadano.
Cualquier Constitución que tutela a los ciudadanos y ciudadanas, en términos democráticos es contradictoria ya que ser parte de la ciudadanía significa ser consiente y socialmente responsable por lo tanto mayores de edad, y no está demás señalar que en un marco democrático los cargos públicos representan la voluntad ciudadana pero no la sustituyen.
Las Constituciones representan una nueva espiritualidad, encierran valores que deben alcanzar el mayor consenso y su ejercicio tiene una administración electa, pero es responsabilidad colectiva.
Con el relevo del PAN después de 70 años aproximadamente de gobiernos que se legitimaban como herederos de la revolución, se encontró la oportunidad de hacer una reforma del Estado y por consecuencia una nueva Constitución, Don Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, lo consideraron como el momento para construir una Constitución y una nueva República.
Pero el relevo de partido político no significó un nuevo espíritu social, solo fue la continuación del modelo Neoliberal que se inició con Miguel de la Madrid, y se originó un montaje en el interés de los grandes capitales en la globalidad, convenios internacionales que restan soberanía, sin dar lugar a la reforma del Estado que nos haga protagonistas en el desarrollo de la historia.
La idea de hacer una reforma del Estado que diera lugar a una desconcentración del poder presidencial y a favor de un modelo al menos semi-parlamentario sigue vigente, por lo mismo es mejor acudir al modelo relativo proporcional, e insistir en que un legislador no representa un espacio físico, representa un pensamiento político que no se limita en un contexto de territorio por número de habitantes.
Una reforma del Estado inicia por un diagnóstico que jerarquice los problemas sustanciales y para hacer cambios fundamentales urge contar con buenos legisladores y legisladoras, lo cual significa iniciar con el tema electoral.
Es verdad que un cambio constitucional debe tener el mayor consenso posible, pero como está la ley el día de hoy da lugar a que una minoría se imponga.
Seccionar la República por número de habitantes en distritos electorales para escoger un representante en un ambiente de pluralidad, se presta a que quien resulte electo o electa con una votación muy menor se siente en la curul en el entendimiento de que representa a todo un distrito, incluso a los que no votaron por él.
Aplicar el sistema relativo proporcional implica que la elección va en función del programa de gobierno que propone el partido por el que se votó. Al quedar toda propuesta política representada en función de su elocuencia coopera a ciudadanizar ya que de esta manera las y los electores revisan de mayor manera las propuestas públicas que el talante de las o los candidatos.
Importante es decir esto en una tendencia cada vez mayor de postular candidaturas más por su capacidad de manejar votantes que el de tener principios y calidad legislativa.
Las llamadas acciones afirmativas son autoritarias y la paridad forzada viola la independencia del electorado, elimina la certeza de la validez de tu voto al no saber si finalmente valió al ajustarse a la paridad. No es un acto legal, es un acto legitimado, que no es lo mismo, invade la facultad de los partidos de proponer libremente candidaturas en función de sus estatutos, experiencias y principios.
Permitir que un o una legisladora electa por un partido se cambie de un partido a otro es traicionar a los electores y no se debe permitir.
La Cuarta Transformación intentó una reforma electoral más presidencialista, demagógica y sin visión federalista, afortunadamente no pasó porque francamente era muy conservadora, pero no fue aprobada porque no obtuvo las dos terceras partes de la votación como lo exige la normatividad para hacer cambios constitucionales, y aquí viene la oportunidad de sugerir un cambio en la reforma del Estado, si una propuesta de este tipo tiene mayoría relativa y no calificada debe pasar a un plebiscito y que los electores tengan la última palabra, en el modelo actual la diputación que tiene menos votos obtiene mayor poder que la mayoría al tener la posibilidad de bloquear un cambio en la carta magna y la voluntad ciudadana expresada en urnas se anula, es como si el voto de la oposición valiera el doble.
La democracia no es un asunto estrictamente electoral, la democracia es tener acceso universal a los bienes tanto materiales como de carácter espiritual, pero para cumplir con este objetivo se necesita, una formación política ciudadana que dé lugar a un cuerpo legislativo con sensibilidad social, con principios firmes, con entendimiento de la realidad internacional, con visión de estadista y esto no se da cuando por imposición los cargos públicos tienen que ser por condición de género, por mera popularidad o por control corporativo.
