Por Santiago López Acosta
@LpezSantiago
El huracán Otis, que devasto Acapulco y buena parte de la Costa Grande de Guerrero, que abarca un buen número de municipios aledaños, sigue causando estragos en el control y gobernabilidad de la región, pues a dos semanas del suceso siguen faltando agua y los víveres más indispensables para una población de más de un millón de habitantes.
La inseguridad que padecía Acapulco desde hace varios años, si no se toman las medidas adecuadas por los tres órdenes de gobierno para evitar que continúe, la puede convertir en una zona todavía más propicia para el control de la delincuencia organizada.
Las secuelas del desastre, en términos de limpieza, higiene, desazolve y demás actividades inherentes, si no se atienden a la brevedad, provocaran epidemias y demás enfermedades de muy fácil transmisión a la población, y generar una crisis de salubridad y salud pública.
Como todo, la economía, sustentada centralmente en el turismo, está colapsada, y si no se toman medidas efectivas e inmediatas para, aunque sea paliar esta crisis, generara problemas sociales que agravaran aún más la situación. El anuncio que se adelantaran apoyos por algo más de 60,000 millones de pesos, que es apenas una sexta parte de lo que se requerirá para la recuperación, según muchos expertos y analistas, es un mero paliativo. Estos mismos calculan que la actividad turística se empezara a reactivar en por lo menos dos años.
Mientras eso ocurre que harán los miles de personas y familias que dependen de la principal actividad económica del Puerto y alrededores, si no se ofrece actividades viables para retenerlos, que les permitan las condiciones mínimas y dignas de mantenimiento, por lo menos de sobrevivencia. No se visualiza ninguna política pública, que tendría que estar apoyada por la iniciativa privada, que vaya en ese sentido.
Ante ese panorama, muchos seguramente tendrán que emigrar a otras partes del país y a los EEUU para buscar los empleos que perdieron, con los enormes riesgos que ahora conlleva la migración laboral, que los últimos años, desafortunadamente, se ha convertido en una crisis humanitaria de grandes proporciones, sin que se planteado tampoco, salida viable y razonable.
Qué hacer con Acapulco, después de la casi total devastación, ha sido una de las preguntas claves que se hacen los expertos en desastres y reconstrucciones, en países que por su ubicación geográfica, seguirán padeciendo este tipo de embates de la naturaleza, como es el caso de Miami, Florida o San Juan, Puerto Rico, donde han invertido en sistemas y modelos constructivos, obras y fortificaciones que permitan resistir de la mejor manera posible huracanes como el que impacto la costa de Guerrero hace unos días. Por la simple y sencilla razón de que seguirán ocurriendo.
Este planteamiento, que es de los más lógico razonable para el caso de Acapulco, ni siquiera aparece como idea aislada en el lenguaje publico después de la tragedia, donde solo alcanzo para una propuesta inmediatista que no va más allá de los seis meses.
También se tendrá que recuperar o rehacer el Sistema Nacional de Protección Civil, que con este incidente se vio totalmente rebasado e inoperante, después de décadas de haberse construido y perfeccionado para atender percances como el ocurrido en Acapulco. Ojalá que no venga otro huracán o algún sismo, porque con el actual Sistema en la materia no hay manera de afrontarlo.
Ante el pasmo, ineptitud, negligencia, incapacidad de muchos de los actores políticos responsables, antes, durante y después de la tragedia, algunos visualizan consecuencias políticas inmediatas, como pueden ser las elecciones generales de 2024, haciendo analogías históricas como el terremoto de Managua, que antecedió la caída de Anastasio Somoza en Nicaragua, o los sismos de 1985 en la Ciudad de México, que precedieron la crisis política de 1988 y el deterioro progresivo y paulatino del viejo régimen de partido hegemónico en los años siguientes, culminando con la perdida de la presidencia de la Republica en el 2000.
La crisis sanitaria, la humanitaria, la de migración, la económica, social y de seguridad, sin un sistema de protección civil adecuado y eficiente, desgraciadamente las veremos desatarse y causar grandes problemas en Acapulco y la región en poco tiempo, provocando una problemática de enormes proporciones. Todavía se puede evitar, ojalá que hagan algo.
La previsión y planeación a mediano y largo plazo, para evitar estas afectaciones en la medida de lo posible, no hay materia para comentar, pues es una pena que no tenga cabida en la agenda pública del régimen, como se demostró en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, el cual se mantuvo intacto de la propuesta original, aun después de la tragedia que causo Otis en Acapulco, no aprobando absolutamente nada para por lo menos intentar aliviar algo de la problemática que se generó.
De las consecuencias o eventual crisis política que trajo consigo Otis, solo tendremos que esperar unos meses para saberlo, considerando que los tres órdenes de gobierno involucrados en la responsabilidad para la atención de esta tragedia, son del partido gobernante y predominante en el país. La caravana de damnificados de Acapulco que llego a la Ciudad de México y que no dejaron entrar al Zócalo capitalino podría ser el inicio de un movimiento que puede crecer.
