Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Los crímenes que marcan un antes y un después en la historia de la violencia en nuestro país son el del agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala y el periodista Manuel Buendía, porque ambos sacaron a flote la punta del iceberg de las redes de macrocriminalidad en nuestro país. Los primeros dos fueron asesinados el 7 de febrero de 1984, después de ser torturados. Se detuvo a Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y a Rafael Caro Quintero como responsables.
Manuel Buendía fue liquidado el 30 de mayo de 1984. Los autores intelectual y material, José Antonio Zorrilla y Rafael Moro Ávila, fueron detenidos en 1989 y estuvieron encarcelados hasta 2018 y 2015. Aunque Moro declaró que fue el agente José Luis Ochoa Alonso, el “Chocorrol”, quien le disparó al periodista y fue asesinado el 11 de julio de 1984.
El personaje común a ambos casos fue José Antonio Zorrilla Pérez titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS, 1982-1985); con complicidades en la CIA, narcotraficantes y encumbrados políticos. La razón esgrimida públicamente para desaparecer a la DFS (1985) fue la protección a narcotraficantes.
Xavier Ovando y su ayudante Román Gil, responsables de la red del Frente democrático Nacional, para obtener la información de los resultados electorales de la elección presidencial el 6 de julio de 1988, fueron asesinados el día 3 y les fue robada toda la información de la red, sólo conocida por ellos. Con estos asesinatos se cierra el sexenio delamadridista e inició el salinista. El secretario de Gobernación, en ese momento, Manuel Bartlett, permaneció en las sombras sin aparente injerencia ni responsabilidades evidentes sobre lo que hacía el director de DFS.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene documentados, desde julio de 1988 a noviembre 2007, el asesinato de 696 de sus militantes y 900 entre perseguidos, desaparecidos y presos. La investigadora Hélène Combes registró 265 militantes del PRD asesinados entre 1989 y 1994. Esos homicidios se concentraron en cuatro estados, en los que se registran el 77% del total de los casos: Michoacán (27%), Guerrero (25%), Oaxaca (15%) y Puebla (10%). El 64% de los militantes de la muestra fueron asesinados durante el contexto electoral: 10% durante la campaña y 54% en contextos poselectorales.
Otros ejemplos de violencia política en ese sexenio son los realizados en el estado de Chiapas durante los gobiernos del general Absalón Castellanos y de Patrocinio González Garrido (1982-1993). Durante el gobierno del primero se registraron 153 asesinatos políticos, 327 desapariciones de campesinos, 692 detenciones, 503 secuestrados y torturados.
En el caso de Patrocinio González-Blanco Garrido, un informe de Amnistía Internacional registra que el exgobernador estuvo vinculado a por lo menos 15 crímenes de odio y tres asesinatos de periodistas. Activistas y líderes campesinos, indígenas y magisteriales también enfrentaron la persecución y represión del su gobierno.
El sexenio salinista culmino con las muertes derivadas del levantamiento del EZLN, que fue la violencia de los oprimidos cuando ya no resiste la violencia de los opresores. Además, hay que sumar los magnicidios del candidato priísta a la presidencia de Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, y de José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de 1994.
El sexenio de Ernesto Zedillo se estrenó con la “Operación Arcoíris”, con la que se intentó capturar al subcomandante Marcos y a la dirigencia del EZLN. La acción resultó una pifia política, pues no pudieron detener a nadie y quedó exhibido como mentiroso y manipulador.
En 1995, en el vado de Aguas Blancas, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, fuerzas policiales de la entidad masacraron a 17 campesinos y dejaron heridos a 21 más. El gobernador Rubén Figueroa Alcocer fue destituido del cargo, pero la impunidad cobijó a los responsables.
Algo similar ocurrió en Acteal, Chiapas, municipio en donde el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas de San Pedro Chenalhó fueron asesinados a manos de paramilitares por intentar establecer un autogobierno. Por esos hechos renunció al cargo Julio César Ruiz Ferro, entonces mandatario chiapaneco. Misma suerte corrió el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, pero como en Guerrero, la impunidad protegió a los políticos en turno.
Un hito de la violencia política es el nacimiento de los Zetas, brazo armado del Cartel del Golfo, en 1997, cuando el teniente Arturo Guzmán Decena, el Z-1, se dio de baja del ejército para formar la escolta del capo Osiel Cárdenas Guillen. Para 1999 unos cuarenta exmilitares habían engrosado al selecto grupo de gatilleros,
Los gobiernos de la alternancia panista inauguraron en 2001 su gestión con la represión a los pobladores de San Salvador Atenco, que el 4 de mayo de 2001 se oponían al desalojo de un grupo de floricultores para construir un Wal Mart. El saldo fue de dos muertos y más de 200 personas detenidas “Con casos de tortura y vejaciones, se les mantuvo incomunicados y las mujeres fueron violadas”.
En su primer Informe especial sobre violencia política del Estado, la CNDH también recupera la memoria en torno al asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa ocurrido el 19 de octubre de 2002. Ella “dejó unas videograbaciones en las que acusa al Ejército de cualquier cosa que pudiera pasarle a ella o a su familia”. Fox se comprometió a abrir los archivos de la matanza de Tlatelolco. El proceso en contra del expresidente Luis Echeverría resulto sólo un espectáculo político
En el gobierno de Calderón, entre el 16 y el 21 de mayo de 2007 ocurrió el secuestro y desaparición de 38 trabajadores petroleros en Cadereyta, Nuevo León, incluido el dirigente sindical Hilario Vega, quienes venían luchando por un aumento salarial, se oponían a la privatización de Pemex y disentían del cacicazgo del dirigente nacional Carlos Romero Dechamps. Nunca se supo más de ellos.
Otros casos fueron las masacres de San Fernando, Tamaulipas y de Allende, Coahuila y la guerra contra el narco. Además, los casos de impunidad de Mario Marín, la Guardería ABC
En el sexenio de Enrique Peña Nieto sobresale que entre 2012 y 2015 se dio la represión violenta contra 28 manifestaciones en la Ciudad de México. Más de 504 detenidos arbitrariamente acusados de ‘ataques a la paz pública’ y ‘ultrajes a la autoridad’, muchos de ellos sentenciados y mantenidos en prisión por casi 5 años. A lo anterior hay que agregar las ejecuciones de Tlataya, la represión en Nochixtlán y la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. En todos esto hechos el denominador común fue la impunidad.
El Informe del “Comité Cerezo” informa que entre 2007 y 2023 se han cometido 349 asesinatos contra defensores de derechos humanos, de los cuales con Calderón fueron 67 (19 por ciento); con Peña Nieto, 189 (54 por ciento) y en los cinco años de López Obrador 93 (27 por ciento).
De acuerdo con las cifras de Amnistía Internacional, Global Witness y el Centro de Derecho Ambiental, en 2018 se contabilizaron 108 asesinatos de activistas en una década; de los cuales 85 (66%) eran personas de origen indígena. De 2019 a junio de 2021 se registraron 66.
Por otro lado, se encuentran los asesinatos de periodistas. En el sexenio de Luis Echeverría se cometieron 6; en el de José López Portillo, 12; con Miguel de la Madrid, 33; con Carlos Salinas de Gortari, 46; Zedillo, 24; Fox 22; Calderón 48; Peña 47; López Obrador 43 hasta 2023.
La mayoría de los asesinatos de defensores de los derechos humanos, ecologistas y periodistas han sido políticos, porque han recibido el patrocinio de políticos y empresarios ligados a la delincuencia organizada. La eliminación de todos ellos es parte de los juegos de poder económico o político.
La violencia electoral es una parte de la violencia política, pero esa la dejaremos para el próximo artículo.
