Por Santiago López Acosta
@LpezSantiago
La incontinencia verbal del presidente de la Republica nos ofrece cada vez con más frecuencia, confesiones y declaraciones, algunas de ellas memorables, que sin duda quedaran dentro de los pasajes más recordados del régimen vigente, ya en sus postrimerías.
López Obrador contó en su conferencia mañanera del miércoles 21 que, cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, su gobierno intervenía para pedirle que intercediera en algunos casos para hablar con jueces.
“Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato, todavía cuando había un asunto así de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos porque es que no solo es la libertad aun cuando se trata libertad domiciliaria para políticos sino la delincuencia organizada, con mucho poder”, afirmó el presidente.
Esto lo mencionó al serle pedida su opinión sobre la liberación que le fue concedida a Emilio Lozoya tras dos años en prisión preventiva por el caso Odebrecht. “Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto”, indicó.
Cuando López Obrador asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Arturo Zaldívar ya era presidente de la Corte y desde entonces fue notoria la cercanía y constantes las visitas de este al Palacio Nacional y los acuerdos con la Consejería Jurídica del presidente. Además de la participación de Zaldívar en no pocos actos y eventos oficiales del Ejecutivo, donde el representante del Poder Judicial no tenía nada que hacer.
El entreguismo de Zaldívar en los asuntos donde el presidente tenía interés fue muy evidente y las maniobras que realizo para retrasar temas en la agenda y en votaciones del Pleno de la Corte, cuando así convenía a las pretensiones del poder político a quien servía, los hizo públicos el propio presidente el miércoles pasado. Tal como sucedió con el enorme retraso para abordar las acciones de inconstitucionalidad sobre la Guardia Nacional o la burda maniobra para evitar la mayoría calificada, en tratándose de la reforma eléctrica y, por ende, la declaratoria de inconstitucionalidad. 
Del Presidente ya no es de extrañar su desconocimiento y desprecio hacia la Constitución, las leyes y en general el Estado de Derecho, que seguramente lo harán merecedor de juicio político, procedimientos jurídicos e históricos una vez que concluya su mandato, tarde o temprano será sujeto de los mismos; pero de un jurista que antes del cambio del actual gobierno, tenía un prestigio, bien ganado como profesional del derecho, académico y como ministro de la Corte, haciendo aportaciones muy valiosas, como Zaldívar, es inexplicable, y que haya tirado todo eso a la basura, para convertirse en matraquero de la candidata del oficialismo, con un futuro político muy incierto y ahora por las consecuencias legales que tendrá que asumir, por las revelaciones que se están presentando.
El activista Miguel Alfonso Meza presento denuncia contra el exfuncionario el 22 de febrero, dirigida a la presidenta de la Corte, Norma Lucia Piña Hernández, por abuso de funciones, tráfico de influencias y atentar contra la independencia judicial, entre otras cosas.
Exige que se investiguen “faltas relacionadas con la independencia judicial como la interferencia en las funciones de otros juzgadores que no son sus empleados ni subordinados, sino que tienen que actuar con autonomía”.
También es señalado de que haya existido una negociación entre el jurista y López Obrador para aprobar la reforma judicial de 2021, y que Zaldívar incurrió en una ilegalidad cuando avisó de su incorporación al equipo de la candidata presidencial de Morena, estando aún en funciones como integrante del máximo tribunal. Su renuncia fue aceptada hasta 10 días después, sin justificar la causa grave que prevé la Constitución y la ley. Fue una clara maniobra para dar la oportunidad extraordinaria a López Obrador de nombrar otra ministra de la Corte, por primera vez de manera directa, una militante de su movimiento, aunque no tenga la menor idea de la alta responsabilidad jurisdiccional que se le otorgo. Fue otra forma del desprecio que López Obrador le tiene a la función judicial.
Zaldívar se defiende negando los hechos y aunque intento no contradecir al presidente de la República, las declaraciones de este son meridianamente claras, dejándolo en el penoso papel de “mandadero”, como lo había dicho, sin mencionarlo, el ministro Luis María Aguilar, aseveración que reitero recientemente en un foro de la Barra Mexicana, Colegios de Abogados, en Querétaro.
Zaldívar también señalo que lo que hubo fue dialogo y colaboración con el Ejecutivo Federal, lo cual fue refutado elegantemente por la ministra presidenta Piña Hernández diciendo “no debemos confundir dialogo con subordinación”. Frente a la flagrante afrenta contra la división de poderes y la independencia judicial, tenemos la fortuna que la mayoría de los ministros de la Corte, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación y de buena parte de los integrantes de los poderes judiciales de las entidades federativas, están resistiendo los embates del poder político, y que bueno que así sea, porque son en gran medida, el ultimo dique de contención ante la fuerte embestida de la regresión autoritaria.
La división de poderes y la independencia judicial, entre muchos otros grandes temas y desafíos, estarán en juego en las elecciones del próximo 2 de junio.
