Por Salvador López Santiago
@sls1103
El pasado 1º de marzo inició el período de campañas electorales a nivel federal en el proceso electoral concurrente en curso. Es decir, las y los aspirantes a la presidencia de la República, así como las y los candidatos que buscan una diputación federal o un espacio en el Senado. Por lo que respecta a las campañas en las entidades federativas para renovar 9 gubernaturas, congresos locales, alcandías, concejalías, regidurías y sindicaturas, la duración de esta etapa están establecidos en la ley electoral de cada estado.
Las y los candidatos podrán buscar el voto ciudadano hasta el 29 de mayo y aunque en las sociedades democráticas los resultados comiciales no están escritos en piedra (hay certeza en las instituciones y procesos e incertidumbre en quién va a ganar), es un importante norte conocer lo que muestran las preferencias electorales a poco menos de tres meses de la jornada electoral más grande la historia del México contemporáneo. De manera coincidente con la mayoría de las encuestas, de acuerdo con la elaborada por Enkoll para EL PAÍS y W Radio a finales de febrero, el 69% de votantes tiene definido el sentido su voto y Claudia Sheinbaum, abanderada de la Coalición Sigamos Haciendo Historia (morena, PVEM, PT) aventaja con 30 puntos a Xóchitl Gálvez, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI, PRD) y Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano se ubica en posición irrelevante.
Además de la evidente trascendencia del proceso electoral, es un dato mayúsculo el hecho de que seguramente tendremos a la primera mujer en dirigir las riendas de la nación desde la presidencia. En consecuencia, las y los actores políticos (incluyendo a quienes tienen una candidatura) de todas las expresiones deben actuar con altura de miras y con genuina vocación democrática. Es necesario que los funcionarios públicos mantengan una posición neutral y aquí, un aspecto central es la forma en la que se debe realizar la difusión gubernamental, al respecto, conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda debe tener carácter institucional y fines informativos, por lo que en ningún caso se pueden incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.
En atención a la investidura, el presidente de México tendría que ser el primero en poner el ejemplo y en el marco legal vigente tiene las siguientes prohibiciones: hablar de logros de su gobierno, inaugurar obras, dar balances de gobierno, llamar al voto a favor de un proyecto político, hablar en contra de un candidato, entregar apoyos de programas sociales, por lo cual se adelantaron, entregar despensas, electrodomésticos, u otros objetos. En palabras del propio AMLO, el juicio de la historia, del que nadie escapa (ni él), dirá si es o no demócrata en este momento de la historia.
Las y los mexicanos estamos llamados a ejercer con responsabilidad nuestro derecho de emitir un sufragio universal, directo, intransferible, personal, libre y secreto porque también se renovará el Poder Legislativo depositado en el Congreso de la Unión, que al representar al pueblo en el caso de la Cámara Baja y al pacto federal en el caso de la Cámara Alta, materializan una función medular del sistema político mexicano como lo es la separación de poderes (pesos y contrapesos).
