Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Las elecciones son un pilar fundamental de cualquier democracia. Sin embargo, en México, el proceso electoral se ha visto ensombrecido por el incremento de la violencia política. La cual no puede comprenderse sin considerar el entorno de violencia existente en el país.
Según el estudio de la Asociación Civil “Seguridad, Justicia y Paz”, en 2023 de las diez ciudades más violentas del mundo, siete son mexicanas: Colima (con el primer lugar), Ciudad Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez. México es el país con el mayor número de ciudades violentas: 16 de 50 y, junto con Haití y Ecuador es uno de los tres países con mayor violencia urbana en el mundo.
Sin bien es cierto, parece que la tendencia al incremento anual de los homicidios se ha estabilizado; no por ello deja de ser grave el escenario, pues 2023 concluyó, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 30 mil 523 víctimas de asesinato. Lo anterior va acompañado con más de 113 mil desaparecidos, la mayoría, 99 mil 748 se han registrado desde diciembre de 2006 y el 16 de enero de este año.
Por otro lado, la secretaria de Seguridad Pública Federal ha señalado que seis de las 32 entidades registran casi la mitad de los asesinatos, liderando esta lista Guanajuato. gobernado por el partido Acción Nacional (PAN) lleva años a la cabeza de los estados más violentos, le siguen el Estado de México, gobernado, desde hace unos meses por Morena, Baja California, Michoacán. Chihuahua gobernado por el PAN y Jalisco por Movimiento ciudadano. Se puede deducir que una de las causas de la permanencia de la violencia es la lucha entre los cárteles de la delincuencia organizada por expandir su control territorial.
Según información de AC Consultores el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en 28 estados (con excepción de Campeche, Coahuila, Durango y Sinaloa) y en un universo de 420 municipios, por lo que está en riesgo un 43.5 por ciento de la población.
Por su parte, el Cártel de Sinaloa (CDS) opera en 24 entidades (excepto Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Morelos, SLP, Tamaulipas y Tlaxcala), en un rango de 293 municipios y con un riesgo del 28.6 por ciento de habitantes. El otro grupo importante es el Cártel del Golfo (CDG) con presencia en Aguascalientes, Coahuila, Edomex, SLP, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. La cuarta banda es el Cártel del Noroeste (CDN) integrado en su mayoría por ex Zetas y opera en 12 estados.
El dominio territorial se ha convertido en un aspecto esencial de los negocios delincuenciales. Eso se debe al cambio cualitativo de las actividades comerciales ilegales. Ya no es sólo el trasiego de la droga, que se lograba con sobornar a miembros de la policía municipal, estatal, de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal o del ejército. Sino que las nuevas actividades: el huachicol, el tráfico de personas, el cobro de piso y el control de los mercados locales de consumo de drogas requieren el control territorial y, en consecuencia, la expansión de su dominio.
Especial atención merece el mercado interno de drogas, por sus repercusiones negativas directas en la población. Sólo como ejemplo, en las zonas rurales del Estado de México el inicio del narcomenudeo se dio hace alrededor de quince años, pero se ha incrementado en las pequeñas comunidades desde hace siete.
Es por el control territorial que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación sostienen una cruda disputa territorial en al menos 18 entidades: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Edomex, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Llama la atención que en este espacio de disputa no esté la Ciudad de México.
Por su parte, la consultora Integralia elaboró un informe sobre agresiones políticas de septiembre de 2023 hasta el 21 de abril de 2024. Registró 386 casos (amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y homicidios) con un total de 501 víctimas. Las entidades dónde se identifica un riesgo muy alto para la celebración de las elecciones son: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, porque la delincuencia controla o está en disputa el 80 por ciento de los territorios de esos estados.
Entre las entidades con un riesgo alto se encuentran: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Edomex, Tabasco y Veracruz. Por otra parte, los estados en los que hay más víctimas de violencia son parte de los disputados por la delincuencia organizada: Guerrero (73), Michoacán (56), Morelos (36), Chiapas (34) y Jalisco (32).
Las agresiones se concentran en candidatos a cargo de elección popular locales y de los partidos que son oposición al partido que ocupa la gubernatura del estado. Es así como los candidatos de la oposición afectados suman 107; Morena, PT y Verde con 48 y los otros partidos a nivel local con 26. Los asesinatos fueron 28 en total; 17 contra candidatos de Morena, el PT y el PVEM y contra la oposición 11. A lo anterior hay que agregar el asesinato de un militante del PVEM en San Luis Potosí y la agresión a balazos de un candidato en el Edomex
En diversos estados muchos candidatos han renunciado a contender. Como ejemplo podemos poner a Michoacán, en donde 90 aspirantes a algún cargo de elección popular han renunciado, en tanto 66 candidatos tienen protección de 283 agentes policiales. Otro caso es el de Zacatecas, donde han renunciado 200 candidatas locales de Morena PRI y MC. Todavía no se tiene información sobre las renuncias a nivel nacional y tampoco acerca de la protección que otorgan los gobiernos estatales o municipales a quienes compiten por un cargo de elección popular local.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que hasta el miércoles 23 de abril se habían recibido 360 solicitudes de protección para candidatos. De ellas 300 corresponden al orden federal, incluidas las solicitudes de candidaturas de Guanajuato, que por excepción están siendo atendidas por el INE. Las otras 60 solicitudes son para candidaturas locales. Una semana antes las solicitudes rondaba las 273 y en una semana se incrementaron en casi 90.
También informó que el protocolo de protección de candidatos se reajustó, para otorgar protección inmediata a reserva de evaluar el nivel de riesgo y, en consecuencia, incrementar el número de elementos de seguridad. Además, existen solicitudes de candidatos de alcaldes que solicitan que sea la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional las que se haga cargo de su protección
La violencia política electoral en México es un problema grave que amenaza la integridad de la democracia del país, pues afecta la voluntad ciudadana en el proceso de integración de los poderes públicos. Aunque es necesario tener claridad de que se da como resultado de estar inmersa en un caldo de cultivo violento creado por la delincuencia organizada. La violencia política no se contendrá, si no se controla o al menos se acota el actuar de la delincuencia, esa tarea es responsabilidad esencial del Estado con la coadyuvancia de la sociedad.
