Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
A casi dos décadas de haberse iniciado el conflicto armado entre bandas de la delincuencia organizada y del Estado, no existe una caracterización oficial de la naturaleza del conflicto. Han pasado por la presidencia de la República tres partidos, PAN, PRI y Morena, y ninguno de ellos ha realizado esa caracterización. Su denominador común ha sido tratar el conflicto como un asunto de seguridad pública.
Según la tipología de Uppsala Conflict Data Program, International Peace Researche Institute, 25 muertes anuales son suficientes para considerar un conflicto armado interno como guerra civil. Por otra parte, ACNUR considera que un “conflicto armado interno es todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ejemplos: población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a: 1. demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; 2. la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o 4. al control de los recursos o del territorio.”
Vale la pena comentar que, en este tipo de conflictos armados internos, donde los rebeldes enarbolan banderas ideológicas y políticas. Las causas de estos conflictos pueden ser étnicas, separatistas, religiosas y político ideológicas; claros ejemplos son el Ejército Republicano Irlandés y ETA en el país Vasco.
Otro tipo de conflictos armados son los que se dan con la participación o asociación con la delincuencia. Un caso notable es el de los talibanes en Afganistán; su relación con los productores de amapola les permitió financiar su lucha contra la invasión estadounidense. Al acceder al poder rompieron esa relación y prohibieron la producción de la droga, porque enfrentan un serio problema social de adicción al opio y sus derivados.
En el caso de un conflicto armado interno con participación de la delincuencia, el ejemplo cercano es Colombia. Las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) controlaron a lo largo de décadas la producción de la droga como un mecanismo de financiamiento a su lucha antisistémica contra el Estado colombiano, con el claro fin de acceder al poder político. El elenco que complementaba el escenario eran los cárteles y los grupos paramilitares que también incursionaron en el negocio ilícito.
Los conflictos armados internos que se presentan en Ecuador, Salvador, Honduras, Haití y México son un tipo que tiene algunas similitudes con el caso colombiano, pero también diferencias sustanciales; la más relevante es la ausencia de grupos armados con definiciones ideológicas y con el objetivo de la toma del poder del Estado. Otra diferencia es que los grupos armados de la delincuencia organizada son el manto protector y de confrontación entre ellos o con el Estado, que tienen como fin el control territorial y proteger actividades productivas y comerciales ilegales. En realidad, los grupos armados son un brazo de un conglomerado empresarial delictivo.
De esos brazos armados, los mexicanos son los más desarrollados, se caracterizan por: i) existencia de un mando general, definido como el alto comando encargado de la dirección y de la toma de decisiones del grupo, incluyendo las órdenes de combate; ii) la presencia de divisiones territoriales, cada una con un comandante establecido por el comando general; iii) el establecimiento de brigadas y batallones; iv) la existencia de regulaciones para el orden interno del grupo, lo que determina la estructura organizada y jerarquizada al definir los rangos y obligaciones de cada miembro; v) la existencia de puestos individuales clave, como jefes de profesionalización y voceros; vi) la habilidad de adquirir, transportar y distribuir armas; vii) la capacidad de hablar con propia voz, por ejemplo, por medio de discursos públicos y comunicados; viii) la existencia de cuarteles; ix) la capacidad del grupo armado de coordinar sus acciones y determinar una estrategia militar unificada, así como la posibilidad de conducir operaciones militares a gran escala; x) la disciplina interna dentro del grupo armado; xi) la presencia de un programa de acción; xii) la capacidad de reclutar nuevos miembros; xiii) el entrenamiento militar y el uso de uniformes; xiv) la capacidad de negociar y xv) el control del territorio.
Existen diversas variables para caracterizar el conflicto armado en México. El primer dato por considerar es que, hasta el pasado 15 de marzo de 2024, había un total de 99 mil 729 personas desaparecidas o no localizadas en la República.
Otro dato es el del incremento de los homicidios dolosos. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública al terminar el quinto año de gobierno de Felipe Calderón (2006-2011) se habían dado 95 mil 646 asesinatos dolosos, un promedio diario de 52. Al finalizar el quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2017) el número de los homicidios dolosos había aumentado a 120 mil 437, con un promedio diario de 66 en todo el país.
Al acabar el quinto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2023), el número de los homicidios dolosos llega a los 169 mil 526, el promedio diario asciende a 93. Alrededor del 60 por ciento de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, aunque no existe un dato preciso de los realizados por la delincuencia organizada, es probable que el mayor número de asesinatos sea consecuencia de sus acciones.
Por otra parte, según la ONU, el número de desplazados internos forzado por la violencia generada por la delincuencia organizada de 2006 a 2021 llegó a 385 mil 792 personas, sólo tomando en cuenta traslados masivos de población.
Esos datos son contundentes para concluir que en México existe un conflicto armado interno, aunque con características particulares. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (con sede en Londres) califica este tipo de conflicto en que participa la delincuencia organizada como “Conflicto armado sin rebelión”. En la tipología de los conflictos armados, este es el tipo en que puede encuadrar el caso mexicano.
También caerían en esta tipología Ecuador, Salvador, Honduras y Haití, que han recurrido a declarar el estado de excepción para la intervención directa de las fuerzas armadas. La situación de Haití es extrema, porque en este caso podemos hablar de un Estado fallido, donde la delincuencia ha rebasado a las instituciones. México ha militarizado la seguridad pública, pero sin suspender las garantías individuales.
Definir la naturaleza de ese conflicto no es un asunto menor, es el primer paso para definir estrategias legislativas, para tener un marco constitucional y legal con el fin de definir políticas públicas en diversos ámbitos, que van más allá de la seguridad pública; como son la prevención y tratamiento de las adicciones, programas de desarrollo en las regiones dominadas por el narco, penales, educativas, culturales y otros muchos. Esta caracterización también permitirá ubicar a los actores interesados en la continuidad del conflicto, lo que permitirá neutralizarlos.
En materia de seguridad, el primer paso a dar por el nuevo gobierno será crear un marco constitucional y legal de atención integral al combate a la delincuencia organizada, principiando por presentar un nuevo proyecto de ley de seguridad interior. La dificultad que se enfrenta es que ninguna de las candidatas ha planteado nada sobre este tema del cual parece “no conocen la o por lo redondo”. Este si es un problema.
Aprecio la bonhomía al compartir sus conocimientos de Javier Oliva.
