Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Si bien, es cierto que las encuestas no son la verdad revelada, indiscutiblemente son un elemento relevante para el análisis prospectivo. Una encuesta no es útil para aproximarnos a un análisis objetivo, pero un conjunto de encuestas tiene la cualidad de mostrarnos una tendencia, lo cual nos acerca a un pronóstico certero. La mayoría de sus fallas se derivan de errores metodológicos.
En las dos últimas décadas existen casos relevantes en que las encuestas no han sido certeras en elecciones presidenciales o parlamentarias: Israel (2015), Estados Unidos (2016), Argentina (2019), Australia (2019). Aunque existe el otro lado de la moneda. En el caso de América Latina de las nueve elecciones realizadas entre 2018-2022, en siete casos las encuestas acertaron y sólo dos fueron fallidas. Este último caso se da sobre todo en elecciones con resultados muy cerrados.
Dicho lo anterior, las encuestas otorgan a Claudia Sheinbaum entre el 50 y 55 por ciento de los votos, en prácticamente todos los casos Xóchitl Gálvez está abajo alrededor del 20 por ciento. La distancia existente entre quien ocupa el primer lugar y el segundo permite pronosticar que el triunfo en la competencia presidencial será de la candidata de la 4T. Tal vez no con una diferencia tan amplia como la mencionada en las encuestas, pero si puede ser entre 10 y 15 por ciento.
Ante tal escenario es relevante poner sobre la mesa algunos de los retos, nacionales e internacionales, que enfrentará la nueva titular del Poder Ejecutivo Federal. Del 2 de junio al primero de octubre cuando tome posesión serán meses cruciales para construir una imagen política propia, sin incomodar a López Obrador y sin crear tensiones con el séquito de los que “son más papistas que el Papa”.
Cuatro elementos son claves para un traslado del poder con los mínimos roces posibles. Primero la integración del equipo de transición, el cual deberá limitar las observaciones criticas al desorden administrativo reinante en diversas secretarías de Estado. El segundo es la elaboración de un esbozo de un Plan Nacional de Desarrollo para ponerlo a consideración del Congreso de la Unión, que para atemperar la rispidez ideológica con la oposición tendrá que asumir algunas de sus ideas. El tercero, es la integración del Gabinete Presidencial; la cual tendrá que ser negociada o, al menos, consultada con el presidente saliente. El cuarto es el corsé legislativo con el paquete de iniciativas enviadas en el último momento de la legislatura y el nombramiento de los coordinadores parlamentarios.
Las secretarías clave son Hacienda y Crédito Público, Economía, Energía Relaciones Exteriores, Gobernación, la del Bienestar y la Función Pública si realmente se desea poner énfasis en el combate a la corrupción. Dada la presencia de la delincuencia organizado en la vida social, económica y política del país serán de particular relevancia los nombramientos en las Secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública y, aunque no tengan ese rango la comandancia de la Guardia Nacional y el responsable del Centro Nacional de Inteligencia.
Los retos económicos tienen diferentes aristas y están vinculados a aspectos geopolíticos y geoeconómicos complejos. La vecindad con Estados Unidos y la profundización de la integración a sus cadenas productivas son una limitante para plantear un modelo de desarrollo que dependa menos de los vaivenes de la economía estadounidense. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo es trascendente, porque puede dar los primeros pasos de un desarrollo industrial propio.
También existen signos de contención del crecimiento económico este año. Si bien el crecimiento del PIB fue, en el primer trimestre del 2 por ciento, en el mes de abril fue de 0.1 por ciento. Lo que lleva a un pronóstico de crecimiento este año de 1.7 y, probablemente negativo en 2025, porque se dará una restricción importante de la inversión pública por la conclusión de las obras icónicas del presidente saliente, el incremento de la deuda pública y el déficit fiscal. La relocalización de empresas es una oportunidad de crecimiento económico, demanda la ampliación de infraestructura energética y comunicaciones. Lo cual requiere inversiones multimillonarias, se calculan en 400 mil millones de dólares.
Independientemente quien gane las elecciones en Estados Unidos la sacudida económica vendrá del norte por la revisión del T-MEC. Ya que el gobierno de Biden ha instrumentado acciones que buscan fortalecer la economía local, lo ha hecho sin las estridencias de Trump, pero la élite demócrata se ha percatado que se requiere atender demandas de su población y, como de costumbre colocarán sus intereses sobre los de otros países. Los temas de energía, maíz transgénico y la carta blanca a inversionistas para actuar con espíritu colonialista, como es el caso de la minera Calica, en Quintana Roo.
Existen otros escenarios geopolíticos que tiene incidencia en la relación con los Estados Unidos. La inmigración ilegal de latinoamericanos empujados por la violencia y la falta de oportunidades en sus países, que han colocado a Haití como un Estado fallido. Otro caso es la aprobación por el Congreso estadounidense de la ayuda militar por 61 mil millones de dólares a Ucrania, lo que significa que la guerra continuará.
Otra situación compleja es el genocidio cometido por el ejército israelí contra los palestinos en Gaza. Esta semana España, Noruega e Irlanda anunciaron que reconocerán al Estado Palestino. En cambio, el presidente Biden expresó su desacuerdo. El discurso estadounidense es ambiguo, por un lado, expresa sus deseos de paz en Medio Oriente y por otro defiende a Israel.
Impulsar una política exterior acorde con los principios constitucionales enfrentará tensiones con los Estados Unidos, sobre todo por el ánimo belicista que prevalece en su clase política. Congruencia con los principios aderezada con realismo pueden permitir sortear turbulencias.
El ámbito interno es complejo. La integración del gabinete estará inmersa en presiones y jaloneos de los diferentes grupos de Morena y los vetos de López Obrador; indudablemente será un gabinete de compromiso que se ajustará en el camino entre el segundo y tercer año de gobierno. Una decisión trascendental es, en qué momento nombrara a su posible sucesor o sucesora. Lo designará en el primer gabinete o esperará, para evitar su desgaste político, a integrarlo a mitad de sexenio.
Por otro lado, el Plan C, lograr la mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión, no se ve viable. En este caso Movimiento Ciudadano podría convertirse en el partido bisagra que le otorgará la mayoría calificada para llevar adelante algunas reformas constitucionales que tendrían que ser negociadas. Para lograrlo tendría que aflojar el corsé legislativo heredado por López Obrador que parece fue instrumentado para evitar cualquier negociación de la nueva presidenta con la oposición.
Además, la dirección nacional de Morena tiene que renovarse en el mes de octubre, lo cual es un asunto de gobernabilidad importante.
Otro asunto al que es indispensable aplicarle bálsamo antiinflamatorio es a la relación con la Suprema Corte, en particular con su presidenta, Norma Piña, para lo cual deberá tejerse fino, pues es evidente que la ministra ha tomado una postura política y no ha privilegiado la autonomía e independencia del Poder Judicial, que no es sólo de los otros poderes de la Unión, sino de todo tipo de poder fáctico.
El actual presidente satanizó cualquier forma de diálogo. Al inicio del sexenio hubiera logrado reformar la Constitución en materia energética si hubiera negociado con PRD y MC, pues esos partidos votaron contra de la reforma peñista.
Atender los nombramientos pendientes de múltiples organismos autónomos y consensuar alguna reforma constitucional sobre el tema de la seguridad interna y seguridad nacional serían buenos mensajes. El diálogo no será sencillo; la oposición tiene sus propias reticencias.
En buena medida las posibilidades de diálogo dependen del nivel de legitimidad que otorguen las urnas el 2 de junio y mantener el caballo de la soberbia amarrado.
