Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
La palabra principio viene del latín “principium”, compuesto por tres raíces “primus” el primero, “capere” capturar o agarrar y el sufijo “ium” efecto o resultado. Así las cosas, el principio es el resultado de tomar lo primero. En esta coyuntura tomar lo primero ha sido ganar la presidencia de la República. Pero lo segundo no es menos importante y es ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y aproximarse en la de senadores. Pero, también capear la turbulencia financiera en la semana de los cómputos ofíciales y la persistencia presidencial de sacar adelante sus propuestas de reformas.
Con el resultado de los conteos rápidos dados a conocer en la madrugada del 3 de junio la oposición quedó paralizada, por la contundencia del resultado. Aunque tardíamente reaccionó hasta el martes, contradiciendo su postura inicial de reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum, demandando el voto por voto y casilla por casilla y que impugnaran la elección presidencial por inequitativa.
Tal actitud muestra la carencia de una estrategia de la oposición de cómo reaccionar ante diversos escenarios de derrota. Acciones fraudulentas con toda seguridad las hubo, de eso a un fraude generalizado existe una gran distancia. La diferencia entre el primer y segundo lugar, según el PREP, era de 30 puntos porcentuales confirmada con los cómputos distritales el jueves 6 de junio por la tarde, con lo cual el INE mostró su fortaleza operativa y los integrantes de los consejos distritales su compromiso cívico.
La respuesta de la candidata ganadora fue estar de acuerdo con el recuento; era innecesario pedirlo y aceptarlo, porque la ley lo establece ante cualquier incongruencia en las actas de cómputo de las casillas. Pero, se entiende que era el “juego de las fuercitas” entre la candidata perdedora y la ganadora.
Queda claro que en la cultura política de la clase gobernante el espíritu democrático brilla por su ausencia. Las convicciones democráticas son pendones relucientes en el triunfo, pero en la derrota afloran las intenciones oscuras y el deseo de ganar a toda costa.
La discusión sobre la sobrerrepresentación tiene dos vertientes una ideologizada y otra jurídica. La primera se viste con ropajes justicieros y defiende que la representación de los partidos se dé exactamente en la proporción de los votos que obtuvo cada uno de ellos. Desde el punto de vista de la justicia o equidad así debería de ser, es un ideal.
Nada más que existen reglas para el reparto de la curules entre los partidos políticos. La regla esencial esta en el artículo 54 constitucional, que establece que “Ningún partido podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios” (mayoría relativa y representación proporcional).
Con resultados preliminares la 4T tendría 365 diputados, la oposición argumenta que estará sobrerrepresentada, porque el porcentaje de curules supera el porcentaje de votos obtenidos por la coalición. El centro de la interpretación se encuentra que la Constitución se refiere a que un partido no puede tener más de 300 diputados, pero no establece límite para las coaliciones.
Se puede coincidir de que la regla no es justa ni equitativa, pero lo legal no siempre es justo y equitativo. Vale la pena recordar que esta regla se encuentra en la Constitución desde la reforma de 1989, cuando el PRI y el PAN acordaron un nuevo sistema electoral, que no permitiera que un solo partido pudiera reformar la Constitución. Lo hicieron pensando que sólo ellos dos, poniéndose de acuerdo, podrían realizar las reformas. Así modificaron la Constitución para privatizar los ejidos y darles personalidad jurídica a las iglesias o para materializar las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto.
También en el Senado, la forma de reparto de las curules no es equitativa: El partido con la votación mayoritaria se lleva dos senadurías, la primera minoría una. En su momento esta fórmula de reparto se estableció para mantener la hegemonía del PRI, con dos senadores y otorgarle a la oposición una, sólo por ocupar el segundo lugar. En el caso del Senado la 4T no logrará la mayoría calificad, pero si la absoluta. Cualquier reforma constitucional tendrá que ser negociada con la oposición en su conjunto o con algún partido.
La concentración de poder de la 4T será importante, pues Morena gobernará 23 estados, más San Luis Potosí con el Verde; el PAN 4 (Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua), el PRI dos (Coahuila y Durango), MC dos (Nuevo León y Jalisco). Según datos preliminares la 4T logrará la mayoría en 27 congresos locales.
En el campo económico la candidata ganadora ya está siendo presionada por los centros financieros internacionales. La confirmación anticipada de Rogelio Ramírez de la O, como secretario de Hacienda, no fue suficiente para dar tranquilidad a esos centros de poder.
Los dos primeros días de la semana nos encontramos con la caída de la Bolsa de Valores y la devaluación del peso, para el miércoles parecía regresaba la estabilidad. Pero, el jueves Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena y futuro senador, anunció que, en septiembre, el último mes del gobierno actual, se discutiría la iniciativa de reforma al poder judicial y se volvió a desatar la inestabilidad financiera.
El mismo jueves Claudia Sheinbaum se vio obligada a conversar directamente con el presidente del Banco Mundial, con la directora del FMI, con el secretario general de la OCDE y con los directivos de BlackRock una de las financieras internacionales más importantes del mundo, para insistir en el compromiso de colaboración y mantener las finanzas públicas estables. Por otra parte, también comentó que los temas de energía y el cambio climático serán relevantes durante su gobierno.
El mismo jueves por la mañana Juan Ramón de la Fuente, responsable de la coordinación de la transición gubernamental, en entrevista premonitoria expresó “sin ruptura y sin sumisión”. Por la tarde, Ignacio Mier se replegó y Claudia Sheinbaum declaro que las reforma al poder judicial pasarían por el Parlamento Abierto, para que se diera una amplio análisis y discusión.
Con las declaraciones del presidente el viernes por la mañana, de insistir en la aprobación de sus propuestas de reforma constitucional, se confirma la hipótesis de que Ignacio Mier actuó por órdenes presidenciales. La transición del poder “sin ruptura y sin sumisión” se vislumbra compleja.
Los dos territorios en disputa son el político y el económico. En el primero, tiene dos vertientes la primera se refiere a la certeza, a reserva de lo que resuelva el Tribunal Electoral, de la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión. La 4T tendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores la arañará con 83 curules y se requieren 86.
La certeza electoral plena se dará cuando el Tribunal resuelva todas las impugnaciones que se presenten. Las referentes a la elección presidencial no tendrán ningún impacto. En la que puede suceder un resbalón, a pesar de los antecedentes, que distinguen a los partidos de las coaliciones en la asignación de los diputados de Representación Proporcional, es en la integración de la Cámara de Diputados. La segunda vertiente política es delicada, pues implica contener las pulsiones de poder del presidente.
La economía se sacudió con un golpe especulativo que modificó el escenario, por el juego político del presidente López Obrador de impulsar la aprobación de sus propuestas en el último mes de su gobierno. El juego de fuerzas al interior de Morena cada vez será más ríspido. La transición “sin ruptura y sin sumisión” no será un paseo por las nubes.
