Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
El pacto de dominación neoliberal en México no puede entenderse sin considerar su inserción en las transformaciones económicas y geopolíticas desde los años ochenta del siglo pasado.
El impulso a la política neoliberal se dio con los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989) y Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990) y con los acuerdos del Consenso de Washington (1989) que utilizaron como brazos ejecutores al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Oficina del Tesoro de Estados Unidos.
De las diez “recomendaciones” del Consenso de Washington para los gobiernos, las más relevantes son: disciplina fiscal, la ampliación del número de contribuyentes con el fin de no realizar alguna reforma fiscal que afectara las ganancias de las oligarquías económicas, retiro de subsidios a los sectores sociales marginados, privatización de las empresas del Estado, desregulación del mercado, seguridad jurídica para la propiedad privada.
El otro factor para comprender el modelo es la forma de cómo fueron implementado esas “sugerencias”. El limitado nacionalismo económico llegó hasta el gobierno de López Portillo. El sexenio de Miguel de la Madrid fue de transición al modelo neoliberal, con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari (1988) se asumieron plenamente las “sugerencias” mencionadas.
A la par, con Carlos Salinas se crearon Pronasol y la Secretaría de Desarrollo Social; pasando por PROGRESA durante el gobierno de Zedillo, con transferencias monetarias directas individuales.
Fox creo el programa Oportunidades que dio continuidad al anterior, se ampliaron las becas hasta la educación media superior, también se otorgaron pensiones a adultos mayores de 70 años, se creó el Seguro Popular para atender medicamente a la población sin seguridad social, se aprobó la Ley de Desarrollo Social y se creó el Consejo Nacional de Evaluación. Calderón dio continuidad a los programas sociales con algunos cambios; los emblemáticos fueron Oportunidades, Seguro Popular y 70 y más. Peña Nieto implementó Prospera, Seguro de vida para Jefas de Familia y la Campaña Nacional contra el hambre.
Las políticas sociales implementadas desde 1988 hasta 2018 cumplieron el papel de mitigar los rasgos más lacerantes de la pobreza, fueron asistencialistas, al no estar articuladas a un modelo de desarrollo ni a un modelo de Estado de Bienestar. Su función fue esencialmente paliativa y políticamente legitimadora.
El pacto de dominación se expresa desde diversas perspectivas, la económica, la social y la política. En primera se establecen los acuerdos o imposiciones que construyen los mecanismos de distribución de la riqueza socialmente producida, con intervención de empresarios, trabajadores y el Estado; la segunda implica la intervención directa del Estado en la construcción de instituciones que moderen “la indigencia y la opulencia” y; la tercera edifica los equilibrios políticos que permiten a mantener la gobernabilidad y estabilidad políticas.
En la redefinición del pacto de dominación instrumentada por el gobierno de la 4T existen continuidades e intentos de cambio sin ruptura con las élites económicas.
Desde la perspectiva macroeconómica las acciones del gobierno de la 4T, en buena medida, se han alineado a las “sugerencias” del consenso de Washington que son el corazón de la ideología neoliberal. De esa forma se recortó el gasto público reduciendo el aparato administrativo, sin diseñar una política de modernización de la administración pública.
Se redujo la deuda pública externa, pero se incrementó la interna, lo cual llevó a un incremento de la deuda pública total en 3.1% en 2023. En el ámbito gubernamental se festina que ya somos la décima economía del mundo por la magnitud del Producto interno Bruto, el primer exportador hacia los Estados Unidos y el tercer exportado de automóviles. Medir el desarrollo sólo por el crecimiento del Producto Interno Bruto es una forma de ocultar la desigualdad social.
La estrategia de construir grandes obras de infraestructura: aeropuerto Felipe Ángeles, el tren maya, la refinería de Dos Bocas, el tren transístmico y el aeropuerto de Tulum, tuvieron un impacto regional al proporcionar empleo y dinamizar el comercio, pero son insuficientes para delinear un modelo de desarrollo alterno al neoliberal.
El gobierno ha intentado recuperar la rectoría energética rescatando Pemex, la CFE y el litio. Ha intentado que el Estado recupere su función de rectora en la producción de energía. De 2018 a 2024, el salario mínimo ha aumentado 88.6 % (por arriba de la inflación), cerca del valor que tenía en 1985. En el mismo periodo el salario base de cotización del IMSS, de 21.9 millones de trabajadores formales, ha crecido 20.8 % en términos reales, de diciembre de 2018 a junio de 2023.
La estrategia de obligar a los grandes contribuyentes a pagar impuestos legalmente establecidos y terminar con las exenciones fiscales ha permitido incrementar los recursos del erario en 13.1 % más que el gobierno de Peña Nieto. Alrededor de 500 mil millones de pesos, casi la misma cantidad que Calderón y Peña Nieto condonaron a las grandes empresas: 413 mil 258 millones de pesos.
Por otra parte, los más ricos del país, desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2024, incrementaron sus fortunas en el 82.5%. Por encima del resto de los más ricos de Latinoamérica, 35.7; de los mercados emergentes mundiales, 72.5 y del promedio global general, 78.
La estrategia fiscal de la 4T ha sido la de ampliar la base de contribuyentes. El actual presidente y la futura presidenta plantean que queda margen si se incluyen a los trabajadores informales, que representan el 57% de la mano de obra ocupada.
Indiscutiblemente los programas sociales (Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores y Sembrando Vida) instrumentados por López Obrador, independientemente de sus deficiencias operativas y de ser asistencialistas han tenido un impacto positivo en los sectores beneficiados.
Las continuidades de la 4T con el modelo neoliberal saltan a la vista en la política macroeconómica, en particular la fiscal de no gravar progresivamente a la élite económica. Al no haber reforma fiscal la política social es financiada por los causantes cautivos, que en su mayoría son los asalariados (llámense clase media o proletariado). El que los empresarios evasores paguen sus impuestos no es un cambio al pacto de dominación, sino que es que al menos cumplan con la legalidad el pacto neoliberal.
En lo político el objetivo central es desplazar a la élite política del antiguo pacto de dominación integrada mayoritariamente por priístas y panistas y en el camino demoler algunas instituciones autónomas, con el argumento de que son muy costosas, pero en realidad son un obstáculo para impulsar sus propuestas económicas o son incomodas políticamente.
Es indiscutible que la justicia es una deuda con la sociedad y ni los neoliberales, ni este gobierno se ocuparon de atender el problema. La propuesta de la 4T sólo toca el tema de la elección de los jueces y deja en la oscuridad una serie de aspectos relevantes, al no considerar la amplitud y complejidad del asunto.
En materia electoral pretende reducir a las minorías al “mínimum minimorum” de la representación política. Sin dejarles la posibilidad de convertirse en mayoría en un futuro, así sea lejano. Eso es antidemocrático.
Dos son las grandes deficiencias del gobierno que concluir, más allá de la popularidad de los programas sociales no se definió un modelo de Estado de Bienestar. En este terreno los fracasos más relevantes son en educación, salud, medio ambiente sano y vivienda. Por otra parte, no existió un programa de desarrollo industrial esencial para construir un modelo de desarrollo, que permitiera construir una sociedad menos desigual.
Es tarea del nuevo gobierno enmendar yerros y avanzar en cambiar el pacto de dominación del pasado. Aunque uno de los problemas esenciales de la 4T es que sólo se escucha a si misma y peca de creer que el poder es eterno, y lo es, como el amor, hasta que se acaba.
