Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
El análisis de un hecho político concreto relevante pasa necesariamente por mirarlo bajo el prisma del contexto de la historia o de la coyuntura o de ambas. Es el caso de la reforma constitucional en materia judicial, pues debemos ubicarla en el proceso de reconfiguración del pacto de dominación, que es parte de la construcción de nuevos equilibrios políticos derivado del desplazamiento de la antigua élite política por otra.
El aparato judicial constituido por jueces, magistrados y ministros es parte de la élite política en el poder, aunque tiene características particulares y su actuar, al menos teóricamente, está limitado por el entramado de las reglas jurídicas.
Es así como, con un mínimo de objetividad se puede concluir que el sistema de justicia del país requiere ser saneado. La putrefacción que campea en el ámbito judicial nacional, con las honrosas excepciones de siempre, es una debilidad del sistema democrático. El nepotismo existente en el poder judicial sólo es la punta de iceberg.
Sin un poder judicial que se apegue no sólo legalmente, sino éticamente a los mandatos de la ley no podemos aspirar a un Estado de Derecho sólido y, en consecuencia, no podemos hablar de la existencia de una democracia integral.
El sistema de justicia tiene diversos escalones: las policías municipales y estatales, la Guardia Nacional, las fiscalías General de la República y de las entidades federativas y naturalmente los jueces. Es evidente que la sola elección de los jueces, magistrados y ministros no atiende la compleja problemática de la impartición de justicia en el país.
Los discursos de los defensores de la reforma constitucional aprobada argumentan que con la elección de los jueces se terminará con la corrupción y, la de los detractores de que es el fin de la democracia son demagógicas. Algo lamentable es que la oposición no tiene una propuesta alternativa, no ofrece nada. Es una oposición insípida. La reforma aprobada no mejorará sustantivamente la impartición de justicia, corre el riesgo de pronto caer en los mismos vicios que critica. Tampoco automáticamente se instaurará una dictadura. El fondo de la disputa por la reforma constitucional judicial es político, es un forcejeo por espacios de poder.
Estamos viviendo una transformación del pacto de dominación en la que una nueva élite en el poder ha desplazado a la antigua; aunque en la nueva una parte es transfiguración de la anterior. Se está dando un cambio de élite, acompañado también de una transición generacional. De 2018 a 2024 se desplazó a la antigua élite del Poder Ejecutivo Federal, de la mayoría de las gubernaturas del país, en los congresos federal y la mayoría de los congresos estatales.
Morena y sus aliados no tienen los suficientes cuadros técnicos para que, con el sistema vigente fueran ocupando el aparato jurisdiccional nacional. Como “el demonio está en los detalles” debemos referirnos a un par de ellos, que son claves para tener el control sobre la definición de las candidaturas y, naturalmente de las designaciones.
Primero, el requisito de antigüedad en el título profesional pasó de diez años a cinco y, aunque se pida promedio general de 8 en la licenciatura y de 9 en las materias relacionadas con el cargo que desee ocupar el candidato se abre el abanico a que muchos de los aspirantes sean menores de treinta años.
Segundo, la idea de comités de selección, que definen a los candidatos finalistas, para que las cámaras de Diputados y Senadores realicen diversos nombramientos fue retomada, de los comités se crearon para vestir de legitimidad los procesos de elección de los altos funcionarios de los organismos autónomos, pero, a la par para que sirvieran de filtro con el fin de que ninguna persona incomoda a los partidos mayoritarios (léase PRI, PAN y PRD) se fueran a colar a la final.
En el caso de la elección de jueces, magistrados y ministros, cada poder de la Unión integrará un Comité de Selección integrado por cinco personas con trayectoria jurídica, que evaluará el cumplimiento de los requisitos e identificará a los aspirantes mejor evaluados.
Para el caso de los aspirantes a ser ministros de la Corte, magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial cada comité de evaluación escogerá diez precandidatos para cada puesto a elegir; posteriormente insacularán a quienes finalmente integrarán la lista que se enviará a los titulares de cada uno de los tres Poderes de la Unión.
De la lista anterior, el presidente podrá proponer hasta tres candidatos; las cámaras del Congreso de la Unión uno cada una, elegidos por una mayoría de los dos tercios de legisladores y la Suprema Corte podrá proponer hasta 3 candidatos electos por una mayoría de seis votos.
Para el caso de los magistrados de circuito y jueces de distrito el procedimiento será el mismo. El presidente de la República y la Suprema Corte podrán postular dos personas cada uno; las Cámaras de Diputados y Senadores uno cada una.
El procedimiento para la elección de jueces, magistrados y ministros está diseñado para que el partido, y sus aliados, en el poder tengan el control casi total en la determinación de las candidaturas y, en consecuencia, de los que serán elegidos por el voto popular.
La oposición se ha escandalizado porque la senadora y el senador del PRD se sumaron a la bancada de Morena, pero sobre todo por la ausencia de un senador de MC y la deserción en la votación de un senador del PAN, lo cual permitió aprobar la reforma constitucional en materia judicial.
Más allá de la estridencia discursiva la causa esencial de que esas maniobras se puedan realizar es que muchos miembros de la clase política tienen “la cola larga” y, a pesar de eso, o más bien por las complicidades que se derivan de eso, sus partidos los postulan reiteradamente a cargos de elección popular.
Los ministros, en particular la ministra presidenta, no se dieron cuenta del terreno en que se estaba dando el diferendo. Sin duda alguna los ministros de la Suprema Corte tienen el derecho de expresar su desacuerdo con una reforma constitucional, pero de eso a convocar a un paro de labores en el Poder Judicial Federal y participar en manifestaciones en contra de la reforma constitucional es, del todo, inconstitucional.
Por otra parte, varios jueces han resuelto suspensiones provisionales. Algunos constitucionalistas argumentan que es factible interponer una acción de inconstitucionalidad por vicios en el procedimiento de la reforma, pero el proceso legislativo no se ha detenido, ni se detendrá.
El triunfo en la elección presidencial de Claudia Sheinbaum fue contundente. Su triunfo era predecible, pero no con la mayoría que obtuvo. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados se logró con las reglas jurídicas expedidas por la élite que ha sido desplazada del poder y que, en el pasado se vio beneficiada; con la instrumentación de las maniobras políticas requeridas para “flexibilizar” voluntades con el fin de lograr la mayoría calificada en la Cámara de Senadores.
La aprobación de la reforma constitucional sobre la organización de los poderes judiciales de la Federación y entidades federativas es una señal inequívoca de una acumulación de poder en la figura presidencial, inédita en el último cuarto de siglo. También lo inédito es que esa concentración se logró, en primero lugar por medio de los votos.
La oposición no tiene relevancia ni política, ni programática. Los retos de la nueva presidenta serán resistir las presiones de los centros financieros internacionales, negociar con los empresarios nacionales y manejar la influencia de AMLO ejercida por medio de la presencia de su hijo Andrés López Beltrán, a quien pareciera quiere perfilar como el delfín para la sucesión de 2030. O sea, que no está nada fácil la faena de gobernar.
