Por Gilberto Salazar
El 5 de septiembre de 2019, en sesión ordinaría de la Cámara de Diputados, en la que, se votó la integración de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXIV legislatura, Porfirio Muñoz Ledo✞, entonces presidente de la Mesa, fue llevado al límite por la forma tan atropellada en que sus compañeros legisladores ejercían su función. Desesperado y frustrado soltó la frase que quedó para posteridad: “!Chinguen a su madre, qué manera de legislar!”[1].
Así, sin quererlo, Don Porfirio, vaticinó sobre lo que vendría en ésa y subsecuentes legislaturas; pues cada vez que tenemos noticia de lo que hacen en las Cámaras del Congreso General y en las legislaturas de los estados, no podemos más que repetir esa icónica frase, y es que sí, ¡Vaya manera de legislar, la que estamos atestiguando en la actualidad!
Ejemplos sobran, sin embargo, por su importancia y posibles implicaciones, sólo me referiré brevemente a la polémica Reforma al Poder Judicial, en la que en pocas palabras, se plantea separar de sus funciones de manera sumaria, sin darles la oportunidad de ser escuchados y vencidos en juicio, a ministros de la Corte, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, y sus equivalentes en los estados de la Unión; para que, quienes vayan a relevarlos, sean electos mediante voto popular.
Esa disposición que dictó en el último tramo de su administración el ex presidente López, se acató como lo marca el manual de los legisladores que integran la coalición dominante en el Congreso General: “sin moverle una coma”; pues en palabras del entonces dirigente nacional del partido mayoritario, lo importante era darle al presidente “un gran regalo, como una gran despedida, como un gran homenaje”[2]. En pocas palabras: ¡cumplirle un caprichito!
Como saben, la reforma avanzó, se aprobó y fue publicada en los términos que fue propuesta el 15 de septiembre pasado; todo esto, sin haberse realizado un diagnóstico que permitiera identificar las áreas de oportunidad y determinar, mediante el análisis, intercambio de ideas, recuperación de experiencias y propuestas, a través de foros de consulta, pero en serio.
Así, una vez que se publicó la mentada reforma en el Diario Oficial de la Federación, y ante la incertidumbre generalizada sobre la forma en que se habría de implementar la elección de juzgadores, la vocería de la mayoría legislativa en San Lázaro, anunció que todos esos detalles serían aclarados en las leyes secundarias; sin embargo, el Presidente de la Junta de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados, apenas dos días después de su publicación, reconoció desconocer el costo que tendrían las elecciones de jueces, ministros y magistrados en 2025[3].
¿Qué significa esto? simple y sencillamente que los foros que se realizaron para la Reforma no fueron más que una simulación, y como consecuencia, nadie se ocupó de realizar un diagnóstico, revisión sistemática y proyección del impacto que tendría su implementación, no solo en la legislación secundaria; sino saber, antes de activar al Poder Reformador de la Constitución una cuestión elemental ¿Cuánto costaría la elección de ministros, magistrados y jueces a los mexicanos?; y a partir de ello, definir si era buena idea, si valía la pena destinar esos recursos a esa ocurrencia; y en su caso, buscar alternativas de solución ¡Nada de eso!
Como suele ocurrir en la vida, lo que mal inicia, mal termina; y aunque el proceso de reforma al Poder Judicial por lo que hemos visto está lejos de terminar, ya salieron a la luz algunos duendes que se les colaron a los oficiosos legisladores que integran la mayoría en las Cámaras del Congreso.
Primer strike: Con las prisas no se dieron cuenta que con la reforma que aprobaron y seguro nadie leyó, se produjo un primer problema, los artículos 94 y 97 de la Constitución establecen un método distinto e incompatible uno con el otro, para la elección de la presidencia de la Suprema Corte, así como el periodo de su duración. La solución: fácil, se volverá a reformar la Constitución, ¡faltaba más![4]
Segundo strike: Se les olvidó que existen tribunales electorales locales, cuyos integrantes actualmente son designados por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado, ¿no que se elegirían a todos los jueces y magistrados por voto popular?; la solución: ¡una vez más a reformar la Constitución!, el Senador Monreal ya presentó cono todo sigilo la iniciativa correspondiente.
¡Oigan, ya que andan en eso!, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para que se elija por voto popular a magistrados de tribunales administrativos, laborales y agrarios?; ¿o esos por qué no están considerados?
Tercer strike: No tomaron en cuenta que conforme a las reglas vigentes hasta el día de hoy, existe la posibilidad de que tanto jueces federales, como la Suprema Corte, revisen la regularidad del proceso de reforma a la Constitución, con lo que existe la posibilidad de que se declare su invalidez. La solución: pues ¡ooootra vez!, a reformar la Constitución para que eso no sea posible.
Por esa razón, la semana que pasó se generó una nueva polémica, y no con falta de razón, pues ya entrados en gastos, los machuchones de San Lázaro, propusieron reformar incluso el artículo 1 de la Constitución Federal para que a naiden se le ocurra inaplicar ninguna norma por control de convencionalidad.
Afortunadamente aún hay voces sensatas y ese exabrupto no pasó, habría sido muy grave que se votara en sus términos, dejando muy mal parado al Estado mexicano en el concierto internacional (¡¡¿¿Maaaas??!!); pues implicaba ir en contra del principio de progresividad en materia de Derechos Humanos.
¡No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va!
Con independencia del contenido de la reforma al Poder Judicial y los parches a la Constitución que seguiremos viendo hasta que por fin concluya ese proceso de reforma; lo más grave del asunto es lo que resulta de esa manera de legislar: ¡Al golpe!
Al parecer la mayoría legislativa opera en contra de la lógica, pues primero aprueba las reformas a la Constitución, y después se ocupa de analizar sus impactos, implicaciones y costos.
Así, todo parece que en materia legislativa el Estado mexicano va al garete, resolviendo sobre la marcha; como se suele decir en administración pública: a bomberazos, es decir, sin planeación.
Por cierto, el INE recién incluyó en su proyecto de presupuesto para 2025 la friolera de 13 mil millones de pesos sólo para la elección de personas juzgadoras.
En contraste, en 2018, la mayoría legislativa en San Lázaro pugnó por la desaparición de Organismos y Tribunales Electorales Locales, pues afirmaban que “se gastaba mucho en elecciones”, ¡Qué cosas!, ¿No?
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[1] https://youtu.be/64LW_WNW7-8?si=xASOjlqKn9CDVhHp
[2] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mario-delgado-pide-al-pt-reforma-judicial-como-regalo-de-jubilacion-para-amlo/
[3] https://www.reporteindigo.com/reporte/leyes-reglamentarias-de-reforma-judicial-listas-en-dos-meses-mas/
[4] https://www.infobae.com/mexico/2024/10/08/ricardo-monreal-reconoce-errores-de-contenido-en-la-reforma-al-poder-judicial-de-amlo-alistan-proyectos-para-corregirlos/
