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La reforma electoral de la 4T ha sido un concierto en tres tiempos. El primer intento fue la iniciativa de reforma constitucional presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2022. En lo esencial esa propuesta tenía los objetivos la obtención de recursos financieros (se calcularon en 20 mil millones de pesos), para culminar las obras icónicas del sexenio; fortalecer la legitimidad gubernamental y obtener una mayor centralización del poder.
Los aspectos centrales de esa iniciativa de reforma fueron: 1. la transformación del INE en INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) y la consecuente desaparición de los institutos electorales de los estados; 2. Desaparición de los tribunales electorales de las entidades federativas; 3. Los consejeros del INE serían electos por votación universal y su número pasaría de 11 a 7; 4. La disminución de la Cámara de Diputados a 300 legisladores, electos por Representación Proporcional Pura con 32 listas de candidatos, una por estado; 5. La desaparición del financiamiento ordinario para los partidos políticos; 6. Reducir el número de legisladores en los congresos locales; 7. Bajar el umbral para validar la revocación del mandato; 8. Ampliar las excepciones para difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.
Ante la derrota anunciada en el Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma constitucional del presidente, en 2023 presentó el llamado Plan B consistente en iniciativas de reformas a las leyes secundarias en materia electoral.
Los principales aspectos propuestos para reformase fueron: 1. Reducción del 85% del personal del servicio profesional del INE; 2. Desaparición de la mayoría de las juntas distritales y vocalías, dejando a una persona responsable de todas las actividades; 3. Relevo inmediato del Secretario Ejecutivo y fortalecimiento del órgano interno de control del INE; 4. Desaparición de la Junta General Ejecutiva; 5. Dar resultados el mismo día de la jornada electoral; 6. Nombramiento de representantes de casillas en última hora; 6. Expedición de documentos para votar en el extranjero por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En diciembre de 2022 las reformas fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y el 22 de febrero de 2023 en el Senado. El 8 de mayo de 2023 La Suprema Corte declaró inconstitucionales esas reformas.
En marzo de 2023, el presidente anunció la posibilidad de un Plan C, que, en primer lugar, consistiría en pedir a la gente que no votara por el bloque conservador. Pero el 5 de febrero de 2024, como parte de una estrategia electoral, el Plan C se transformó en 18 iniciativas de reformas constitucionales.
Como puede deducirse la reforma electoral era parte de una estrategia legislativa, política y propagandística más amplia, pero que, junto con otras reformas, sobre todo la desaparición de los organismos autónomos, abonan el camino de devolución de atribuciones al Poder Ejecutivo Federal y a una mayor concentración del poder.
Es parte de la normalidad democrática en el mundo que los partidos que acceden al poder, si las correlaciones de fuerzas les favorecen, busquen modificaciones al sistema electoral que les favorezcan prolongar su estancia en el poder. Por ejemplo, en Francia se ha intentado, en diversas ocasiones, modificar la cartografía electoral, para favorecer a los candidatos del partido en el poder. Pero, hay que decir que existen límites sistémicos, de gobernabilidad y estabilidad políticas, que los partidos no rebasan.
En el caso de nuestro país, ante la inédita correlación de fuerzas favorable a la 4T, la iniciativa de reforma constitucional presentada por López Obrador, que será la base de la discusión, e independientemente de la que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene contenidos regresivos en temas sustanciales para la funcionalidad de un sistema democrático.
El Plan C en materia electoral tiene coincidencias y diferencias con los planes A y B ya mencionado. Sus puntos más polémicos son:
1. Disminuir el número de diputados de 500 a 300 electos por el sistema de mayoría relativa, lo cual lleva a la desaparición de los diputados de representación proporcional.
2. En cada estado sólo se elegirán dos senadores de mayoría relativa y uno para la primera minoría.
3. Disminución del tamaño de los congresos locales, según su población, que pueden ir de 15 a 45.
4. Disminución del número de regidores en los ayuntamientos, dependiendo de su población. Menores de 60 mil habitantes 1, de 60 mil a 300 lo, tres, de más de 300 mil 5.
5. Transformación del INE en INEC y desaparición de los Institutos electorales locales
6. Elección de 7 consejeros, el más votado será el presidente. Los candidatos serán propuestos por los tres Poderes de la Unión.
7. Disminución del financiamiento a los partidos. Hoy se calcula la bolsa de dinero a repartir entre los partidos, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el valor del 65% de la UMA (Unidad de Medida y Actualización). Se propone que ahora el número de ciudadanos inscritos en el padrón se multiplique por el 33% del valor de la UMA.
Los primeros cuatro puntos inciden en la conformación de la representación política en los tres niveles de gobierno. Las consecuencias de la aprobación de la propuesta como está es que las minorías ciudadanas prácticamente no tendrán representación en la Cámara de Diputados, podrán mantener alguna presencia en el Senado y en los ayuntamientos también quedarán con posiciones marginales, eso si se mantiene la representación proporcional en los ayuntamientos.
De aprobarse este punto de la reforma, la izquierda gubernamental estará escupiendo al cielo y negando su propia historia en la construcción de un sistema electoral en el cual cabían todas las voces del mosaico social y político de México.
La reforma electoral del periodo neoliberal de 2014 tuvo un rasgo esencial: la centralización. Lo cual atentó en contra del sistema federal establecido en la Constitución. La centralización de la organización de las elecciones en el INEC y la consecuente desaparición de los organismos electorales es más centralista que la de 2014. Morena y sus aliados están resultando más neoliberales que los neoliberales.
El cúmulo de atribuciones del INEC tendrá dos posibles consecuencias, una institución gigante o, por otro lado, un alto grado de incompetencia derivado de una gran debilidad organizacional para enfrentar logística y políticamente la organización de las elecciones. La centralización de la organización de las elecciones tiene riesgos para la gobernabilidad y estabilidad políticas ante la incapacidad del INEC de administrar los conflictos político-electorales en las entidades federativas.
La elección de los consejeros de INEC por medio de una votación universal tiene como primer problema el costo. Al igual que la elección judicial, se hará evidente la intención controladora gubernamental. Los comités de selección son, en los hechos, una ficción, porque al final de cuentas, para decirlo con suavidad, son inducidos para que pasen a la selección final las personas que están en las preferencias de quienes detentan el poder. En el pasado eran las propuestas de los partidos, hoy es un solo partido.
La disminución del dinero público a los partidos es socialmente popular, pero es necesario modificar el modelo de financiamiento. La reducción es un aspecto particular del modelo. Los otros dos aspectos esenciales para cambiar son las reglas del financiamiento privado y las obligaciones de los partidos, que tienen un elevado costo financiero.
Las propuestas de la presidenta Sheinbaum de no reelección consecutiva y la limitación del nepotismo pueden ser positivas, si quedan reguladas con precisión. El problema es la herencia del Plan C, que fue elaborado en la lógica de favorecer la permanencia en el poder de la actual élite política. Morena debería mirarse en el espejo de los ahora partidos de oposición.
