Por Salvador López Santiago
@sls1103
El pasado 3 de julio se cumplieron 66 años del voto femenino en México, lo cual ocurrió en el marco de las elecciones federales de 1955, cuando se eligió a quienes integraron la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados. La conmemoración obliga a la reflexión y a riesgo de caer en lugares comunes, debemos decir que nadie puede negar lo avanzado en el fortalecimiento de los derechos políticos-electorales de las mujeres; pero sin demeritar lo conseguido hasta ahora, es incuestionable la persistencia de desafíos pendientes.
Las mujeres han enfrentado todo tipo de adversidades y paulatinamente han demostrado que no solo es su derecho, sino que también tienen talento de sobra para contribuir a la construcción de la vida democrática de nuestro país y, desde luego, al desarrollo nacional. Ni regalos ni concesiones graciosas, cada una de las conquistas alcanzadas son producto del esfuerzo de generaciones de mujeres valientes y decididas que inspiraron a otras mujeres y también a hombres para formar un solo frente que camina y debe seguir caminando hacia la construcción de una sociedad con igualdades y derechos plenos para todas y para todos.
Algunos antecedentes se remontan a 1910 en Puebla, con Carmen Serdán y su campaña antirreeleccionista encabeza por Francisco I. Madero; 1916 con Hermila Galindo solicitó al Congreso Constituyente de 1917 el reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres; y entre 1922 y 1924, Felipe Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán reconoció el d-derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales y Elvia Carrillo Puerto fue la primera candidata electa al Congreso de Yucatán.
En el plano legislativo, el 24 de diciembre de 1946 la Cámara de Diputados reformó el artículo 115 constitucional para establecer que: “Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado… En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”. El 17 de octubre de 1953, las mujeres mexicanas alcanzaron los mismos derechos políticos que a los hombres, luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional, quedando de la siguiente manera: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”, y dos años después acudieron a las urnas.
Entre las acciones más relevantes del Estado mexicano en favor de los derechos político-electorales de las mujeres están el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado el 14 de enero de 2008, legislación donde se instituyó una cuota de 40% de candidatos propietarios del mismo género —procurando la paridad—; la Reforma Política-Electoral del 10 de febrero de 2014, que estableció a nivel constitucional el principio de paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales; y las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en marzo de 2020, para ampliar la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género y evitar que se anulen o menoscaben los derechos electorales de una o varias mujeres en su libre ejercicio de derechos en la función pública, tanto para una precandidatura, candidatura o cargo público.
Sin ir lejos, antes de la jornada electoral del pasado 6 de junio, solo dos de las 32 entidades federativas (6.25%) eran gobernadas por mujeres: Sonora con Claudia Pavlovich y la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Después de la elección, la lista pasó de dos a siete (Sonora ahora tendrá como gobernante a Alfonso Durazo). A la mandataria de la capital del país se sumaron: Marina del Pilar Ávila en Baja California; María Eugenia Campos en Chihuahua; Indira Vizcaíno en Colima; Lorena Cuéllar en Tlaxcala; Layda Sansores en Campeche; y Evelyn Salgado en Guerrero. Siete mujeres gobernadoras en México (21.85% de las 32 entidades), puede parecer una cifra menor, pero está lejos de serlo si tenemos en cuenta que antes de la elección de 2021, el total de mujeres gobernadoras en toda la historia era de nueve.
Otro caso que pone el relieve el empoderamiento femenino es la conformación paritaria del Gabinete presidencial, cabe destacar que Secretarías de Estado medulares como Energía y Gobernación están dirigidas por mujeres, Rocío Nahle y Olga Sánchez, respectivamente. Además, si bien es cierto que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados que está por concluir el 31 de agosto ha sido reconocida como la Legislatura de la paridad (48.2% mujeres y 51.8% hombres); también lo es que en la elección de 2021 se avanzó todavía más hacia ese equilibrio anhelado. La LXV Legislatura, que iniciará funciones el 1 de septiembre, estará conformada por 49.6% de mujeres y 50.4% de hombres.
A pesar de los esfuerzos referidos y otros de igual naturaleza, las elecciones 2021 se han presentado como las más violentas para las mujeres. De acuerdo con La Observatoria Todas Mx, durante el proceso electoral de este año, fueron asesinadas 21 candidatas y se registraron más de 100 denuncias a candidatos por violencia de género. Los datos son desgarradores y no se pueden minimizar, mucho menos normalizar. Es urgente un cambio radical, si no es así, seguiremos estando lejos de romper el llamado techo de cristal en el desarrollo de la vida pública. El acceso de las mujeres al poder público debe ser por méritos —capacidad tienen de sobra— y no por una cuota como ocurrió en Guerrero, donde pareciera que el estado se convirtió en la plaza de una familia.
Además, el respaldo a las candidatas debe ser uniforme. Es difícil de entender lo acontecido en la elección municipal de Zitácuaro de 2018 y de 2021, porque a pesar de la trascendencia que tiene el municipio en la geografía electoral de Michoacán en las dos ocasiones la coalición que abandera la 4T ha dejado sola y a su suerte a Rosy Salinas, candidata a la que hace tres años le robaron la elección (el gobernador Aureoles, el expresidente municipal y candidato Carlos Herrera, y las autoridades electorales municipales y estatales) y que fue abandonada por PT y Morena; y en 2021, nuevamente quedó relegada ante una maquinaria operada por el propio gobernador Aureoles y la coalición Va por México encabezada por Antonio Ixtláhuac Orihuela. En cambio, el propio partido Morena impulsó a candidatas que estuvieron lejos de cumplir las expectativas generadas en 2018, así como ocurrió en La Paz, Estado de México —municipio en el que vivo—, donde Olga Medina tuvo una administración modesta —por decir lo menos— y fue premiada con una candidatura para buscar su reelección que terminó en una alternancia que regresó al PRI a la presidencia municipal y de paso fue factor —también hubo fallas en los candidatos de la 4T al Congreso local y federal—, para las contundentes derrotas en la diputación federal y la diputación local, al no lograr desprenderse de la poca aceptación de la alcaldesa.
El camino recorrido en las últimas décadas es importante, pero siguen siendo muchas las áreas de oportunidad. Sin medias tintas, sin titubeos, sin favoritismos y mucho menos, sin imposiciones de grupos dentro de los partidos políticos, es urgente que para todos los actores involucrados sea prioritario el fortalecimiento y ampliación de los derechos político-electorales de las mujeres. La consolidación de los derechos político-electorales exige lo mejor de todas y de todos; y en lo personal, es un honor poder caminar a lado de una líder social auténtica que además de ser una honorable representante de la transformación de la vida pública en México, es la máxima exponente del Hebertismo.
