Por Salvador López Santiago
@sls1103
Las elecciones y todo lo que éstas implican son temas vistos como ajenos por la mayoría de la población dentro del imaginario colectivo. Esta situación cambia cuando las decisiones de los representantes elegidos por sufragio universal tienen un impacto en nuestra cotidianidad, en especial si se trata de uno que percibimos como negativo. Es en ese momento cuando reluce la trascendencia de la gobernanza electoral y lo importante que es tener autoridades objetivas, imparciales y profesionales encargadas de la función electoral.
Las elecciones periódicas y libres son parte de la normalidad para muchos de nosotros, pero no siempre fue así. En el México posrevolucionario, el origen caudillista que tenemos como nación hizo necesario recorrer un camino largo y complejo para lograr la democratización del país y aunque persisten desafíos, sería incorrecto desdeñar el andamiaje jurídico e institucional que se ha construido mediante diversas reformas político-electorales impulsadas a un proceso de liberalización.
La gobernanza electoral y autoridades garantes de la legalidad, veracidad y certeza de los comicios es crucial. Más allá de qué candidato, partido político o coalición obtenga el triunfo en las urnas, lo esencial es que las elecciones se mantengan como el medio legítimo y legitimado para acceder al poder político no sólo en la narrativa, sino en el mundo factico. ¿Hay pendientes?, desde luego que sí, pero a diferencia de la primera parte del siglo XX, luego de la revolución mexicana donde la vía de las armas era la que se imponía o de la década de los setenta cuando las elecciones carecían de importancia política mayor al carecer de cualquier función democrática y representar un instrumento para asegurar la posición hegemónica del PRI, actualmente sí se protege la voluntad popular.
Cuando se instalan prácticamente todas las casillas proyectadas para una elección, cuando se capacita a todos los ciudadanos que resultaron insaculados, cuando hay transparencia en la configuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, cuando se informa de cada etapa del proceso electoral y cuando existe certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad alrededor de los comicios y de la resolución de las impugnaciones y controversias con la finalidad de proteger los derechos político-electorales, tenemos gobernanza electoral porque así observamos qué tan eficaz y creíble es el organismo electoral en asegurar elecciones bajo una competencia en condiciones de imparcialidad y el desarrollo de cómputos veraces, exactos y fidedignos: en suma, un proceso electoral de calidad (José Alfredo Pérez Duharte).
Así de relevantes son la gobernanza electoral y las autoridades encargadas de la función electoral en las democracias representativas, las cuales tienen el gran desafío de conducirse como agentes morales y éticos, de la misma forma en la que lo hacen los jueces, más allá de si tienen o no, independencia política en cuanto a su extracción, en todo momento se debe garantizar que la autonomía esté presente en la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales descartando toda intervención proveniente del poder Ejecutivo o Legislativo.
En el contexto de una nueva reforma político-electoral, es necesario reconocer las aportaciones que han tenido las autoridades en materia electoral, pero de ahí a caer en narrativas maniqueas como “El INE no se toca”, o decir que “defender al INE es defender la democracia”, existe un largo trecho. ¿Por qué no habría de cambiarse? ¿O bajo que parámetros ese instituto por sí mismo representa a la democracia?, en todo caso es producto y parte muy importante de un proceso democratizador que ha costado muchos años de lucha.
El INE y cualquier otro ente siempre será susceptible de cambios, así como nadie tiene la verdad absoluta, ninguna institución es perfecta. En todo caso, lo sano y deseable sería tener una discusión en la arena del debate técnico, informado y objetivo para que aquellos aspectos positivos se mantengan y los rubros en donde existan deficiencias o excesos, modificarlos sin estigmatizaciones. En mi opinión, esa debería ser la ruta para transitar hacia escenarios de consolidación democrática y para ello es indispensable que todos los actores involucrados actúen con altura de miras y sin visiones sesgadas. Dejo estas reflexiones a manera de provocación para analizar con objetividad los cambios propuestos en la reforma presidencial en este rubro y los demás temas abordados.
