Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
La violencia político-electoral es una expresión particular de la violencia política como fenómeno general y tiene características particulares, que se van transformando según el contexto histórico, político y social del país. Como hemos comentado en los dos artículos anteriores, en un régimen político autoritario como el mexicano la violencia político-electoral se ejerció en contra de movimientos, que, desde la perspectiva del poder, representarán un riesgo de cambio sistémico.
En los últimos veinticinco años el fenómeno de la violencia político-electoral se ha transformado por una articulación más íntima entre las élites política y empresarial con la delincuencia organizada. Bajo el régimen autoritario, tres tentáculos mantenían bajo control al narcotráfico, pues lo administraban: la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal y el Ejército. Obvio que se vieron beneficiados sectores de la élite política y paulatinamente algunos sectores empresariales, al inicio por la derrama económica y posteriormente por la asociación, sobre todo para el lavado de dinero.
Hoy, abundan los trabajos periodísticos y las investigaciones académicas sobre la delincuencia organizada y, en particular sobre la violencia político-electoral, que nos permiten afirmar que el incremento de la violencia criminal y su impacto en el ámbito electoral tiene una relación con la alternancia en el poder en los tres niveles de gobierno, porque han representado la ruptura de redes de protección construidas a lo largo de décadas de complicidades, aunado con el crecimiento del poder económico y capacidad de fuego de la delincuencia organizada. Por otra parte, habría que agregar la globalización del mercado de las drogas y la utilización por parte de la CIA de este comercio ilegal para financiar actividades anticomunistas, cuya historia integral está pendiente de escribirse.
Guillermo Trejo y Sandra Ley (Votos, Drogas y Violencia) han realizado una acuciosa investigación para desentrañar la lógica de la violencia a partir de la década de los años noventa del siglo pasado. Analizan el tránsito de la paz relativa entre las diferentes organizaciones criminales, todavía no alcanzaban el estatus de delincuencia organizada, bajo los gobiernos priístas y el estallido descontrolado de la violencia bajo los gobiernos de la alternancia. El primer conflicto armado entre cárteles se desató en 1989 en Tijuana, después de la pérdida de la gubernatura por el PRI ante el triunfo del PAN.
En los años noventa las muertes en los enfrentamientos alcanzaron un máximo anual de 350. En 2005 superaron los mil homicidios, cifra para clasificar un conflicto como guerra civil. Con la declaración de guerra contra los cárteles, declarada por el presidente Felipe Calderón, la cifra de homicidios creció en el sexenio 2006-2012 a 120 mil, el doble que en el sexenio de Vicente Fox.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se reportaron 156 mil 437 asesinatos, 34 mil 824 más que en la administración de Felipe Calderón. Los estados con mayor número de asesinados fueron el Edomex. Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. En lo que va del actual sexenio el número de muertes llega a 171 mil. Las entidades con el mayor número de crímenes son Guanajuato, Edomex, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.
Este es el telón de fondo en el cual se da la violencia político-electoral. El investigador Guillermo Lizama realiza un recuento entre 2006 y 2017 de 82 alcaldes en funciones asesinados y dos desaparecidos, más 43 familiares de ellos y 5 alcaldes suplentes; exalcaldes fueron 68. El de candidatos a alcaldes que perdieron la vida a lo largo de este periodo fue 5, el primer homicidio se dio en 2011. Un dato que resalta es que durante el periodo tres estados se encuentran en los primeros lugares: Guerrero, Michoacán y Chihuahua. Los cuales siguen apareciendo en la actualidad entre los cinco estados más violentos.
Según la organización Data Cívica, se han documentado más de 1,600 casos de agresiones, amenazas y asesinatos de actores políticos desde 2018, se trata de “aquella violencia que tiene como objetivo influir, determinar o impedir la participación política de una persona o grupo, o bien castigar o premiar dicha participación”
Por otra parte, entre 2018 y 2022, la Armed Conflict Location & Event Data Project contabilizó alrededor de mil sucesos de violencia dirigidos contra funcionarios locales en México. De acuerdo con el reporte de la organización no gubernamental -dedicada a la recopilación, el análisis y el mapeo de crisis y conflictos-, los ataques directos representan alrededor de 62 por ciento del total, también se registraron agresiones durante manifestaciones, en el 15 por ciento de los casos; además de turbas violentas, desapariciones forzadas y saqueos.
Para el proceso electoral de 2018, de los 115 homicidios cometidos (99 hombres y 16 mujeres), cuarenta de ellos fueron efectuados en el año 2017, mientras que, para 2018, se realizaron setenta y cinco homicidios. Los fallecidos por partido fueron: PRI 38, PRD 17, PAN 15, MORENA 12, PT 7, MC 6, PANAL 4, Verde 4, independientes 9, PES 2, PH 1.
De acuerdo con la Base de Datos de Noria-MXAC sobre violencia política electoral 2021, desde septiembre de 2020, cuando inició el periodo electoral hasta el 6 de junio, día de la elección se registraron 258 incidentes de violencia en contra de personajes políticos. El 55% fueron atentados (142 casos), es decir, amenazas, balaceras o ataques a políticos que no concluyeron en el homicidio de la persona atacada, mientras que 39.1% de las incidencias fueron asesinatos (101 casos). Es importante considerar que 58% de las víctimas de incidentes de violencia son precandidatos, aspirantes o candidatos a uno de los puestos de elección popular.
Las elecciones de 2024 se perfilan con un alto número de incidentes violentos. En total, de mediados de 2023 a febrero de 2024, sumarían 19 candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados en el país, que se han registrado en 13 de las 32 entidades federativas, con Guerrero a la cabeza, principalmente en los municipios.
La organización Laboratorio Electoral registró “33 casos de personas asesinadas, directamente relacionadas con el proceso electoral, es decir: aspirantes, precandidaturas, candidaturas, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionario públicos y familiares”. Además, se documentaron al menos 41 casos de violencia política no electoral cometida por funcionarios en activo o antiguos aspirantes. De las 33 víctimas mortales registradas, 28 (84.8%) fueron hombres y cinco (15.2%) mujeres. Sin embargo, de las víctimas de otros tipos de violencia electoral (atentados o amenazas), las mujeres representan 47.05% de los casos y los hombres 52.94 por ciento.
Los homicidios por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 entidades federativas. Guerrero (con ocho casos) es la entidad con mayor incidencia, seguido de Veracruz (cinco) y Michoacán (cinco). Por su parte, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos y Zacatecas reportaron menos registros de víctimas mortales por violencia electoral (uno por entidad). Al concluir este artículo los asesinados eran 36.
De la información se desprende que de 2011 a 2018 la eliminación física de políticos era la excepción, pero a partir del último año incrementó como un método de control, sobre todo de los gobiernos municipales. Los asesinatos de los familiares del senador Ricardo Monreal en Zacatecas y de los candidatos a la presidencia municipal de Maravatío son el inicio de un cambio de estrategia de la delincuencia organizada. Ahora pretende definir a los candidatos, así sea por medio del asesinato, para evitar riesgos que afecten sus intereses.
La delincuencia organizada es un problema trasnacional y complejo, que se ha enfrentado con acciones parciales y sin una estrategia global que busque neutralizar sus expresiones más dañinas a la sociedad. Los datos, con toda crudeza, contradicen el discurso presidencial, pretender ocultar la realidad en la persistente retórica de “todo está bien” no permite atender el problema. En definitiva, la política de seguridad del actual gobierno es una herencia negativa y es un reto para el que llegará.
