Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
En un día, con la rendición de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional, concluye un ciclo político y se inicia otro. Desde una perspectiva simplista abundan las opiniones de continuidad lisa y llanamente. Para aproximarnos a un ejercicio analítico con cierto grado de objetividad es necesario ubicar los cambios de la realidad en 2018 y 2024.
Los primeros años del gobierno de López Obrador están marcados por el ascenso al poder de gobiernos populistas variopintos de izquierda y derecha. Desde Viktor Orbán en Hungría, pasando por Jair Bolsonaro en Brasil hasta Donald Trump en Estados Unidos. Estos movimientos fueron una respuesta ante la evidente insatisfacción social ante la crisis de la globalización, iniciada en 2008. Los signos más evidentes fueron el Brexit (2016) y el triunfo de Trump (2017).
AMLO tuvo que ceder en la negociación del TMEC ante un Trump nacionalista y demagogo; además, se sometió a la política migratoria estadounidense. Durante el gobierno de Joe Biden declaró explícitamente la necesidad de una alianza económica más estrecha para enfrentar la creciente influencia China en el comercio mundial.
Por otra parte, en materia energética se ha mantenido una postura nacionalista buscando que el Estado sea rector en materia energética. Otras acciones nacionalistas son la explotación del litio o la suspensión de actividades de la empresa minera Calica en Quintana Roo, aunque se han respetado las concesiones mineras a empresas extranjeras. Esas acciones han permitido construir un discurso nacionalista. A los barones del dinero no se les obstaculizó su proceso de enriquecimiento.
El modelo neoliberal mantuvo sus mecanismos tradicionales de acumulación de capital. En dónde si se dieron cambios de fondo fue en la política salarial. El salario mínimo a lo largo del sexenio pasó de 88 a 249 pesos diarios rompiendo con el mito de que los incrementos salariales eran motor indiscutible de la inflación. Por primea vez en décadas el salario fue un factor de disminución de la pobreza.
Ese incremento fue acompañado por subsidios directos gubernamentales que contribuyeron a la baja en el número de pobres, en algo más de cinco millones de personas. Las reformas aprobadas esta semana al artículo 123 constitucional para establecer un salario base para los trabajadores al servicio del estado e incluir el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro son el cierre de una gestión que concluye con un alto índice de aprobación social.
El talón de Aquiles de la política de subsidios fue el abandono del mantenimiento de la infraestructura a cargo de la federación, el caso más lamentable fue la tragedia de la línea doce del Metro de la Ciudad de México, también existen saldos negativos en salud y educación.
La pandemia de COVID-19 fue un factor que incidió en el bajo crecimiento promedio del PIB en el sexenio, que fue de sólo el 0.9%, el más bajo desde el gobierno de Salinas de Gortari. A pesar de ese bajo crecimiento la política social del gobierno se mantuvo. Las causas esenciales fueron la austeridad, el incremento de los ingresos fiscales, por el pago de los grandes contribuyentes, el no otorgamiento de subsidios a los empresarios durante la pandemia y el incremento de la deuda pública interna y externa.
AMLO cierra su gestión gubernamental a tambor batiente con la aprobación de reformas constitucionales importantes sobre el Poder Judicial, la integración de la Guardia Nacional al ejército, en materia salarial y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La última encuesta lo coloca con un 77% de aceptación general. Las mujeres lo aprueban en un 78%, lo mayores de 65 años el 87% y los menores de 34 años con 80%.
Desde la perspectiva política el actual presidente, para alcanzar el poder en 2018 construyó una Coalición Dominante, en la cual aglutinó partidos, personalidades independientes, tránsfugas ideológicos de todas las tendencias y de forma notoria priístas echeverristas y antisalinistas. Los cargos de elección popular fueron el espacio político que se les otorgó.
Para la nueva presidenta la coyuntura actual tiene su propia complejidad. En el ámbito internacional existen retos e incógnitas relevantes. La elección presidencial en Estados Unidos es un acertijo. A pesar del crecimiento de Kamala Harris, Trump, a pesar de sus errores, todavía no es un cadáver político. Independientemente quien gane la elección México tendrá que lidiar con la revisión del TMEC, con la política migratoria de mano dura, con la prepotencia en el tema de las drogas y con el nacionalismo económico; pues los demócratas, con menos estridencia, pero se han percatado que requieren revitalizar su economía tomando en consideración a su clase trabajadora. Lo cual vaticina la agudización de los enfrentamientos con China.
El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania va tomando tintes peligrosos, con la redefinición de la doctrina militar nuclear de Rusia, para utilizar armas tácticas atómicas si considera que su soberanía está en riesgo por la guerra indirecta que sostiene contra la OTAN en territorio ucraniano. A lo que hay que agregar la guerra de Israel en contra del pueblo palestino, que apunta a convertirse un conflicto regional de repercusiones impredecibles, porque pudiera convertirse en un catalizador que haga a un lado las diferencias entre los países árabes e impulse un frente común en contra de Israel, quien también tiene su arsenal nuclear.
Además, los países de América Latina no encuentran puntos de coincidencia que apunten al desarrollo de la región. Ante el escenario mundial convulso desde el futuro gobierno no se percibe la definición de una participación proactiva y multilateral en el juego geopolítico. En política no existen los vacíos y en la política del tablero mundial se corre el riesgo de ser avasallado.
Al nuevo gobierno le permite tener tranquilidad los indicadores macroeconómicos estables, pero existen riesgos de inflación y recesión. Pero el rubro más delicado de las finanzas nacionales es el déficit fiscal de 2024, de alrededor del 5.9% (más de un billón de pesos), que presionará a un incremento de la deuda pública (interna y externa), ya de por si elevado y es equivalente al 48.6% del Producto Interno Bruto (14 billones de pesos).
Por su parte las calificadoras internacionales tienen un juego doble, presionan para detener la reforma judicial y amenazan con quitarle a México el nivel crediticio lo que desalentaría la inversión extranjera. Eso se contradice con la encuesta de BBVA que dio como resultado que la relocalización puede lograr que alrededor de 400 empresas nuevas se instalen en México.
Desde la perspectiva política el presidente López Obrador ha impuesto el ritmo de la agenda a la nueva presidenta. Sobresalen las aprobaciones de las reformas constitucionales concernientes al poder judicial, a la inclusión de la Guardia Nacional y la que deja la puerta abierta para que el ejército normalice su participación en funciones reservadas históricamente a los civiles (artículo 129). La elaboración de las leyes secundarias se convierte en un reto político, porque deben de proporcionar certidumbre atemperando las pulsiones autoritarias.
La integración del Gabinete con actuales y nuevos funcionarios es una tradición en busca de equilibrio político entre quien abandona y quien arriba a la presidencia. Lo que si modificó la coyuntura fue la elección de la dirigencia de Morena, porque la concentran fieles a López Obrador, incluyendo a su hijo, tendrá como consecuencia que las definiciones de las candidaturas a los puestos de elección popular sean determinados por un pequeño círculo cercano y el nacimiento de una dinastía política.
Otro reto complejo es atender el grave problema de la seguridad pública, que debe enfocarse como un asunto político, tiene décadas que rebasó el ámbito estrictamente delincuencial.
El desafío para la nueva presidenta es construir una alternativa con su propio sello enfrentado las resistencias de la oposición política y empresarial, pero también las internas desde Morena y los funcionarios leales al casi expresidente.
