Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
El cierre de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador fue levantando el estandarte del triunfo por la aprobación de las reformas constitucionales sobre el Poder Judicial y la subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En los menos de quince días sin la estridencia de su antecesor la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sustentándose en la legitimidad obtenida en las urnas y la fuerza política abrumadora, por tener la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría en los congresos locales, ha impulsado una intensa actividad legislativa.
El mensaje para los empresarios es para darles seguridad: “Tengan certeza de que las inversiones estará seguras en nuestro país” y para la disidencia política y social es conciliador: “gobernaré para todos, sin odios, por un país próspero”. Queda claro que, en el discurso disminuirá la confrontación desde la presidencia de la República.
Los cien puntos son una síntesis de su propuesta de gobierno, con seguridad serán definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El primero de esos puntos que ha pasado desapercibido para la mayoría de los comentaristas es muy relevante, dijo que gobernará “equilibradamente entre el poder económico y el poder político”.
La palabra clave en esta expresión es “equilibradamente”, porque se puede deducir que es continuar con la política de su antecesor de no afectar los mecanismos de enriquecimiento de los grandes potentados del país. En contra parte se ha elevado a rango constitucional que el incremento al salario mínimo que no podrá ser menor a la inflación y se aspira a que equivalga al costo de dos y media canastas básicas. También se pronunció a favor de la jornada laboral de 40 horas y de revisar las pensiones.
Aunado a lo anterior se plantean medidas para fortalecer el sistema educativo con la ampliación de la oferta educativa y realizando acciones de salud preventivas para los estudiantes, además mejoras en las condiciones laborales de los maestros. Aunque menciona la nueva escuela mexicana no se vislumbra el rumbo que tomará.
Tampoco existe mención de apoyo o mejora sobre la educación superior pública, que no sea la creada por el gobierno anterior. Aunque se puede inferir, que, si se impulsa la investigación científica, al menos esa actividad, tendrá que repercutir en las universidades, porque es donde se realiza la mayor parte de la investigación en el país
Aunque es muy importante fortalecer la docencia para formar profesionistas con alta preparación técnica y compromiso social y, la extensión universitaria para sumarla con el fin de fortalecer un proyecto cultural nacional. Un punto que habría que evaluar, ampliar y fortalecer son a las Unidades Interculturales de diversas universidades que existen en zonas indígenas de diecinueve estados.
Las políticas sociales continuarán con el predominio de apoyos en efectivo, ampliando la cobertura a las mujeres de la tercera edad. La atención a la salud de la población marginada del país es un reto de grandes dimensiones y la mención en los cien puntos deja ver que no se ha diseñado una estrategia general para atenderla. Es evidente la ausencia de la prevención, que implicará la implementación de políticas públicas horizontales desde el deporte, la regulación de los alimentos procesados hasta la atención médica directa.
El nuevo ciclo se caracteriza por poner atención a problemas no atendidos y enmendar políticas implementadas. Energías limpias, autosuficiencia alimentaria y el agua son temas novedosos en la agenda de la 4T, que requieren pronta y decidida atención por los intereses económicos que están en juego y se contraponen al interés público. Plantearse limpiar, al menos, los tres ríos más importantes del país es una tarea trascendental que en algún momento tiene que iniciarse.
En el tema de la política se pone el acento en que se velará por el respeto a las libertades, los derechos humanos, y en contra de cualquier forma de discriminación cultural, sexual y étnica; además, se niega a utilizar la fuerza como mecanismos de represión. Anunció el fin de la reelección a todos los cargos a partir de 2030, fortalecer la democracia participativa: revocación de mandato y consultas, también reducir el costo del INE y del Tribunal Electoral y la elección por votación popular de los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral.
La obsesión por de elegir los más diversos cargos por votación popular recibirá su primer baño de realidad en la elección de ministros de la Corte y jueces, que seguramente contará con una participación mínima.
En relación con la seguridad pública sólo se hizo mención en el punto 100 de “garantizar la disminución de los delitos de alto impacto”. Tal deficiencia fue suplida el 8 de octubre con la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; en la que lo novedoso es el anunció de el fortalecimiento de las acciones de inteligencia, fortalecimiento de la Guardia Nacional y la coordinación entre la federación y los estados para combatir a la delincuencia organizada.
Este es el problema que tiene un alto impacto negativo en la vida social y está afectando ciertas actividades económicas relevantes, como son la producción de limón, aguacate y al autotrasporte. Lo cual impacta a la inflación. La presentación de la estrategia carece de un diagnóstico sobre las características de las actividades criminales, que van mucho más allá de sólo cometer homicidios. Aunque conceptualmente supera la visión del anterior gobierno.
Desde la perspectiva política estás dos primeras semanas han estado llenas de actividad: diferendos y distanciamiento silencioso del antecesor. La primera acción fue, independientemente de las ausencias normativas, la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular la elección de los ministros de la Corte y jueces. Con lo cual la actual administración llenó un vacío normativo, que le permitirá sortear al INE y al Tribunal Electoral de mejor manera la organización de las esas elecciones.
El “prieto en el arroz” es el otorgamiento a la presidencia del INE la atribución de nombrar directamente a los directores ejecutivos y demás titulares de las unidades técnicas del Instituto. La lógica política detrás de esa reforma se comprende por la nueva correlación de fuerzas política. Quienes detentan el poder, frecuentemente, pecan de soberbia al creer que van a permanecer en él eternamente y, ante la impericia política y la hoguera de vanidades al interior del Consejo General del INE concentran el poder en la presidenta. Morena debería mirarse en el espejo de la reforma electoral de 2014 impulsada por el PRI, el PAN y PRD.
