Por Salvador López Santiago
@sls1103
Aunque son muchas y de diversa índole las cosas positivas que se construyen e impulsan en la arena pública actualmente, no todo es favorable y en ciertos rubros, la República vive tiempos de oscurantismo enarbolados desde discursos maniqueos. Así como lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen (San Agustín), es tan grave que el poder judicial pretenda legislar como el hecho de que, de facto, el poder legislativo se haya convertido en intérprete de la constitución y que haya sembrado la narrativa de que casi, casi son el constituyente de 1917.
Lo he expresado en otras publicaciones, me mantengo y seguiré en esa misma visión: ante la duda, siempre a la izquierda, porque hasta ahí tenemos el corazón, como decía y decía bien el Ingeniero Heberto Castillo Martínez. Sin embargo, esta afinidad de pensamiento —con la izquierda Hebertista—, no desaparece mi criterio y por eso lo digo con toda responsabilidad, pero también sin rodeos: no hay bono de legitimidad, por más grande que sea, que justifique renunciar al debate y a los Checks and Balances o pesos y contrapesos.
El jurista José Gamas Torruco, expone que el constitucionalismo es un sistema jurídico que establece límites y vínculos a las fuentes normativas. Es una ideología y un conjunto de principios y reglas que sostienen que toda autoridad gubernamental y estatal está limitada por una norma fundamental y suprema. De esta definición se desprende que el constitucionalismo tiene a la división de poderes como un elemento esencial de todo Estado democrático.
A manera de provocar la reflexión, vale la pena tener en cuenta tres momentos que han ocurrido desde el proceso electoral concurrente 2023-2024 hasta las primeras semanas de la nueva administración. El primero es que la oposición no tuvo la capacidad ni los elementos para posicionarse como una propuesta atractiva y por eso la Coalición Sigamos Haciendo historia arrasó en prácticamente todo el país y obtuvo casi 36 millones de votos en la elección presidencial, lo que representa una victoria abrumadora, pero dejan de lado que ese domingo salieron a votar en total más de 60 millones, es decir, alrededor de 24 millones de personas votaron por una opción distinta y además, otros 38 millones no votaron aunque estaban en la lista nominal que fue de 98 millones.
El segundo momento, deriva de aquellos que no votaron por el indiscutible vencedor. Las minorías y no los actores políticos, sino esa parte de la ciudadanía que votó por un proyecto distinto al ganador, están siendo invisibilizadas e incluso, estigmatizadas por algunos simpatizantes de la Cuarta Transformación, que evidentemente tiene todo el derecho y hasta el mandato popular de realizar todas las reformas, políticas y programas que considere necesarios para materializar el segundo piso de la 4T, pero en ese proceso, sería deseable que en verdad se gobierne pensando en todos y no solo en esos casi 36 millones.
El tercer momento es la gran paradoja que acontece en el poder legislativo, tanto en el Congreso de la Unión como en los Congresos Locales, el fast track se ha convertido en una práctica que se está normalizando y vemos que reformas constitucionales como la reforma en materia de supremacía constitucional, se aprobó en tiempos récord y para muestra es que, en menos de 24 horas, la mayoría de las legislaturas de los estados la habían aprobado. En el fondo, lo grave del asunto es que, en el parlamento, donde se debería parlar, el debate se ha convertido en la excepción, ya ni siquiera quieren dejar el llamado derecho al pataleo, porque entonces son traidores a la patria.
Hay que volver a decirlo, porque es una realidad incuestionable, las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en los Congresos de las 32 entidades federativas, tener la mayoría de las presidencias municipales, la mayoría de las gubernaturas y la presidencia de la República, son producto del respaldo popular y en efecto, representan al pueblo. El detalle es que los otros 24 millones que votaron por otra opción y los 38 millones que no votaron, también son el pueblo y a ellos también se les debería considerar al tomar una decisión, no a los partidos de oposición ni poderes fácticos. Vale la pena atender a todos los sectores de la población y no caer en el desaseo provocado por las prisas, después de todo, si ya esperamos más de tres décadas, por qué no hacer las cosas con toda pulcritud, sin los vicios del pasado.
