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¿Cómo vamos en seguridad?

Editorial

@tempomxcom

 

El pasado 20 de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) presentó el más reciente informe sobre la incidencia delictiva en México. Aunque ya se advertía el escenario que se daría a conocer, no deja de llamar la atención que el 2019 se perfila para desplazar al 2018 como el año más violento de la época contemporánea de nuestro país.

 

A partir de los resultados dados a conocer, la pregunta obligada es ¿cómo vamos en el combate a la violencia e inseguridad? Sobre esta interrogante, el análisis debe ponderar el aspecto cuantitativo contenido en el reporte, pero también el cualitativo observado en las acciones de gobierno y legislativas que se han realizado durante el primer año de la actual administración.

 

Por lo que respecta al primer aspecto, el SNSP dio a conocer que, en el primer semestre de 2019, en todo el país se registró un total de 1 millón 004 mil 191 delitos del fuero común. Preocupa, que mientras en el primer semestre de 2019 se tiene un registro con un acumulado en términos absolutos de 17 mil 608 homicidios y feminicidios, en el mismo periodo de 2018, la cifra asciende a 16 mil 714. Los estados con mayor incidencia de asesinatos son: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Chihuahua.

 

A pesar del panorama adverso que vivimos en el país, cabe destacar que, en el caso de delitos como el secuestro, se presenta una ligera disminución en el último mes con 87 víctimas registradas contra los 109 casos de mayo. En este punto, la llamada de atención más apremiante son las muertes violentas del año en curso, al estar por encima de los años más violentos de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida entre 2006 y 2012.

 

Por lo que hace a la lectura cuantitativa, las cifras dan muestra de los enormes desafíos que prevalecen en materia de seguridad pública. Sin embargo, por lo que respecta al aspecto cualitativo del análisis, no se pueden desdeñar una serie de acciones mayúsculas impulsadas por el actual gobierno, mismas que se han convertido en ley vigente con la mayoría del Congreso de la Unión, incluso con unanimidad en más de un asunto. En otras palabras, el rediseño del marco normativo e institucional tiene como base a la legitimidad sobre la llamada “aplanadora” de la fracción mayoritaria en ambas Cámaras.

 

La apuesta más importante del actual gobierno es la creación de la Guardia Nacional -institución con la que se busca la pacificación del país-, la cual inició operaciones formalmente el 30 de junio con 72 mil elementos y se tiene previsto que al final del año haya 82; para el 2021 se tiene previsto que la cifra sea de 120 mil y en 2023 de 150 mil (de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana).

El hecho de que los resultados no sean los esperados, no resta crédito a los esfuerzos para combatir la violencia y la inseguridad. Para poner en relieve el compromiso del actual gobierno en el tema, cabe señalar que, en una primera etapa, tan solo en la Ciudad de México se desplegarán mil 350 elementos de la Guardia Nacional, principalmente en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Tláhuac (donde hay mayor población y problemas de seguridad).

 

Además, la Guardia Nacional ya opera en diferentes entidades federativas. El 1º de julio inició el despliegue de 5 mil elementos en Guanajuato, Querétaro y Michoacán; en esa misma fecha comenzó a operar en Jalisco, con mil 865 elementos y en Guerrero con 3 mil 400 efectivos. En Veracruz, se tiene previsto el arribo de 7 mil 200 integrantes, lo que se suma al despliegue urgente que se hizo durante el mes de abril en Coatzacoalcos y Minatitlán (donde ya hay disminución de los índices delictivos).

En el Estado de México, una de las entidades con mayores problemáticas de criminalidad, el 20 de julio se anunció que llegarían 15 mil elementos, de los cuales, 600 ya han arribado a la zona del Valle de México y los demás se van a ubicar de manera gradual en 36 regiones. Sobre el tema, el coordinador de la fracción parlamentaria en el Congreso mexiquense informó que los efectivos implementarán sus propios cuarteles y estarán instalados en un plazo menor a seis meses, destacando que todos los gastos serán asumidos por el gobierno federal. Estas son algunas de las acciones del gobierno mexicano.

 

Con estas variables, no es extraño que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019 al segundo trimestre del año, realizada por el INEGI, 70% de los ciudadanos de 18 años o más no se sienten seguros donde viven. Aunque la cifra es muy elevada, cabe puntualizar que hay una disminución, porque en marzo de 2019 el porcentaje era de 74.6 y en junio de 2018, de 75.9.

 

Otro elemento relevante es que, por primera vez se evaluó la percepción de la población sobre el desempeño, así como sobre el nivel de confianza en la Guardia Nacional (GN), independientemente de su operación en las ciudades de interés, los resultados son contundentes: 70.9% de los ciudadanos que la identifica (29.3%) la considera “muy o algo efectiva”.

 

Esta última consideración deja de manifiesto que a la ciudadanía no le interesa el debate mediático que busca ser capitalizado políticamente, para uno u otro lado, lo que realmente le importa es que la nueva institución de seguridad tenga buenos resultados. La población mexicana no quiere seguir escuchando si es un problema heredado ni mucho menos exigencias de soluciones mágicas, lo que anhelamos es la construcción de escenarios de paz y justicia, en lo que estamos conscientes, se requiere un proceso gradual que ya ha comenzado.

 

Tempo

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