Educación superior: entre el deseo y la realidad
Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
“El camino del infierno está empedrado con buenas intenciones”, se suele decir. Es verdad. Lo es mucho más en un entorno que renuncia al viejo racionalismo. En esa tradición, los postulados filosóficos y las acciones políticas surgen de los datos de la realidad y aun así se encuentran en la arena del debate; a contrario sensu, los “hechos” no son sino simples elementos que corroboran un parecer previamente determinado. De esa manera el comprensible y acompañable deseo político se sobrepone sin más, sin análisis de por medio, a la realidad.
El tema viene a cuento al revisar someramente las ideas sobre la educación superior y los pronunciamientos recientes del presidente López Obrador en torno al tema. En su conferencia de prensa matutina, manifestó que “Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación”; unos días después, el 9 de octubre, advirtió a los sindicatos de 25 universidades que convocaron a paro nacional que no cederá a “chantajes” aunque “se pare todo el país”, y dejó claro que no se les aumentará el presupuesto porque “no se puede dar dinero a diestra y siniestra”. La mesura en los gobernantes es una virtud cultivada desde los antiguos, si se desdeña se abona al conflicto.
También adelantó que su gobierno dialoga con el de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México para crear una universidad destinada a la formación de médicos y enfermeras. Entretanto, a fines de mayo, Raquel Sosa, directora del Crefal, aseguró que ya funcionaban 83 planteles de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y atendían a 7 mil 575 estudiantes, lo que promedia unos 91 inscritos por plantel.
En la página de internet se informa de la presencia de tales universidades en 31 estados, con 100 planteles, aunque sólo vienen enumerados 97. Sólo se refiere el municipio donde se ubican, pero no las direcciones exactas. La mayoría no cuenta con instalaciones propias.
Es difícil encontrar en la concatenación de estos hechos algo que asemeje a un concepto de educación superior, a una idea de modelo educativo o a una política pública con visión de futuro. Pareciera que la formación de profesionales sólo requiere de algunos pupitres, un pizarrón y profesores comprometidos con la causa. Me temo que el tema es más complejo. Universidad viene del latín universitas: universalidad, totalidad. En consecuencia, es el espacio educativo en donde se cultiva un conocimiento universal.
A nadie escapa la necesidad nacional de contar con un más amplio número de profesionales.
Los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), promedian 44% de jóvenes de entre 25 y 34 años con educación superior; en América Latina el promedio de la cobertura, de 20 a 24 años, es del 31.74 (dato 2005), mientras que nuestro país apenas alcanza el 23%. No obstante, es necesario justipreciar un dato: en 2017, la matrícula de educación superior llegó a 4.5 millones de personas; entre 2007 y 2017, el porcentaje de jóvenes universitarios aumentó de 16% al ya referido 23%.
Es decir que, si bien estamos lejos del nivel apetecido, la matrícula de educación superior ha aumentado consistentemente.
¿Se requieren esfuerzos adicionales? Por supuesto; el asunto está en cómo lograrlo. Con independencia del concepto de formación profesional a que cada quien se adscriba, el hecho es que cualquier estrategia que se adopte requiere recursos económicos. Sin embargo, “La asignación de recursos públicos a las IES (Instituciones de Educación Superior) públicas no se basa en fórmulas, sino en los costos históricos y negociaciones. No existe una relación directa entre el presupuesto que reciben las IES con su matrícula, sus actividades o resultados (OCDE, El futuro de la educación superior en México: promoviendo calidad y equidad, 2019).
En un entorno de austeridad, en el que el compromiso presidencial con las IES se reduce a actualizar sus presupuestos de acuerdo con la inflación, la ampliación de la matrícula se convierte en un tema poblado de interrogantes. Las visiones orientadas por el “sentido común” despachan en tema con la colocación de más pupitres en las aulas, con un concepto de docencia “magistral” que lleva a que el maestro hable y los educandos capten lo que buenamente puedan, y en el compromiso del personal con su docencia y su país.
No es posible soslayar que el aumento del volumen de estudiantes en aula tiene efectos pedagógicos, que la mayor densidad aleja la posibilidad de desarrollo de métodos basados en el aprendizaje, y que buen número de disciplinas profesionales son intransitables sin el adecuado acceso de los educandos a talleres, laboratorios y bibliotecas, entre otras muchas necesidades de infraestructura educativa.
Pero la formación de cuadros profesionales es sólo una de las tareas sustantivas de las universidades. La creación de conocimiento, así como la preservación y difusión de la cultura, son trascendentes en la creación de un clima cultural y social que propicie una población con mayores destrezas y habilidades para el logro del desarrollo humano. Constituyen un todo indivisible, pues de lo contrario tendremos buenas escuelas, pero con mala consciencia y profesionales incapaces de mirar y entender su entorno y, en consecuencia, de desarrollar destrezas adaptativas frente al mercado de trabajo en su campo.
En ese contexto, los paros convocados por los sindicatos universitarios, ciertamente pueden asumirse como mero gremialismo que busca pagos atrasados y aumentos salariales. Pero también implican un llamado a invertir en educación, lo que constituye un tema social y económicamente estratégico para el país. No se puede simplemente motejar de “chantajes” lo que constituye un derecho y una oportunidad para repensar la educación.
Además, debe atenderse de manera particular a la decena de universidades que enfrentan graves problemas presupuestales, por diversas causas, y resolverlas institucionalmente, en donde las autoridades universitarias han de asumir la responsabilidad que les corresponda para no repetir deficiencias. El ejercicio presupuestal tiene que ser transparente.
La ampliación de la matrícula universitaria tiene que hacerse cargo de la profunda heterogeneidad organizacional, presupuestal e histórica de las IES, así como de su distinta inserción social. No basta con pedir mayor compromiso a las comunidades universitarias, ni con eliminar los concursos de ingreso al nivel de licenciatura. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ya recorrió esa ruta. Pese al encomiable esfuerzo de grupos de profesores, no ha logrado superar sus “pecados originales”: indefinición de su modelo académico, penuria presupuestal, debilidad de sus mecanismos internos de exigencia académica, raquitismo en su infraestructura y también, ¿por qué no decirlo?, mecanismo de ingreso que soslaya toda valoración de la formación previa de los educandos. Los resultados no son alentadores. Entre otros muchos datos, resulta que 60% de los estudiantes no terminan sus estudios, que sólo se han titulado algo más que 15 profesionales y que de sus 905 profesores, la mayoría sólo cuenta con nivel de licenciatura y 40 no cuenta con título alguno.
Así que hacerse cargo de las complejidades de la función educativa no constituye una convocatoria a la inacción, sino al análisis pormenorizado del tema y a la generación de estrategias capaces de propiciar transformaciones. Todo lo demás son respetables posturas políticas; buenos deseos y sólo eso. Lo que tal vez pudiera ser una premisa necesaria para iniciar un proyecto, pero de ninguna manera una política pública de largo aliento, que es indispensable para el desarrollo del país.
