Por Javier Santiago Castillo
@jsc_santiago
Como hemos comentado en colaboraciones anteriores, la corrupción en el México contemporáneo ha jugado un papel dual: de adhesivo del Sistema Político, pues ha servido como un instrumento para adquirir y mantener lealtades, y para construir complicidades; además ha sido un mecanismo eficiente de acumulación de capital. La alternancia en los poderes federal y locales, en el proceso de la transición a la democracia, no modificó el funcionamiento sistémico de la corrupción.
En el primer caso sobran ejemplos de políticos que a su paso por el servicio público acumularon riqueza suficiente para transformarse en prósperos integrantes de las elites empresariales, o en poderosos políticos transexenales. El proceso de acumulación de capital tiene dos vertientes: el desfalco del erario vía mecanismos legales y el asalto descarado de las arcas públicas.
Gracias a una larga batalla legal dada por Fundar, se pudo conocer (en octubre de 2019) que, de 2007 a 2015, hubo 7 mil 885 contribuyentes beneficiarios de condonación de impuestos, por el monto de 274 mil millones de pesos. Con respecto a los créditos fiscales cancelados, Fundar indicó que en el periodo de referencia el SAT otorgó la cancelación a 9 mil 132 contribuyentes que implicaron 21 mil 708 créditos fiscales cancelados. El monto de esas cancelaciones fue de 572 mil 743 millones de pesos. De tal forma que al sumar los montos tanto de los créditos cancelados y condonados en el período, resulta un total de 846 mil 743 millones de pesos a precios de los años en que se obtuvieron esos beneficios. A precios de 2019, el monto ascendería a un billón 336 mil millones de pesos.
Entre los beneficiarios destacan quince multimillonarios, de los cuales sobresalen los nombres de Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, la familia Hank, Rufino Vigil González, Emilio Azcárraga Jean, Roberto Hernández Ramírez y David Peñaloza Alanís.Esta forma de beneficiar a un sector de los empresarios tuvo, indudablemente, complicidades políticas, que se iniciaron en el gobierno de Vicente Fox y continuaron en los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante estos años no sólo se dio una coincidencia ideológica acerca del modelo económico, sino también de una forma de instrumentación de la acumulación de capital de manera rapaz, con el fin de favorecer a un selecto núcleo empresarial. La repercusión política de este mecanismo, con alto grado de probabilidad, consistió en el reembolso transfigurado en apoyos para campañas electorales.
El caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es emblemático por diversas razones. No es un caso más de enriquecimiento personal, sino de corrupción trasnacional y nacional; aunado está la relación, hasta el momento, pero no articulación con los más altos niveles del poder político del sexenio anterior.
De lo que se conoce de las investigaciones, las acusaciones más sólidas son sobre los sobornos recibidos por Lozoya de 10.5 millones de dólares, entre 2010 y 2014, a cambio de contratos otorgados a la trasnacional brasileña Odebrecht; el desfalco al erario por la compra de la planta de fertilizantes, AgroNitrogenados, derivado de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación por un posible desfalco por 460 millones de dólares, a todas luces un precio excesivo por el deterioro de su equipamiento. También es investigado por lavado de dinero y, a raíz de su detención, por posibles ligas con la mafia rusa.
El otro caso representativo, es la detención y enjuiciamiento de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa durante al menos los últimos 19 años.
Las investigaciones en México dejan ver un enriquecimiento con inocultable velocidad a partir de su nombramiento, en 2006, como Secretario de Seguridad Pública, con la compra de una casa y la construcción de una residencia ostentosa en el fraccionamiento Jardines en la Montaña. En 2012 cambió su residencia a Florida, a la lujosa zona de Golden Beach, aunque afirma que la residencia es rentada; los dueños también son investigados. También están siendo investigadas las múltiples empresas en la que García Luna y su familia tuvieron o tienen participación.
Ambos casos son de alto impacto por la relevancia de los cargos desempeñados en el pasado por ambos funcionarios y por su cercanía política con dos expresidentes. El denominador común adicional que tienen es el involucramiento de sus familias; lo cual podría derivar en acusaciones de delincuencia organizada.
En el caso de Lozoya está pendiente la investigación del destino del soborno de Odebrecht con fines electorales, pues existen sospechas de que fue destinado para financiar la campaña presidencial del PRI en 2012. La situación de García Luna es diferente respecto al destino de los recursos obtenidos, porque no existen indicios, hasta el momento, de que se utilizaran para fines políticos, su objetivo, parece ser, sólo fue el enriquecimiento personal.
Las posibles consecuencias políticas de estas acciones judiciales todavía no culminan. Eso sucederá en función de la coyuntura política previa a las elecciones de 2021. El actual gobierno tiene tres objetivos sustanciales: el desarrollo económico, que conlleva una distribución de la riqueza equitativa; el combate a la delincuencia organizada y la lucha contra la corrupción.
En el tema económico el contexto internacional y las decisiones tomadas, que no han sido bien vistas por ciertos sectores del empresariado, han complicado el escenario nacional; las acciones para atemperar la presencia de la delincuencia organizada no están dando el resultado esperado; en cambio el combate a la corrupción mediáticamente se ha convertido en el engrane fundamental de la legitimidad gubernamental.
En los dos primeros temas no se vislumbra un balance positivo en el corto plazo. En cambio, el combate a la corrupción puede tener una repercusión fuerte y sólida en la legitimidad del régimen, porque si en el caso de Lozoya o García Luna se lograra configurar el delito de delincuencia organizada, el cual no prescribe, pudiéramos ser testigos de un maxi proceso que involucrara a uno o dos expresidentes de la República. En corto tiempo tendremos la respuesta.
