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Por Alejandro Jesús Valencia
@Valencia_117s

Nuestra Nación es enorme, cargada de múltiples ideologías. El Derecho es enorme, pero cargado de una sola postura. Imparcial y firme: ¿Qué versa sobre éstas cuando se quiere alcanzar la organización de —todos— sus miembros y la pluralidad de ideas no permite armonizar una única solución que les acomode a todos? Uno de los instrumentos ulteriores donde impera el bienestar de la vida pública sobre el criterio individual es la Democracia, un camino escabroso que busca la justicia y la igualdad, y en su búsqueda se ramifica otorgando un concepto análogo a estos: La legitimidad. Un sendero nacido del camino principal que reúne estos desacuerdos para establecer lo que conocemos como proceso electoral; una decisión mayoritaria que contiene no todas las posturas, sino el mismo fin: El correcto desenvolvimiento de la administración, impartición y preservación de nuestra nación. ¿Qué impera sobre nuestro propio criterio si afecta a nuestros semejantes? Una elección se construye a través del enfrentamiento de liderazgos, de los que impulsan y proponen, pero también de indecisos y traidores, y sobre todo de los que no son escuchados y son olvidados. Justo ahora que estamos presenciando este choque de posturas, podemos dar cuenta de que no importa cuántos candidatos tengamos, sino que la candidatura que sea favorecida con el sufragio, tenga la capacidad de representar a todos —hayan o no votado por él o ella—.

El proceso electoral es una voz: Nuestra voz. Una semilla que se planta en las urnas, cuyo fruto debería estar arraigado al cuidado del ciudadano y el gobernante. Votar solo es el principio del camino de la democracia, después se tiene la responsabilidad de participar en la vida política, como vigilantes del actuar de nuestros gobernantes y representantes. Recordemos que la teoría de la democracia establece que todo individuo se considera capaz para gobernar, ya que cuando todo va mal, pero tú no estás al mando, es fácil creer que podrías hacerlo mejor, pero uno erra cuando cree saber hacer lo que nunca ha hecho y aquí es donde la ciencia jurídica dota a los organismos para avivar —o en el peor de los casos, mantener— la funcionalidad y autonomía de los que aspiran a un cargo de elección popular.

Etiología de esta aspiración son los partidos políticos, músculos que impulsan la articulación del movimiento social y que fungen como motor electoral, que a su vez agrupan una personalidad propia a través de sus miembros, fenómeno inicial que solo ocurre cuando se promueven y blindan a sí mismos durante su campaña, y que posteriormente se altera al quedar legitimados dentro del Congreso por medio de fracciones parlamentarias.

Un ángulo observable muy específico de esto es el rol del propio Congreso de la Unión que se conforma por los partidos políticos, y que a través de sus atribuciones tiene la función de actualizar el marco jurídico al ritmo en que la nación cambia, así como las necesidades del país cambian conforme evoluciona la vida social, el Derecho se debe adecuar para cuidar, atender y saciar estas demandas. A fin de cuentas, somos nosotros mismos los que habremos de hablar y hacernos escuchar, y, dentro del mismo caso específico, el Congreso será oído de su propio pueblo para cumplir como la mano ejecutora de la voluntad de quienes los eligieron, puesto que en estricto sentido es el propio elector quien se gobierna a sí mismo, al ‘elegir y relevar’. Si los que llegan a un cargo en los comicios se desentienden de quienes los llevaron a esa responsabilidad, entonces estaremos ante una distorsión de la naturaleza jurídica y el fin final de la representación popular.

Bajo esta última premisa podríamos considerar que la legitimidad se perfecciona aplicándose dos veces:

I. La primera; el elegir y sufragar: Aceptar que hay ideas contrarias a las suyas y que deben tomarse en cuenta bajo los principios constitucionales. El primer mecanismo de legitimación es el candidato que recoge las voces que lo están escuchando.
II. Y el segundo; el relevar o mantener: Puesto que el elector observa el cumplimiento de las primeras propuestas, mismas que deben mantenerse para impulsar las demás, y considerar que el ahora servidor público está respondiendo a las voces que lo eligieron.

En este periodo, cuyo lapso de tiempo no se puede precisar, se perfecciona la legitimidad. Así que entendamos que todo este proceso —incluso ya habiéndose terminado la elección— constituye la democracia y donde su hermano menor lo convierte en un sistema regente. Imparcial y universal. Principios que lo enfocan y conducen a estimular la participación, pero también la competitividad por determinar el carril para el ejercicio del poder público y que el individuo no se puede permitir abandonar una vez establecido el nuevo gobierno, ya refería una parte Montesquieu cuando enunció “la tiranía del príncipe en la oligarquía es menos peligrosa que la apatía del ciudadano en la democracia”, porque su libertad estaría a la deriva por una causa de dominación generada por desinterés, dicho esto, podemos inferir que el contrapeso democrático del propio Estado es su Población, y así, sucesivamente, se cicla una democracia efectiva, grosso modo.

Alejandro Jesús Valencia

Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), cuenta con el grado académico de Experto Universitario por la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón con estudios de Liderazgo y Gestión Pública Responsable. Su experiencia profesional está enfocada en estudios legislativos y redacción de artículos de investigación de filosofía jurídica y ciencia jurídica. Asimismo, se interesa en temas constitucionales, parlamentarios y de derechos humanos