Por Adán de la Cruz Bravo
@DelacDe
El pasado 7 de diciembre, el expresidente de la República de Perú, Pedro Castillo, en un intento por usurpar el poder y violar la Constitución, trató de disolver el Congreso y crear un estado de excepción (1), a través del cual pudiera gobernar mediante decretos ley que le dieran tiempo suficiente para elaborar una nueva Constitución a modo, en un plazo no mayor a 9 meses, y le facultara seguir gobernando sin restricción de poder.
La razón era muy simple: evitar a toda costa que el Poder Legislativo (2) lo destituyera por presuntos actos de corrupción, entre los que figuran delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y delitos contra la tranquilidad pública.
Sin embargo, no logró el apoyo de las Fuerzas Armadas quienes al poco tiempo lo abandonaron, a la par que todos los miembros del gabinete de ministros y funcionarios en organismos internacionales (3) renunciaban a sus cargos a través de redes sociales y declaraciones a la prensa.
Sin embargo, luego de ser destituido por incapacidad moral como jefe de Estado por el Congreso, con una mayoría de 101 votos, 6 en contra y 10 abstenciones, fue detenido momentos después mientras se dirigía a la Embajada de México (4) y trasladado a la Prefectura de Lima por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, de acuerdo con el Ministerio Público de Perú. El anuncio de Castillo se da poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
Ahora, vamos un poco atrás en el tiempo para entender el panorama inmediato. La Fiscalía de Perú presentó el 12 de octubre de este año una denuncia ante el Congreso, en voz de la fiscal Liz Patricia Benavides Vargas, en contra de Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La misma alcanza a dos de sus exministros: Juan Silva, ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, ex titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ambos son señalados como presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado y estaría encabezada por el mismo Castillo. Actualmente, el exmandatario enfrenta 6 carpetas de investigación por parte del Ministerio Público. Los exministros aparecen igualmente en algunas de éstas, como investigados por diversas licitaciones de obras públicas.
La Fiscal de la Nación señaló que la denuncia se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos, a cambio de nombramientos en puestos clave y el cobro de porcentajes de las licitaciones obtenidas de manera irregular en los casos denominados “Ministerio de Transportes (Puente Tarata)” y “Petroperú y Ministerio de Vivienda”.
Hasta el momento, el gobierno de EEUU, el Reino Unido y la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus embajadores en Perú, han reconocido a Dina Boluarte como presidenta de Perú; primera mujer en la historia del país en ocupar el cargo. A su vez, la nueva mandataria ha anunciado una serie de medidas encaminadas principalmente a rescatar al país de la corrupción y el desgobierno. En ellas plantea lo siguiente:
1) Pide tregua al Parlamento
2) Hizo énfasis en una reforma política y anunció la creación de un Gabinete Ministerial
3) Solicitó el apoyo de la Fiscalía y la Procuración Pública para ingresar a las estructuras al interior del Estado para investigaciones y sanciones rápidas
4) Recibió a los integrantes del Tribunal Constitucional quienes la reconocieron como la nueva presidenta de Perú, tras la vacancia de Castillo.
Sin embargo, la presidenta interina carece apoyo social. De acuerdo con la primera Encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), sólo el 27% está de acuerdo en que haya asumido la presidencia ante la vacancia de Castillo, mientras que el 44% apoya el golpe de Estado y otro 38% justifica el golpe militar (aquí radica el éxito del autoritarismo en el Perú). A su vez, el 83% considera que adelantar las Elecciones Generales es lo más conveniente, pues no consideran a Boluarte apta para conducir al país hasta el 2026.
Con estos números, el Congreso debe dar una respuesta al reclamo de la sociedad, el cual es claro y contundente: unas Elecciones Generales (5) lo antes posible. El Pleno del Congreso aprobó el pasado 20 de diciembre el adelanto de elecciones presidenciales, congresales y de Parlamento Andino para abril de 2024. La iniciativa busca recortar los mandatos del Ejecutivo y el Legislativo que debían acabar en 2026.
Esta medida se vislumbra como una salida a la situación de inestabilidad política que ha dejado la vacancia, junto con más de 20 muertos, a raíz de las protestas desatadas tras su destitución y el decreto de estado de emergencia (6) por parte de la nueva mandataria. Tensión de una sociedad que se ha manifestado en reclamo de un nuevo rumbo del país por la vía democrática, el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte.
No obstante, el caso de Pedro Castillo es sólo la punta del iceberg de un problema grave de institucionalidad que atraviesa la región de América Latina, ya que la lista de casos como estos se amplía por todo el territorio latinoamericano. El informe de 2020 del Latinobarómetro (7) es claro al señalar que una ola de escasez de mayorías recorre la zona, consecuencia del egoísmo de las élites, donde la gobernabilidad se aleja, augurando tiempos complejos para la región. (continuará).
(1) Una medida que puede tomar el Presidente de un país para suspender o limitar derechos y garantías por un tiempo determinado. Esta figura se encuentra en la mayoría de las Constituciones del mundo y sólo el Presidente de la Nación puede implementarla.
(2) Era la tercera vez a la que Pedro Castillo se enfrentaba a una moción de vacancia en el Congreso que intentaba destituirlo; el quinto para un presidente en ejercicio en los últimos 5 años.
(3) Embajador de la ONU en Perú, Manuel Rodríguez Cuadros.
(4) Hasta el momento la familia de Pedro Castillo está refugiada en la embajada de México en Perú, al tiempo que Castillo continúa en prisión preventiva en Lima, después de haber presentado formalmente solicitud de asilo. Sin embargo, el gobierno de Perú ha expulsado el martes pasado al embajador de México en aquel paístras considerarlo persona non grata, después de las declaraciones hechas por Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado el incidente como un autoatentado, perpetrado por las cúpulas de poder. De acuerdo con la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, dichos señalamientos constituyen una injerencia en los asuntos internos y viola el principio de no intervención. El embajador Pablo Monroy tiene 72 horas para abandonar el país.
(5) Le demanda es que se vayan todos, incluyendo a los actuales congresistas.
(6) Medida en la que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por 30 días, para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra.
(7) ONG que investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos. Los resultados son utilizados por los actores socio políticos de la región, actores internacionales, gubernamentales y medios de comunicación.
Referencias bibliográficas
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