Por Yoselín Ruíz Aguillón y Ariel Palemón Arcos
En México, los avances de las políticas públicas en materia de transparencia y rendición de cuentas no han sido fructíferos por que no han consolidado una verdadera democracia y porque cuentan con un mínimo resultado de fiscalización; acceso a la información y obligaciones a los servidores públicos, los cuales prevalecen la opacidad, la omisión y la corrupción, factores que debilitan la confianza de la ciudadanía y las instituciones mismas que la representan.
Cabe destacar, que la gobernanza es respaldo de la democracia, el cual debe legitimarse a través de la inclusión, la igualdad, la participación, la no corrupción y creación de consenso en las decisiones de la administración pública, principalmente, para generar resultados óptimos de legalidad, confianza institucional y prevale cimiento del objetivo central de la democracia.
Para evidenciar el juego de simulación de transparencia y rendición de cuentas en México tan solo en 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el informe “La Métrica de Gobierno Abierto”, se evaluaron mil, 243 sujetos obligados [1], un total del 15% de todo el país, el resultado lleno de ineficiencias como: El mal manejo del gobierno, gastos sin soporte en documento, ni justificación, mala distribución del presupuesto, desvío de recursos, malversación, facturas falsas y sobre todo, falsificación de las adjudicaciones públicas.
El este mismo orden de ideas, el estudio de Transparencia Internacional del Índice de Percepción de la Corrupción, en 2020, México se posicionó en el lugar 124 de 180 países y en la posición 27 de 37 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que significa que a pesar del esfuerzo por el actual gobierno aún no existen resultados efectivos y articulados.
Resulta que este gobierno, se interesa más por el clientelismo político y los excesos del poder político, al existir estos males desvirtúan el concepto de la democracia mexicana.
México, descrito como gobierno poco democrático, debería de actuar no sólo con firmeza a lo que estipula Nuestra Carta Magna en su máxima expresión, sino que también, impulsar la igualdad, inclusión y consolidación de una ciudadanía mucho más proactiva y participativa en temas de gobierno.
Puesto que, las leyes de transparencia no son suficiente para erradicar la corrupción que prevalece en nuestro país. Sino que, es el actuar de las instituciones para abrir canales de diálogo entre ciudadanía y Estado con el propósito de impulsar la gobernabilidad y por su puesto la gobernanza institucional.
Muestra de ello, la transparencia y la participación en la rendición de cuentas son claves esenciales para erradicar la corrupción, precisamente porque rompe los vínculos entre los mismos servidores públicos —jueces y empleados públicos—, de los cuales la mayoría se refrendan con respuestas inocuas o en su caso con justificaciones vagas.
En este tenor, ¿qué papel ocupa la ciudadanía en temas de transparencia?, en su justa dimensión, porque el tema nos compete a todos, somos la clave esencial para constituirnos como agentes de este gran cambio social, económico y cultural.
Lo que debemos es sensibilizar que no sólo a las instituciones le compete cumplir con mayor transparencia y rendición de cuentas, también a la ciudadanía en general, organizaciones no gubernamentales y por consiguiente a los servidores públicos, estos deben generar una interacción, al conciliar y trabajar en equipo de manera permanente y puntual; con responsabilidad, honestidad y en todo momento de forma imparcial, cualidades que sirven para el fortalecimiento de la gobernabilidad eficiente y transparente.
Se debe de intentar crear vínculos efectivos entre ciudadanía-Estado, para la construcción de la esfera pública, donde nosotros como ciudadanía ejerzamos nuestro derecho a ser partícipes de los quehaceres políticos, conforme al Art. 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[1] Sujetos obligados son cualquier autoridad, entidad, organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; las alcaldías órganos autónomos, descentralizados y paraestatales, universidades públicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, mandatos públicos y demás contratos análogos, así́ como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, están obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder.
NOTA: Artículo elaborado en coautoría con Ariel Palemón Arcos, politólogo de formación y cuenta con el grado de Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Entre sus temas de Interés se encuentran: participación ciudadana en los asuntos públicos, economía política y modelos de anticorrupción. Profesionalmente se ha desempeñado como asesor legislativo en la LXII, LXIII, LXIV y actualmente en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, cumpliendo sus funciones parlamentarias, a senadores y diputados federales. También ha participado como consultor político en campañas en elecciones municipales y estatales.
