Editorial
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La reciente ampliación de facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en México ha generado tanto expectativas como preocupaciones. El Congreso otorgó a la dependencia la facultad de investigación para perseguir delitos, una medida respaldada por la mayoría de los partidos políticos como necesaria para combatir el crimen organizado.
Sin embargo, esta decisión plantea interrogantes sobre el potencial surgimiento de un “superpolicía”. El nombramiento de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad Ciudadana por la presidenta Claudia Sheinbaum intensifica estas inquietudes.
García Harfuch, con un historial familiar vinculado a eventos controvertidos de la historia mexicana, ha enfrentado señalamientos por su presunta participación en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su ascendencia, que incluye figuras asociadas a la “guerra sucia” del Estado mexicano, añade una capa adicional de escrutinio a su designación.
La ampliación de poderes a la SSC, aunque potencialmente beneficiosa para la lucha contra el crimen organizado, plantea el riesgo de un exceso de autoridad. La concentración de facultades investigativas en manos de una figura con antecedentes cuestionados genera preocupaciones sobre posibles abusos de poder.
El caso de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública condenado por narcotráfico en Estados Unidos, sirve como un recordatorio de los peligros de otorgar demasiado poder sin los controles adecuados. La pregunta que surge es si México corre el riesgo de repetir errores pasados con esta nueva configuración de la SSC.
Es crucial que se implementen mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para prevenir cualquier abuso de autoridad. La sociedad civil y los organismos de derechos humanos deben mantenerse vigilantes para garantizar que las nuevas facultades de la SSC se ejerzan dentro de los límites legales y éticos.
En conclusión, mientras la ampliación de facultades a la SSC puede ser una herramienta valiosa contra el crimen organizado, es esencial equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de los derechos civiles. El desafío para México será evitar la creación de un “superpolicía” mientras se fortalece la capacidad del Estado para combatir el crimen.
