Por Santiago López Acosta
La defensa de la Constitución y la democracia no solo debe venir de los propios actores políticos, a través de hacer real y efectiva la división de poderes y funciones por sus integrantes y de los titulares y/o representantes de los organismos constitucionales autónomos (OCA), tanto del ámbito nacional o federal como los correspondientes de los poderes estatales y municipales, sino también de las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
De estos últimos, la semana anterior tuvimos dos gratas noticias, con la instalación de un observatorio de OCA y la suscripción de un acuerdo entre jueces y barras y Colegios de Abogados para la defensa de la independencia judicial y el Estado de Derecho.
La Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocó a la instalación del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, como un espacio académico para analizar su naturaleza jurídica, funcionamiento y desempeño y participar en los debates que se están dando en relación con los mismos.
Los OCA empezaron a surgir hace tres décadas como instrumentos para la defensa de ciertos derechos, todos ellos enmarcados dentro de los humanos o fundamentales y paulatinamente ir quitándole facultades políticas y administrativas al Ejecutivo, para desmontar estructuras del viejo régimen autoritario, creando órganos profesionales, técnicos y especializados para garantizar estabilidad política y certeza jurídica en el desempeño de importantes responsabilidades estatales, al margen de los naturales intereses políticos de los poderes, particularmente el responsable de las funciones políticas y administrativas.
La FD de la UNAM está sumando a este esfuerzo a otras instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas del país, como el Instituto Nacional de Administración Pública, elInstituto Tecnológico Autónomo de México, las universidades Panamericana, Iberoamericana, Autónoma de Nuevo León, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma del Estado de México, Autónoma de Yucatán y la de Guadalajara.
Se advierte que es el inicio de una gran cruzada, que busca ser nacional, para desde el ámbito académico, involucrarse en la dinámica de cuestionamientos que se han hecho respecto de los OCA, y monitorear sus actividades para generar investigaciones, artículos, ensayos, reportes y demás productos de corte académico.
Ojalá que muy pronto este Observatorio incorpore a instituciones académicas de educación superior de toda la República, ya que la pretensión es estudiar, analizar y revisar el funcionamiento de los OCA, tanto nacionales como de naturaleza local, incorporando las diversas visiones que deben formar parte de todo análisis objetivo y científico, cuyo espacio propicio no puede ser otro que las universidades.
Las trincheras universitarias, genuinamente representadas, son espacios por excelencia de la sociedad, donde deben emerger defensas auténticas de la Constitución y de nuestra joven e incipiente democracia. Hagamos votos para que así sea.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (JUFED), con las principales barras y Colegios de Abogados del país, suscribieron el Acuerdo Por la Defensa de la Independencia Judicial y el Estado de Derecho.
No hay democracia que se precie como tal, sino se sustenta, entre otros componentes, en un Estado de Derecho, el cual debe contener la autonomía e independencia de los responsables de la impartición de justicia, que deben garantizar la plena vigencia de los derechos que debemos gozar todas las personas y ciudadanos sin distingos de ninguna clase, además de cumplir la función primordial, dentro de la división de poderes, de pesos y contrapesos, para evitar los eventuales excesos de los otros poderes, cuando pretendan transgredir los márgenes del Estado de Derecho.
Es evidente el punto de convergencia de ambas iniciativas para la defensa de la Constitución y de los componentes centrales del Estado Democrático, desde los ámbitos académicos universitarios y de los juzgadores y abogados organizados, como protagonistas fundamentales de una sociedad que no se resigna a perder sus avances en clave democrática, más aun después de que se han aprobado recortes presupuestales significativos para el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial Federal, que ponen en riesgo el cumplimiento de compromisos constitucionales y los meten en encrucijadas muy difíciles de resolver, pero confiemos en que sabrán salir airosos frente a retos que parecerían insuperables.
Con todos los defectos que puedan tener, estos dos esfuerzos desde la academia, la judicatura y la abogacía buscan evitar, desde sus propios espacios naturales, los intentos de regresión autoritaria.
Parafraseando al expresidente de los Estados Unidos, Barak Obama, quien dijo recientemente que la democracia es como un jardín, si no se riega y cuida constante y permanentemente puede terminar, no solo olvidado, sino destruido. Con esa analogía, las universidades, los jueces y los abogados pueden y deben resultar, excelentes jardineros.
