Borrón y cuenta nueva
Por Rafael Castillo Blanco.
Ante la decisión del Presidente de la República de condonar el adeudo de los habitantes de Tabasco con la CFE por concepto de energía eléctrica y aplicarles la tarifa doméstica más barata, han surgido numerosas peticiones en otros estados para recibir un tratamiento similar. Considero útil exponer algunos aspectos que pueden ayudar a comprender la naturaleza del problema.
La Comisión Federal de Electricidad es por definición legal una empresa productiva del Estado. El Presidente de la República ha manifestado su intención de rescatarla para garantizar la disponibilidad de la energía indispensable para el desarrollo del país.
Una condición indispensable para la salud de la empresa es que a través del cobro del servicio que suministra obtenga los recursos que su operación y expansión requieren. Esto significa que, cuando menos, el precio de la energía sea igual al costo total de producirla y distribuirla.
Para estar en condiciones de garantizar la disponibilidad del servicio, hoy y en lo futuro, la CFE necesita recursos económicos para operar, mantener, reemplazar y ampliar la infraestructura compuesta por plantas generadoras, líneas de transmisión, estaciones transformadoras y redes de distribución. Requiere también de una estructura técnica y administrativa integrada por un conjunto de trabajadores de diversas especialidades y niveles que demandan salarios y prestaciones. La fuente natural de estos recursos es la venta y cobro del servicio eléctrico suministrado a los usuarios. Eventualmente, por los largos periodos que la construcción de infraestructura requiere para hacerse productiva, se recurre al financiamiento, a pedir préstamos, que se tendrán que pagar con los recursos obtenidos de la venta y cobro del servicio eléctrico.
Lo anterior nos lleva inevitablemente al tema de precios y tarifas.
En términos globales el precio de la energía depende primordialmente de la composición del parque de generación que esta formado por plantas hidráulicas, térmicas de combustible líquido o gaseoso, geotérmicas, solares, eólicas, nucleares, etc., y depende además de su eficaz y eficiente operación y del costo de los combustibles. Cada tipo de planta tiene un costo de generación diferente y el costo global depende de las distintas proporciones en que cada una de las plantas contribuye a satisfacer la demanda global. Esta es una de las causas por la que los precios de los diversos países son diferentes.
En Estados Unidos de América predomina el carbón, aporta el 51% de la energía eléctrica; en Canadá predomina la generación hidráulica con un 60%, en Noruega prácticamente toda la generación es hidráulica con un 99%, en Francia el 77% de la energía es de origen nuclear, en México cerca del 80% de la energía eléctrica proviene de quemar gas natural, mayoritariamente importado, y derivados del petróleo.
Un sistema tarifario ideal es aquel que fija a cada tipo de usuario un precio que refleje el costo incurrido para suministrarle el servicio, sin embargo, la estructura tarifaria se aleja en ocasiones de este ideal por razones sociales, políticas y económicas. En México, la primera causa de la desviación es que tenemos costos del mismo orden que muchos otros países, pero el poder adquisitivo de los mexicanos es considerablemente menor al internacional, tenemos precios del primer mundo y salarios del tercero, lo cual significa que una gran parte de la población no podría pagar a precios reales la energía que consume. De aquí nace la necesidad de subsidiar a los usuarios domésticos de energía, otorgándoles un precio menor al costo en que CFE incurre para suministrar el servicio. Esto naturalmente produce una disminución en los ingresos de CFE que altera la premisa original de igualar los ingresos con los gastos. Durante muchos años las entidades responsables de fijar las tarifas (Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda) obligaron a la CFE a vender a precios inferiores a sus costos sin reintegrarle el subsidio, lo que provocó un endeudamiento que la puso prácticamente al borde de la quiebra. Actualmente el gobierno federal absorbe una parte sustancial del subsidio, en 2017 la CFE recibió 65,000 millones de pesos por este concepto.
Como dato ilustrativo podemos mencionar que en la mayoría de los países el precio de la energía para servicio doméstico es superior al de los servicios industriales y comerciales, y esto es porque es más caro suministrar una unidad de energía al servicio doméstico que al servicio industrial.
Actualmente la tarifa más subsidiada es la doméstica, destacando la doméstica para clima cálido que tiene seis variantes en función de la temperatura ambiente.
¿Qué sucede cuando se vende a precios inferiores a los costos? Se altera la premisa de igualar los ingresos a los gastos de la empresa y aparece un déficit que se enfrenta con alguna mezcla de las siguientes acciones.
Disminuir los gastos de inversión y operación con el natural decremento de la calidad y disponibilidad del servicio. Por falta de recursos para el mantenimiento los índices de disponibilidad y eficiencia disminuyeron apreciablemente durante una época reciente.
Se recurre al financiamiento y se compromete seriamente la salud financiera de la empresa.
Se establecen subsidios que al provenir de la recaudación fiscal disminuyen la capacidad del gobierno para atender otras necesidades de gasto e inversión. La decisión de subsidiar y su cuantía son asuntos de prioridades nacionales.
¿Cómo afectó a la CFE la condonación del adeudo en Tabasco? Al no cobrar la energía durante años, y condonar ahora los adeudos, seguramente la CFE sufrió un quebranto económico que se tradujo en un deterioro operativo y financiero.
La condonación seguramente llevará tranquilidad a miles de hogares y también, esperamos, los inducirá a pagar puntualmente el servicio en la tarifa más baja del sector doméstico. Pero me surgen las siguientes inquietudes:
¿En todas las localidades favorecidas se cumplen los supuestos establecidos para aplicar la tarifa 1F?
¿Después de años de no pagar se convertirán en buenos pagadores y la CFE aplicará estrictamente los reglamentos en caso contrario?
¿Los usuarios que estaban fuera de la resistencia civil, y que hicieron el esfuerzo por pagar oportunamente, quedarán satisfechos y soportarán las burlas de los morosos?
¿La lógica simple del pueblo pensará que si se hizo en Tabasco puede y debe hacerse en todos lados, y exigirá el mismo trato utilizando los mismos métodos de resistencia?
Una de las exigencias frecuentes es la aplicación de una “tarifa justa”. Para la CFE una tarifa justa es aquella que le genere los recursos necesarios para cubrir todos sus requerimientos de dinero; para los usuarios una tarifa justa es la que puedan pagar sin sacrificar la adquisición de los satisfactores elementales. La solución de este dilema es subsidiar selectivamente el precio de la energía, con la condición de que se reintegre a la CFE el monto del subsidio, para lo cual se deberán disminuir otras partidas del presupuesto federal o incrementar la recaudación de impuestos modificando el injusto estado actual que trata “generosamente” a los que más tienen.
Obviamente hay otras medidas que pueden moderar la intensidad del problema, por su parte la CFE esta en proceso de reorganización para hacerla más eficiente, desarrolla programas de disminución de pérdidas y ha convenido con el sindicato el cambio del sistema de pensiones a uno de cuentas individuales. Por su lado de usuario puede hacer un uso racional de la energía y aplicar medidas de ahorro.
Hace algunos años, cuando nos reuníamos para la defensa del sector energético y posteriormente para formar un partido, invitamos a un licenciado en derecho a que nos explicara los aspectos legales de algunas de las medidas de resistencia propuestas, tales como toma de oficinas, bloqueo de vías de comunicación, paros, plantones, huelga de pagos, etc. Cuando nos explicó con las leyes en la mano que algunas de esas acciones eran delitos nuestros compañeros más radicales protestaron airadamente.
No soy sociólogo, ni antropólogo, ni economista, ni licenciado en derecho, tal vez por eso me preocupa la frecuencia con la que la población reclama sus reales o supuestos derechos mediante actos que constituyen una violación a las leyes. No dudo que muchas reclamaciones son justas, lo que me preocupa es que se cierren las carreteras, los ferrocarriles, las escuelas, sin que el gobierno haga valer las leyes y reglamentos.
Deseamos un país con leyes justas y un gobierno eficiente y honesto, que aplique y no negocie la aplicación de las leyes. Queremos un pueblo con todos los derechos pero también con todas las obligaciones. Comprendo que este es un lento proceso de cambio pero a veces no veo señales de que avancemos en esa dirección.
