El INE es perfectible, pero no desestimemos sus aportes
Por Salvador López Santiago
@sls1103
El nuevo gobierno ha llegado a modificar el marco normativo e institucional. De esta manera, tenemos una nueva reforma educativa, el uso de los programas sociales está tipificado como delito grave, ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, se eliminaron los seguros de gastos médicos mayores a burócratas, en un hecho inédito el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado por la Cámara de Diputados y tenemos una Guardia Nacional que ya está en proceso de implementación en todo el país, entre otras leyes y reformas. Los casos enunciados, ponen de manifiesto un cambio de régimen, lo cual se advirtió desde campaña y por el que se decantó la mayor parte de la ciudadanía que salió a votar el 1º de julio de 2018.
El panorama expuesto no debería sorprender a nadie, e incluso tendrían que ser considerados como parte natural de una transición democrática. Lo que sí llama la atención es la narrativa radical que se sintetiza en la premisa de que todo lo que huela a pasado está mal y es corrupto. Evidentemente que no es así. Si bien es cierto que la población mexicana estaba harta de casos como la Casa Blanca, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Odebrecht, la Estafa Maestra y tantos más; también lo es que hay cuestiones que no solo son rescatables, sino que son muy positivas, ejemplo concreto el fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país.
Me refiero a este último tema porque en esa intempestiva transformación impulsada con la legitimidad que da 30 millones de votos, se han presentado asuntos que al menos pueden llamar a la reflexión. Menciono tres hechos de este tipo: las renuncias del Director General del IMSS, el secretario de hacienda y del titular de la unidad antisecuestro de la SEIDO; la ampliación de 2 a 5 años de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California; y la reforma Electoral y del Estado que buscará impulsar la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión. En relación con el último ejemplo, considero que es erróneo el planteamiento de desaparecer el Consejo General del INE y sus 300 juntas distritales, así como los OPLES de los 32 estados, a fin de que sea el Instituto quien se encargue de organizar las elecciones locales.
Esta propuesta es por decir lo menos, someter al sistema democrático mexicano, ese que aún con todos los defectos y vicios que pudiese tener, ha hecho posible dos transiciones en México. Paradójicamente, ese conjunto de procedimientos e instituciones que hoy son objeto del escarnio público, son los que permitieron que el nuevo gobierno accediera no solo a la presidencia de la República, sino que además obtuviera la mayoría en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, gubernaturas y un número inédito de cargos de elección popular a nivel local y municipal. Por supuesto que son necesarias modificaciones al modelo electoral actual, pero de eso, a decir que nada funciona, existe una enorme distancia.
En todo caso, sería conveniente reformular los planteamientos para garantizar que en el sistema electoral exista austeridad republicana y un gasto eficiente, sin que ello comprometa el pluralismo, operatividad, transparencia, objetividad, imparcialidad, certeza y legalidad de las elecciones. No sería muy buena señal que digamos, volver a centralizar el desarrollo de los comicios en nuestro país. Eso daría, al menos delirios de regresión a la época de los años ochenta con la Comisión Federal Electoral y los Colegios Electorales, donde era el propio gobierno el que organizaba, realizaba y calificaba las elecciones.
No obstante, reitero que el INE y el sistema electoral de México debe ser fortalecido, que no destruido. Entre las fortalezas del INE, se encuentra la ciudadanización, con la cual mujeres y hombres ajenos a los partidos políticos fungen como una especie de fedatarios de la legalidad de cada uno de los actos del Instituto. Puedo dar testimonio de que el proceso para formar parte de los consejos distritales es objetivo, pues en 2011 participé en una convocatoria y fui seleccionado sin haber sido impulsado por ningún grupo político. Aunque no descarto que muchos Consejos estén llenos de cuotas, sin que sea aplicable a todos.
En mi experiencia, puedo decir que si existe alguna trampa como la denuncian tanto quienes no son favorecidos con el voto popular, no se da en las Juntas Distritales. En estos espacios hay ojos en todos lados, comenzando por los funcionarios del INE, las y los Consejeros, los representantes de los partidos políticos, observadores electorales y ciudadanía en general que asista a las sesiones que, dicho sea de paso, son públicas. Pero parafraseando al presidente “no soy ingenuo” y no me podría aventurar a decir que no hay arreglos, en todo caso, insisto que no es en esa parte del INE.
Tuve la oportunidad de participar en dos procesos electorales en el distrito electoral federal 39, con cabecera en La Paz, Estado de México (2011-2012 y 2014-2015). En el primero de ellos, fuimos el único de los 300 distritos electorales del país en donde hubo recuento total en las tres elecciones –diputados federales, senadores y presidente de la República-, por ello, prácticamente vivimos una semana en la Junta y al final ganó quien tuvo más votos. En el segundo proceso la elección fue solo para la diputación y aunque la diferencia entre el primero y segundo lugar fue más holgada, ya se podía comenzar a vislumbrar lo que ocurrió el año pasado. El triunfo contundente AMLO no fue fortuito ni mera casualidad, pero sí fue posible gracias a los avances democráticos que hemos gestado durante las últimas décadas.
Regreso a la reforma Electoral y del Estado de Morena que muy probablemente será discutida en el periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1º de septiembre, es oportuno hacer un balance entre los aspectos positivos y negativos del INE. En el primer caso estimo que, en términos generales, el INE se ha caracterizado por ser una institución con responsabilidad, profesionalismo y autonomía. En contraste, la incorporación de los avances tecnológicos sigue siendo un tema en el que se deben corregir varias cuestiones, comenzando por tener equipos que no sean obsoletos y que lejos de contribuir a un mejor desempeño, generan cargas para las Juntas Distritales que deben resguardarlos.
Otra de las grandes fallas o áreas de oportunidad, tiene que ver con la burocracia dorada que existe en el Instituto. No me refiero a las y los integrantes del Consejo General, quienes actualmente son objetos de un linchamiento mediático promovido desde las más altas esferas -me parece que de forma exagerada-, sino más bien a un sin número de funcionarios que pretenden comprender la realidad social, política y electoral desde un escritorio, situación que incluso ha sido denunciada por el Consejero del Consejo General del INE José Roberto Ruiz Saldaña.
A manera de conclusión, estimo que en esta importante discusión -que es ineludible y necesaria-, no aportan en nada visiones maniqueas. Incurren en error o en soberbia tanto aquellas voces que se pronuncian por la desarticulación total del INE, con la excusa de austeridad -sin preocuparse por la optimización de recursos y planeación-; como las que salen a decir que no hay nada por corregir, por supuesto que lo hay. El INE, ha sido un actor fundamental para el fortalecimiento de nuestro sistema electoral, pero como todo proceso, ley o institución, es perfectible.
