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Por Santiago López Acosta 

Los poderes legislativos en el mundo se caracterizan porque no tienen una actividad permanente y continua, derivado principalmente porque sus integrantes asumen la representación política, entre otras importantes funciones y responsabilidades, de sus respectivas colectividades territoriales, llámense Estados o entidades federativas, distritos o municipios, y tienen que mantener la cercanía con sus representados, aunque sus actuaciones y decisiones, en el ámbito de sus competencias, las hacen en función de los intereses generales, que pueden ser nacionales o estatales.

El actuar fundamental de los poderes legislativos se realiza principalmente dentro de lo que se denomina periodos ordinarios de sesiones, y nuestra Constitución señala que el Congreso de la Unión se celebraran dos de ellos, el primero iniciando el 1º. de septiembre y el segundo el 1º. de febrero, de los años que corresponda.

En ambos periodos el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los asuntos que le competan, y duraran el tiempo necesario para tratar los mismos. El primer periodo no podrá prolongarse más allá del 15 de diciembre, y el segundo hasta el 30 de abril.

Los Congresos pueden convocar a los periodos extraordinarios que requieran, según la agenda de temas que acuerden los diferentes grupos parlamentarios, que serán los únicos que se podrán abordar y resolver. Durante los recesos opera la Comisión Permanente, que es un órgano del Congreso integrada por 19 diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras, la cual tiene atribuciones muy acotadas.

En ese sentido, es del dominio público que el próximo martes primero de febrero dará inicio el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal, por lo que en los últimos días hemos visto y escuchado que los diferentes grupos parlamentarios, de ambas Cámaras, se han estado reuniendo e invitando a diferentes servidores públicos, de acuerdo a los temas prioritarios de sus respectivas agendas, los cuales seguramente propondrán y/o apoyarán durante la próxima jornada legislativa.

En ese sentido, los grupos parlamentarios de Morena han invitado principalmente a secretarios de despacho del gobierno federal, lo cual tiene la lógica de apoyar la agenda legislativa del presidente de la república.

Situación que no ocurre, por razones obvias, con los grupos parlamentarios de oposición, ya que estos tienen otras prioridades, distintas a las de aquellos, por eso panistas y perredistas invitaron al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para conocer su perspectiva de una eventual reforma electoral, misma que se anunció por el presidente de la república desde el año pasado, pero no se ha presentado formalmente como iniciativa, y solo se ha estado revisando a través de especulaciones.

Respecto de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, se iniciaron los foros del parlamento abierto en la Cámara de Diputados un tanto desangelados, pues no han participado, todavía, la mayor parte de las voces críticas y opositoras a la misma; ojalá que no sea el preámbulo de un ejercicio estéril e intrascendente. Se ha dicho que los foros continuaran las próximas semanas y meses y que esa iniciativa se votara hasta después de las elecciones en 6 entidades federativas en junio próximo; luego entonces se hará hasta el siguiente periodo ordinario, al menos que se convoque a uno extraordinario antes de septiembre. Hay mucha presión interna y externa sobre esa iniciativa, su trascendencia en la economía nacional es de primer orden, además de las consecuencias internacionales, sobre posibles violaciones al T-MEC (Tratado de libre comercio entre México, EEUU y Canadá), si se aprueba en los términos que se presentó.

Las agendas legislativas de los diferentes grupos parlamentarios apenas se están ventilando públicamente, por ejemplo en el Senado, Morena y el PRD propondrán regular la cannabis, el PAN y el PRI reactivar la economía, el mismo PRI y MC coinciden en temas fiscales, Morena buscara la reorientación del presupuesto y que los patrones otorguen tiempo a los trabajadores para votar la revocación de mandato, el PAN impedir que se militarice la guardia nacional y garantice el abasto de medicamentos, el Grupo Plural planteará una reforma integral de la CNDH, elecciones primarias en los partidos políticos y derechos de periodistas y víctimas de violencia, el PRD licencias médicas para mujeres y feminización del derecho penal, el PRI el relanzamiento del turismo y MC acotar la prisión preventiva. Falta conocer las agendas en la Cámara de Diputados.

El mismo 1 de febrero el presidente de la república puede presentar hasta dos iniciativas, que se les tendrá que dar trámite preferente, por lo que será hasta entonces cuando se podrá saber sobre los temas que serán prioritarios para el Congreso de la Unión en los próximos tres meses.

Sería pertinente que los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso presenten publica y previamente al inicio del periodo de sesiones, las iniciativas de ley o reforma, los temas y asuntos que serán su prioridad, de tal manera que den oportunidad a la sociedad, política, civil o en general, para opinar y manifestarse, como una forma concreta de asumir la representación política que ostentan.

En una democracia representativa, delegativa y participativa, la sociedad no se puede quedar solamente en la emisión del voto cada 3 o 6 años, tiene que hacerlo de forma continua e intermitente, según lo ameriten las circunstancias, como es el caso de la determinación de las agendas legislativas, para que no queden únicamente en los intereses y prioridades de las elites políticas del Congreso y de otros factores reales de poder. Los grupos organizados de la sociedad la tienen que impulsar.

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.