Por Ariel Palemón Arcos
@palemon12
La corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado. Sus expresiones van desde tráfico de influencias, conflicto de interés, sobornos, lavado de dinero, desvío de recursos, licitaciones, nepotismo, impunidad, omisión, fraude y malversación, principalmente, cuyos efectos provocan el aumento de desigualdades, de pobreza, de exclusión de derechos y, sobre todo, traiciona la confianza de los ciudadanos.
Cabe destacar que esta inmoralidad no es un problema de las democracias modernas, ni tampoco para algunos países, sino que es una cuestión mundial y suele depender de sus instituciones para catalogarse como menor o de gran escala de corrupción, impactando gravemente en todo momento a los sectores más vulnerables de la población.
Para el caso de nuestro país, la corrupción siempre ha existido, desde décadas e incluso en la actualidad, solo que algunos servidores públicos lo han llamado; contribuciones, cooperación de partido, aportaciones voluntarias, ayudas y colaboraciones monetarias. ¡No!, eso es corrupción y de gran escala, que provoca a largo plazo consecuencias como la muerte, ¿y cómo afecta?, a través de su justa dimensión por las malas prácticas e irregularidades en las que se decide accionar sobre un acto de inversión, creación y toma de decisión.
Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, según datos de Transparencia Internacional a través de su informe: Índice de Percepción de la Corrupción 2021, México mantuvo una calificación de 31 puntos, —en una escala de cero que equivale mucha corrupción y 100 donde no la hay—, ubicándose en la posición 124 de 180 países evaluados, situación se encuentra casi en la misma categoría con respecto a 2016, cuando se ocupó el lugar 30 y 123, respectivamente.
Para determinar el impacto de este flagelo en la sociedad mexicana, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, elaborada por el INEGI, en 2019 la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 15 mil 732 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
Esto refleja que el problema no es la aprobación de leyes o de discursos políticos, sino que, es más de aplicación de la norma. A pesar de que la lucha contra la corrupción ha sido la base principal de la actual administración federal y a pesar a los esfuerzos realizado, aún no existen resultados óptimos para combatirla y mucho menos para erradicarla.
No se trata de disentir los resultados ante la ineficiencia del estado mexicano sino, de buscar soluciones viables y articuladas con el propósito de consolidar una sociedad más informada, pero sobre todo, más incorruptible.
Por lo tanto, debemos de crear nuevos enfoques en aplicación de una política anticorrupción, la cual se trata no solo de forma, sino de fondo y de raíz. En esta tesitura, se debe tener a la participación activa de la ciudadanía como uno de los ejes medulares de este gran cambio sustancial que necesita nuestro país.
Se trata de generar una nueva forma de crear modelos de anticorrupción, donde incida la ciudadanía de manera activa, no para ser informada y rendirle cuentas, sino con el propósito de proveerles de facultades y atribuciones para crear los tribunales ciudadanos con el objetivo central de aprobar, valorar, sentenciar a un presunto servidor público que cometa de actos de cohecho.
Por ello, se requiere generar las condiciones para que la ciudadanía se conduzca con transparencia, responsabilidad y respeto a disentir. Asimismo, es necesario que las decisiones de la ciudadanía sean tomadas en cuenta al momento de construir estrategias de anticorrupción, como la creación de tribunales ciudadanos.
Esto podrá generar un cambio trascendental y una transición medular para México donde se cree un nuevo poder: que es la ciudadanía. Y al mismo tiempo una controversia para algunos servidores públicos. Ese binomio permitirá dar un giro más democrático y participativo.
Ante este contexto, disminuirían los índices y el impacto de corrupción en los niveles de gobierno y en la sociedad mexicana, consolidando una sociedad más incorruptible con más gobernabilidad y, sobre todo, una sociedad donde sea posible recuperar la confianza en las instituciones gubernamentales y de sus ciudadanos.
