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Por Santiago López Acosta

@LpezSantiago

Contrario a lo sucedido con la mayoría de los partidos políticos en el mundo, el PRI fue fundado desde el poder como instrumento electoral del régimen para mantenerse en el mismo, propósito alcanzado durante 71 años consecutivos.

El PRI es parte de la historia de este país durante la mayor parte del siglo XX, con sus devenires y cambios. Desde la propuesta inicial para pacificar el país, cuando la disputa por el poder era violenta, pasando de “la etapa de los caudillos al de las instituciones”, decía el fundador del PNR (Partido Nacional Revolucionario, abuelo del PRI), el entonces jefe máximo, Plutarco Elías Calles, a la consolidación del nacionalismo revolucionario y masificación de las estructuras del partido (PRM, Partido de la Revolución Mexicana) durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, con la incorporación de los civiles y la institucionalidad del propio régimen (el PRI) con Miguel Alemán.

Como instrumento del poder en turno durante ese largo trayecto, el PRI nunca ha tenido una identidad política e ideológica propia, sino que ha estado sujeto a la visión y proyecto de los presidentes en diferentes periodos de nuestra historia, y sujeto a circunstancias y coyunturas históricas concretas, nacionales e internacionales. Desde el Estado posrevolucionario, que requería consolidarse, en la primera mitad del siglo pasado, transitando por el estatismo nacionalizador de Echeverria y López Portillo y el periodo de apertura política y económica durante el llamado periodo neoliberal, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, incluyendo los dos gobiernos del PAN.

Después de perder la presidencia en el año 2000, no pocos vaticinaban la extinción del PRI, al no contar con la pieza central para el funcionamiento del viejo sistema político; sin embargo, los gobernadores priistas, que eran numerosos, asumieron el papel de reorganizadores, para regresar a la presidencia en la persona de uno de ellos, Enrique Peña Nieto en 2012, cuyo gobierno tuvo notables claroscuros, pero terminó con una estrepitosa derrota en 2018.

Desde entonces, el declive político y electoral del PRI se ha agudizado y no lo puedan parar, pues perdieron todas las gubernaturas en disputa en 2021, en 2022 acaban de perder Oaxaca e Hidalgo, solo gana Durango con el apoyo del PAN. Ya no tiene, y seguramente no tendrá, los actores políticos que le permitieron recuperarse después de la derrota del 2000, y los dos gobiernos estatales que aún conserva, Coahuila y Estado de México, se pondrán en juego en 2023, y no se ve nada fácil que los mantenga.

Con sus 70 diputados y 13 senadores en el Congreso de la Unión, el PRI se encuentra en una encrucijada, después la fuerte presión que tuvo del régimen para que aprobara la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica.

Voces importantes del priismo, como el coordinador de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, la expresidenta del partido y senadora Claudia Ruiz Massieu y Enrique de la Madrid, todos ellos secretarios de estado en el gobierno de Peña Nieto, se pronunciaron en contra. Sin embargo, el presidente del partido, Alejandro Moreno y el coordinador de los diputados Rubén Moreira, tuvieron una posición ambivalente, aunque finalmente votaron en contra. Después de esa votación se vino una embestida del régimen contra los opositores, particularmente contra el presidente del PRI, con el que aparentemente tenían el acuerdo o posibilidad de que la apoyaría.

Las acusaciones y difusión de audios muy comprometedores contra Alejandro Moreno, además de los desastrosos resultados electorales, lo han puesto contra la pared. 9 expresidentes del partido y el coordinador de los senadores se reunieron con él para pedirle su separación, entre otras cosas, pero se negó rotundamente, y a una segunda petición de reunión los remite a presentarse ante el Consejo Político Nacional, lo que equivalente a ignorarlos.

Ante esta respuesta el senador Osorio Chong, le pide al PAN y al PRD no acordar nada con Moreno Cárdenas, un dirigente que, en el mejor de los casos, para éste, continuará hasta agosto de 2023, y no definirá nada en la eventual alianza de 2024.

Moreno Cárdenas tiene el control de todas las estructuras del partido, por lo que las vías estatutarias para deponerlo estarían en la práctica descartadas, con todo y que lo soliciten 9 expresidentes y el coordinador de los senadores. Una salida institucional no se ve por ningún lado, y lo que se advierte es un conflicto interno que puede tener graves proporciones.

Dentro de los aliados, son cada vez más las voces calificadas dentro del PAN para que se revise la pertinencia de mantener al PRI en la misma, destacando que sus negativos son mucho mayores que las eventuales ventajas. Se dice que el PAN ha sido enemigo histórico del PRI y gran parte de su discurso y plataforma política y electoral giró en torno a lo que representaba el régimen que encabezó aquel durante décadas. Además de que el rechazo que tiene el PRI en prácticamente todas las encuestas es muy alto y es el partido peor evaluado (6 de cada 10 mexicanos dice que nunca votaría por el PRI). Gustavo Madero está solicitando también reunión de evaluación con Marko Cortes, quien también ha dicho que se mantendrá como dirigente nacional del PAN.

Hacen falta dirigentes políticos con dignidad y responsabilidad, como Manlio Fabio Beltrones y Germán Martínez, quienes, ante los malos resultados electorales de sus partidos, el PRI y PAN, respectivamente, renunciaron al día siguiente de la jornada comicial. No es el caso de los actuales dirigentes.

El PRI se encuentra en un momento crítico y no se ve como lo solvente, sin fractura y sin desgaste.

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.