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Por Santiago López Acosta

@LpezSantiago

México está sentado sobre una bomba de tiempo, que en cualquier momento puede estallar ante la agudización de la crisis migratoria actual, advierte José Mario Sánchez Soledad, consejero delegado de migración de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La decisión adoptada esta semana por de la empresa ferroviaria mexicana Ferromex, de suspender temporalmente el movimiento de 60 trenes de carga, luego de que en días recientes se registraran —según la empresa— cerca de media docena de casos de lesiones o fallecimientos entre migrantes que abordaron los trenes es una clara muestra de la magnitud del problema.

Además de las pérdidas millonarias, estamos frente a una crisis humanitaria presente en varias ciudades del país, pero más visible en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Tan solo en Ciudad Juárez se estima que hay entre 12.000 y 14.000 migrantes en situación de calle y alrededor de 5,000 de manera transitoria en Irapuato, solo como ejemplos.

La Cancillería de México señaló que “frente al aumento significativo de flujos migratorios”, los consulados de México en la región “están dando puntual seguimiento a las crecientes concentraciones de migrantes y los consecuentes cierres unilaterales de puentes y cruces en la frontera”.

La Coparmex hizo un llamado para que establezca una mesa de diálogo con Estados Unidos y con la participación de los gobiernos estatales de ambos países con el fin de aunar esfuerzos para el ordenamiento del flujo migratorio. Advierten que de no resolverse la crisis migratoria tanto México, como Estados Unidos pueden registrar graves consecuencias, entre ellas “que se condicione la llegada de empresas y capital extranjero producto del nearshoring al no existir las condiciones necesarias para que las inversiones puedan prosperar en ambos países.

Como sabemos México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con cifras oficiales, el comercio entre ambas naciones alcanzó unos US$ 396.600 millones en el primer semestre de 2023, un aumento de 3,1% en relación con el mismo periodo de 2022.

Además de las consecuencias economías, esta crisis se debe abordar desde la perspectiva humanitaria con respeto a la dignidad de las personas, ofreciendo ayuda, evitando que sean violentados por la delincuencia organizada o por funcionarios corruptos que los extorsionan, como también revisar el marco legal migratoria y facilitarles empleo y seguridad en México.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, de enero a julio de este año han ingresado al país de manera irregular 317.334 personas. El mayor volumen de migrantes indocumentados por nacionalidad lo encabeza Venezuela con 26,4% y le siguen Honduras (14,5%), Guatemala (11,6%), Ecuador (9,7%), Haití (5,6%), Colombia (3,8%) y otros, sin especificar nacionalidad (28, 4%), pero se han identificado incluso provenientes de países de África y Asia.

El grave problema migratorio, convertido en una severa crisis para el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales involucrados, tiene consecuencias internacionales, donde se involucran los países de origen de los migrantes, además de los EEUU, que no puede obviar su responsabilidad, por las presiones que sigue ejerciendo contra México, sin el apoyo suficiente y necesario al ser el destino final que buscan la inmensa mayoría de los migrantes.

Desde la perspectiva nacional no se advierte ninguna política ni líneas de acción concretas e inmediatas, ya no se diga para resolverlo, por lo menos para contenerlo mientras se busca alguna salida, pues el problema migratorio se ha venido incrementando descontroladamente.

El lamentable suceso de la estación migratoria de Ciudad Juárez, de hace algunos meses, donde perdieron la vida 40 migrantes, no solo no se ha resuelto, con sanciones ejemplares a los responsables, por el contrario, recientemente se agrega el escándalo internacional de que el director del Instituto Nacional de Migración intento extorsionar a los familiares de las víctimas, condicionando la entrega de las indemnizaciones y ayudas a cambio de que le retiraran los cargos en su contra, luego negado por un juez. Un hecho no solo lamentable, sino sencillamente terrible.

Como lo dijo el representante de la Coparmex, la crisis migratoria por la atravesamos está llegando a extremos insostenibles y es literalmente una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Ojalá que no.

Santiago López Acosta

Es Doctor en Ciencias Jurídicas, con el grado de suma cum laude por la Universidad de Granada, España. Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad De Lasalle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado más de 40 ensayos y artículos especializados en publicaciones estatales y nacionales, revistas y libros colectivos, es coautor del libro “Derecho Administrativo del Estado de Guanajuato”, en coautoría con el Dr. Jorge Fernández Ruiz, Editorial Porrúa, México 2008 y coordinador de la obra “Centenario de la Constitución Mexicana de 1917” editada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Además, ha sido articulista de distintas revistas nacionales y estatales. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, en organismos electorales, federal y locales. Ha sido asesor y consultor en materia jurídica, política y de la administración pública.