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Por Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

La democracia es un fenómeno complejo: social, cultural, político y jurídico. Cuando se estudia, frecuentemente, se hace limitadamente. La primera restricción analítica es cuando se enfoca parcialmente, al sólo considerar la calidad de los comicios o los resultados electorales. La segunda, contemplar a la democracia en singular cuando, en la realidad fáctica están presentes múltiples expresiones de democracia. La tercera es al analizar la democracia desde una perspectiva ahistórica y sin considerar las circunstancias geopolíticas concretas que inciden en ella.

Únicamente referiré dos ejemplos de democracia, que resultan paradójicos. El Reino Unido, considerada, por algunos la democracia más antigua del mundo es una monarquía constitucional, en donde el monarca tiene poder político, eso sí limitado, pero relevante: puede disolver el parlamento en caso de crisis política

Es una democracia porque existe división de poderes y un equilibrio entre ellos y, periódicamente se elige a los miembros del parlamento y el gobierno y, porque es aceptada por los súbditos británicos. Aunque conviva con un núcleo cortesano que recibe recursos del Estado y usufructúa bienes públicos.

Los Estados Unidos, que, para muchos, es el modelo democrático por antonomasia, los cargos electivos se deciden por medio de un método indirecto. Este mecanismo aceptado por la élites políticas y económicas y, por la propia ciudadanía, no es congruente con el principio básico de la democracia: una persona un voto. Ya se dio el caso de dos elecciones presidenciales en que no fueron electos quienes obtuvieron el voto mayoritario. Además, en una sociedad donde se encuentra arraigado el racismo y la discriminación política de las minorías étnicas.

Ambos modelos democráticos cargan el peso de su tradición cultural intensa, provienen de la misma matriz: aristocrática y elitista, pero a la vez con limitación del poder y derechos ciudadanos. Estos dos ejemplos ilustran que en la realidad no se presentan dos modelos de democracia iguales. Bástenos esta reflexión para construir una premisa básica: los procesos democráticos son un hecho social complejo, que, si bien tiene que pasar por las urnas, éstas son una estación de paso en el largo transitar por otros muchos senderos para materializarse.

Desde esa premisa intentaremos realizar en retrospectiva el sistema democrático-electoral mexicano. El régimen político mexicano posrevolucionario se definió como autoritario, con un sistema electoral formalmente democrático, pero fácticamente cerrado a la competencia y con un Sistema de Partido Hegemónico. Desde los años cuarenta del siglo pasado, a partir del gobierno de Manuel Ávila Camacho, a México se le consideró una democracia. A ello contribuyeron dos factores: la participación de nuestro país en la segunda guerra mundial, al lado de los aliados y su alianza, en los hechos, con Estados Unidos durante la guerra Fría.

El régimen, vestido de democrático por los intereses hegemónicos de los Estados Unidos tuvo un talante reformista electoral a lo largo del siglo. Aunque los objetivos de cada reforma tuvieron un sentido político diferente. La primera reforma electoral profunda (1946) fue un mecanismo para consolidar el poder del Estado sobre los cacicazgos locales. Al quitarles a los ayuntamientos la atribución de organizar las elecciones federales y otorgársela a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral.

La anterior fue una medida centralizadora, pero mantuvo un espacio de poder para los gobernadores, porque el modelo adoptado a nivel federal fue replicado paulatinamente en los estados, para otorgarles a las secretarías de gobierno estatales la atribución de organizar las elecciones. De esa manera se privilegió la interlocución entre el presidente y los gobernadores, fortaleciendo a la presidencia como fiel de la balanza en la distribución del poder.

El régimen autoritario continuó luciendo su vestuario inmaculadamente democrático durante décadas. Durante las cuales apenas abrió pequeñas válvulas para oxigenar el sistema de partido hegemónico, estableciendo los diputados de partido en 1963, junto con prerrogativas, consistentes en exenciones fiscales franquicias postales y telegráficas.

Una preocupación constante del régimen autoritario desde fue legitimarse como democrático, aunque en los hechos la represión de la disidencia social o política fuera recurrente. Recordar el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, de los ferrocarrileros, los maestros y los médicos.

Pero, el primer golpe contundente a la imagen democrática del régimen fue la represión del Movimiento Estudiantil en 1968. El cual acarreó como consecuencia una tímida reforma electoral (1969) disminuyendo la edad para votar de 21 a 18 años y para ser candidato a diputado de 25 a 21. Durante el gobierno de Luis Echeverría las prerrogativas se ampliaron (1973) con el otorgamiento de cinco minutos de tiempo en Televisión y Radio a los partidos políticos, naturalmente bajo rigurosa censura.

El segundo golpe a esa imagen fue la candidatura solitaria de José López Portillo a la presidencia (1976) respaldada por el PRI y los partidos satélites: PPS y PARM. El Sistema de Partido Hegemónico con la presencia de un solo partido secundario dejó de ser funcional, cuando el PAN decidió no lanzar candidato.

La reforma electoral de 1977-1978 generalmente considerada como el parteaguas del proceso político que desembocó en la democratización no tuvo, desde la perspectiva del poder, el fin de cambiar el Sistema de Partidos, sino refuncionalizarlo. Se abrieron las puertas del registro condicionado a nuevos partidos secundarios de derecha e izquierda y a partidos satélites.

No sólo se les dio la oportunidad de competir por los cargos de elección popular, sino, además se les otorgaron espacios en los poderes legislativos federal y locales y reconociendo algunos triunfos municipales, pero sin tocar las gubernaturas y la presidencia de la República. En un primer momento desde el poder se pensó que las fisuras del sistema podrían resanarse al reconocer el triunfo del PAN en la gubernatura de Baja California y las llamadas “concertacesiones”.

El tercer desgarre al ajuar democrático, fue la insurgencia política surgida del fraude electoral de 1988. Aunque no debemos olvidar el telón de fondo creado por la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y el bloque socialista. La democracia política como ideal triunfaba tomado de la mano de la globalización económica en el mundo.

La creación del IFE, inicialmente tampoco tenía la intención de que el PRI perdiera la hegemonía. Recordemos que, en el diseño inicial (1990), el presidente proponía a los magistrados integrantes del Consejo General. La reforma de 1996, al menos eso pareciera, sacaba definitivamente al poder Ejecutivo de la organización de las elecciones.

La confluencia de la acción de los partidos, la energía social y la voluntad desde el poder de dejar a un lado la opción represiva abrieron la puerta en 1996 a la competencia libre, desviando los deseos del poder de refuncionalizar el Sistema de Partido Hegemónico. La alternancia se considera equivocadamente como la democratización. Fue sólo un paso del largo andar del cambio político.

La reforma de 2008 intentó cerrar las heridas abierta por la elección presidencial de 2006, no lo logró. La de 2014 atento contra uno de los últimos baluartes, sino es que el último, del federalismo. La clase política sólo busco su beneficio en la obtención en cargos. Apareció Morena y López Obrador y el tiro le salió por la culata. La reforma centralizadora se volvió en su contra.

La propuesta de reforma presentada por el presidente y las hechas por la oposición, en caso que se logre un acuerdo para reformar la Constitución si será un peligro para México. Morena está buscando el dinero proveniente de la transformación de las instituciones electorales para canalizarlo a las obras icónicas de la 4T.

Los partidos opositores no tienen una propuesta alternativa que fortalezca la institucionalidad electoral, como en 2014, siguen pensando en su beneficio. O como dijera Colin Crouch: sólo se miran el ombligo. El principal reto a superar, para fortalecer la democracia es dejar de lado las ambiciones de los actores políticos.

Javier Santiago Castillo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Candidato a Doctor en Ciencia Política en la misma institución. Es profesor titular “C” tiempo completo de la UAM-I, actuó en los 80's como coordinador nacional de capacitación electoral del Partido Mexicano Socialista; y representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores, de cuyo Comité Nacional formó parte. En los procesos electorales de 1991 y 1994 fue Consejero en el XXXVI Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el D.F; se desempeñó como coordinador de asesores de Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Federal Electoral; representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; y Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal.