Por Danner González
@dannerglez
La semana pasada abordé en este mismo espacio algunos de los retos que debe atender la Organización de Estados Americanos. De todos los mecanismos existentes en la institución, el que goza de mayor prestigio, por su autonomía y por la probidad de sus resoluciones, es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por una Comisión y una Corte Interamericana, creadas a partir de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) adoptada en 1967.
Las recomendaciones emitidas por la Comisión, así como las resoluciones y opiniones consultivas emitidas por la Corte han sentado importantes precedentes en el sistema jurídico regional y han logrado hacer eco en la modificación de los sistemas jurídicos nacionales de los Estados miembros. No obstante, su reconocimiento por los Estados miembros de la Carta de la OEA dista mucho de la universalidad deseable.
Actualmente solo siete de los 35 Estados miembros son parte de todos los instrumentos de la OEA y solo 22 de ellos reconocen la jurisdicción contenciosa de la Corte. Estados Unidos no la reconoce y Venezuela y Trinidad y Tobago han denunciado la Convención. En consecuencia, los ciudadanos de los estados que no reconocen la jurisdicción del sistema, no tienen acceso a su justiciabilidad. Hacer obligatoria la participación de los estados miembros de la OEA en la jurisdicción de la Corte sería el objetivo deseable, pero la política habita en el terreno de lo posible. Por ello, el objetivo a largo plazo debe ser lograr la universalidad del sistema.
Asimismo, la OEA tiene entre sus asignaturas pendientes materializar la entrada en vigor de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la universalización de los tratados y el seguimiento a los “compromisos asumidos en materia de drogas, tráfico ilícito de armas, ciberseguridad y trata de personas”. [1]
Por otra parte, el 50% del presupuesto del Sistema proviene de financiamiento externo y entre otras consecuencias, los jueces –a diferencia de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo–, no se dedican exclusivamente a la función jurisdiccional y por tanto no residen en la sede de la Corte de forma permanente. En 2016, la Comisión (CIDH) se vio forzada a suspender audiencias y despedir personal ante la pérdida de donaciones importantes y aunque la Asamblea General de 2017 aprobó una resolución para duplicar su presupuesto en 3 años, el problema persiste.
El SIDH es eficaz pero lento. El retraso procesal es uno de sus grandes desafíos. Por poner un ejemplo, en 2015, la CIDH tenía más de 9,500 asuntos pendientes. En muchas ocasiones sucede que la Comisión solicita a los Estados que adopten medidas cautelares de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, o la Corte dispone adoptar “medidas provisionales” en casos de extrema gravedad o urgencia para evitar daños irreparables a las personas, incluso antes de la presentación del caso ante la Corte, pero el cumplimiento de estas llega demasiado tarde.[2]
A ello hay que agregar la dificultad de las víctimas para acceder al sistema, pues como se sabe, los particulares sólo pueden acceder a la primera ventanilla del sistema, es decir, a la Comisión, una vez agotados todos los recursos internos de su país de origen. A la Corte no pueden acudir por cuenta propia, sino por intermediación de la Comisión, sí y solo si ésta considera necesario elevar la litis al tribunal citado. Por si esto fuera poco, un buen número de los Estados parte no atiende las recomendaciones de la Comisión, sin contar la imposibilidad de garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias de la Corte. De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de garantizar la universalidad del sistema, su necesaria suficiencia presupuestal y el acceso a una justicia pronta y expedita.
Persisten muchos desafíos, más allá de los aquí abordados, pero si tuviéramos que plantear uno sobre el que la OEA deberá reflexionar en los próximos años es el de cómo avanzar en la reducción de la desigualdad y por ende en la consecución de la justicia social, que ha sido una de las metas históricas del hemisferio. La tarea no es sencilla, pero habrá que dar la batalla diplomática, académica y por supuesto desde la sociedad civil, si queremos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea eficaz y el faro de la defensa de las libertades humanas en el continente.
[1] Jorge Lomónaco, “México en la OEA: contribuciones y áreas de interés”, en La Organización de los Estados Americanos hacia su 70 aniversario: desafíos actuales y su relevancia en el acontecer hemisférico. Ed. Senado de la República, México, 2018. p. 164.
[2] Véase, por ejemplo, el caso Castañeda Gutman vs los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Jorge Castañeda, quien buscaba ser candidato independiente a la Presidencia de México, sin que la Constitución Política reconociera explícitamente dicha figura. Acudió a la Comisión en 2005 y la sentencia de la Corte se produjo el 6 de agosto de 2008, dos años después de la elección de referencia.
