Por Mauricio Balderas Villicaña
@MauBalderasV
El sábado pasado —12 de junio—, se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En este tenor, surge una pregunta: ¿Cómo podemos erradicar esta terrible e inaceptable práctica que lacera a la niñez de todo el mundo?
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se estima que los casos de trabajo infantil a nivel mundial del año pasado se elevaron a 160 millones, después de registrar 8,4 millones más de niños afectados que hace cuatro años antes.
A pesar de que, entre 2016 y 2020, el trabajo infantil en América Latina y El Caribe sí disminuyó en 2. 3 millones, no deja de preocupar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que los avances para acabar con esta explotación se han estancado por primera vez en dos décadas y la pandemia de COVID-19 amenaza con abocar al trabajo infantil a nueve millones más de niños para 2022.
En el caso particular de África subsahariana, factores como el crecimiento de la población, la pobreza extrema y las medidas de protección social inadecuadas, han orillado a 16.6 millones de niños más hacia el trabajo infantil durante los últimos cuatro años.
Un aspecto a destacar es que el sector agrícola representa el mayor porcentaje de trabajo infantil en todo el mundo, con el 70% de la ocupación de menores de edad 5 a 17 años. Seguido del 20% (31,4 millones de niños) en el sector de servicios y el 10% (16,5 millones de niños) en el sector industrial.
El trabajo infantil en zonas rurales (14%) es casi tres veces más frecuente que en zonas urbanas (5%). El trabajo infantil merma la educación de los niños, restringe sus derechos y limita sus oportunidades en el futuro.
En esta tesitura, la meta es reducir el 8.7 % —de acuerdo a la OIT—, para adoptar medidas inmediatas para erradicar la esclavitud contemporánea; la trata de personas y el trabajo infantil en todas sus formas, de aquí a 2025. Sin embargo, este problema social se agrava si tenemos en cuenta que se encuentra asociado a factores como pobreza, migración y falta de oportunidades.
En el ámbito nacional, el Censo del INEGI sobre trabajo infantil en México de 2020 revela que en el país existen 3.3 millones de niños y adolescentes que trabajan —de esos 3.3 millones de menores trabajadores, 2.8 millones lo hacen en el sector informal—. Se estima que la cifra pudo haber crecido en los últimos meses hasta en 16.5 por ciento, es decir, poco más de medio millón. En México se tienen 3 estados con las tasas de trabajo infantil más altas, el primer lugar lo ocupa Oaxaca con el 21.5%, segundo lugar Puebla con el 19% y en tercero Chiapas con 18.3%.
Ante este panorama, es importante señalar que, la Ley Federal del Trabajo en México establece una pena de 1 a 4 años de prisión y de 250 a 5 mil días de multa para los empleadores que contraten a menores de 15 años. Mientras que el Artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de prevenir, atender y sancionar los casos por trata, tráfico, cualquier forma de explotación.
En otras palabras, el trabajo infantil en nuestro país y en todo el mundo, además de ser una práctica condenable desde la arena de lo social, también está prohibida y castigada por el orden jurídico nacional. Es decir, es inaceptable moralmente, pero también legalmente.
Por estas razones, amigas y amigos, a manera de conclusión hago un llamado respetuoso a las autoridades y a la sociedad en general, para que trabajemos juntos, y que la máxima prioridad sea la salvaguarda de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ya que es nuestra responsabilidad propiciar las mejores condiciones de vida para esas futuras generaciones.
¡Vayamos juntos contra el trabajo infantil!
