Por Santiago López Acosta
El jueves pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados la segunda parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, lo que representa una nueva oportunidad para la revisión minuciosa de los mismos y seguramente encontrar espacios concretos para el combate a la corrupción, más allá de las meras declaraciones, consignas y buenos deseos.
Recordemos que cuando se hizo la primera entrega de los mismos informes el pasado 30 de junio, se quedaron sin escudriñar por el impacto mediático que tuvieron los cálculos sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, al ser cuestionados por el presidente de la República.
Fue tal la presión a que se sometió a la ASF, donde los diputados de Morena y del PT pedían la destitución del titular y del auditor especial de desempeño que hizo los cálculos, y los reclamos de la oposición que demandaron preservar la autonomía de la fiscalización.
La ASF modificó los cálculos y los dejó al gusto del oficialismo, y aún cuando siguen siendo muy altos, parece que se queda atrás el tema del frustrado aeropuerto y las peticiones de cortar cabezas. Sin embargo, no se abordó, ni se discutió, ni se ventiló, al menos mediáticamente, el resto de la información de esos primeros informes, de las observaciones y de cómo se han o están solventando los miles de millones de pesos cuestionados.
El titular de la ASF expresó que la revisión de esta cuenta consta de mil 623 auditorías, de las cuales se presentaron 125 en junio y ahora 625, para un total de 750, representando un avance del 45% programado.
De los resultados de las 625 auditorías presentadas recientemente se desprende incumplimiento de tareas, pagos no justificados, comprobación pendiente de gastos, compras, pagos y obras, para un total de 12 mil 252 millones de pesos que los gobiernos estatales y dependencias federales deberán solventar en los próximos cuatro meses. La mayor parte de las observaciones se concentra en el gasto federalizado por 10 mil 48 millones de pesos, con las cifras más altas en Sonora (2 mil 339 por comprobar), Campeche (mil 41 millones) y Michoacán (709 millones), lo que puede resultar relevante a unos días de que se empezará a discutir el Presupuesto de Egresos para el año próximo, y abona a los señalamientos del gobierno Federal de que en las entidades falta orden y sobra despilfarro.
Habría que aprovechar los aportes de la ASF anunciados por su titular, como la digitalización y la innovación de procesos, que modifican de fondo la manera en que se fiscaliza, así como la puesta en marcha del buzón digital, el cual dijo, ha permitido la apertura de 60 auditorías digitales “El buzón es una herramienta tecnológica de comunicación bidireccional entre la auditoría y las autoridades fiscalizadas que permite efectuar el envío y certificación de información a través de firma electrónica que otorga certeza de recepción”, con la pretensión de que en algún momento el total de las revisiones se realicen por ese mecanismo.
También refirió a un sistema de control administrativo y fiscalización de los recursos de gasto federalizado, a través de una plataforma que permita a los auditores conocer de manera previa la información y revisar la documentación de las facturas, pedidos, contratos y adquisiciones de obra pública con recursos federales por parte de los estados y municipios, así como de la incorporación de tecnologías de inteligencia que permita detectar redes de proveedores de empresas fantasma y la creación de una área de auditoría forense.
La ASF, creada a partir de las reformas constitucionales de 2007 y 2008, fue una de las respuestas de la agenda de rendición de cuentas dirigida, casi exclusivamente, a imponer restricciones al Ejecutivo Federal desde el Congreso, pero luego también a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ejercicio de los recursos federales, ha tenido avances importantes en términos profesionales, tecnológicos y operativos, como destacó el titular, sin embargo le ha faltado mayor contundencia como el órgano técnico de la Cámara de Diputados, parte del Poder Legislativo donde se deposita la soberanía nacional, a través de su Comisión de Vigilancia, para legitimarse ante la sociedad y ser reconocida como lo que es, el principal órgano nacional para la fiscalización de los recursos públicos y uno de los principales instrumentos para la rendición de cuentas.
Aunque falta la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2020,en febrero próximo, con las auditorías pendientes en gastos de salud y en las obras sexenales, con la información presentada hasta ahora, existen elementos suficientes para que la oposición realice una de sus principales responsabilidades en un sistema democrático, la de contrapeso, revisando minuciosamente los resultados de la auditorías y presentar los señalamientos y denuncias que correspondan cuando se detecten irregularidades, pero también los funcionarios y representantes del oficialismo, para explicar y justificar el ejercicio y la aplicación del gasto y los recursos públicos.
La razón y causa principal del régimen en curso, el combate a la corrupción encuentra en las cuentas públicas presentadas por la ASF, uno de los principales instrumentos para legitimarse y brindar resultados concretos para alcanzar ese noble propósito.
